En principio, existe una gran diferencia entre una moratoria y un plan de facilidades de pago. Si bien ambas guardan una gran similitud, ya que permiten financiar en cuotas y con intereses el pago de las deudas fiscales, la primera se caracteriza, a diferencia de los planes de pago, por condonar, en general, multas e intereses. Por el contrario, en lo segundo no hay condonaciones, sino que todo el capital adeudado, más sus respectivos intereses y multas, se financia en el tiempo. Por eso, las moratorias suelen ser mucho más atractivas que los planes de facilidades de pago, además de que pueden tener tasas de interés menores y una mayor cantidad de cuotas.

En este marco, la última moratoria que existió a nivel nacional fue la del paquete fiscal 2024 de la ley 27743, la cual estableció un amplio régimen para regularizar las deudas con la aplicación de condonación de sanciones e intereses. Esta ley se sancionó en julio de 2024, por lo que hoy se está a más de un año del respectivo régimen, pero en un contexto económico que, si bien ha mejorado en ciertos aspectos, aún sigue el ciclo de recesión con inflación, inmerso en un contexto nacional e internacional complejo e inestable.

Ante este panorama, tampoco se puede dejar de lado la situación de miles y miles de pequeñas y medianas empresas (PyMES), las cuales se encuentran en una situación bastante difícil en el plano de la recesión económica, con la contracción de la demanda y el crecimiento de los gastos. Muchas de ellas están hoy en un claro riesgo. Por ello, decir que en muchos entes empresariales se ha producido la acumulación de deudas fiscales con el consecuente riesgo de ejecución fiscal no es algo que el lector desconozca.

En consecuencia, se piensa que, más allá de los regímenes de facilidades de pago, hoy, para poder impulsar a los diferentes actores de la oferta (que son las empresas), se está haciendo cada vez más necesario pensar en una moratoria no muy lejana. Porque si la situación inestable se sigue prolongando en el tiempo con la contracción de la demanda, muchas compañías verán en riesgo su capital de trabajo al tener que cancelar la montaña de deuda fiscal que han acumulado.

Por otra parte, se podría cuestionar el hecho de que existan dos moratorias en dos años consecutivos, ya que en 2024 tuvimos la del paquete fiscal. No obstante, se cree que la existencia de una moratoria no puede estar condicionada a su cantidad en el tiempo, sino más bien a la situación económica imperante. Pues aquí no solo se trata de una cuestión fiscal, se trata de un asunto de mercado e intrínsecamente relacionada con el seno de la economía nacional. Si las empresas, ante la situación de retroceso económico, se encuentran con la obligación de pagar una montaña de deuda fiscal, producirá a corto plazo un desfinanciamiento de su capital de trabajo con el consecuente recorte de operaciones y desempleo.

Por los motivos expuestos, se cree que es necesario pensar en que sancione por ley una moratoria a nivel nacional a corto plazo, a fin de aliviar la pesada carga de los tributos que han acumulado muchas compañías, con la posibilidad de condonación de intereses y sanciones.

Finalmente, si bien se habla de la necesidad urgente de una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, la misma lleva tiempo y recién se podrá implementar en los próximos años, mientras que una moratoria es un tema urgente que se puede implementar más rápidamente.

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