La sala de feria de la Cámara Civil habilitó la feria judicial y ordenó que se activen los mecanismos para avanzar con un proceso de revinculación entre un progenitor y sus hijos menores de edad.

En el caso “CH., J. E., V. C. s/ART. 250 C.P.C.' se presentó la letrada apoderada del actor solicitando la habilitación de la feria, a fin de poder continuar con las actuaciones para la efectiva revinculación de su representado con sus hijos menores de edad.

El 19 de noviembre de 2020, la Sala L dispuso que, a los fines de la reanudación del contacto del padre con sus hijos, se dé intervención a las profesionales que integran el Gabinete Psicológico de esta Cámara, con el objeto de informar sobre el desarrollo de la tarea encomendada. Asimismo, se le encomendó similar actividad a la Defensoría de Cámara.

Se notificó a las partes el contenido del informe de referencia elaborado de manera conjunta. Por la feria, las tareas de revinculación se vieron interrumpidas.

Los jueces explicaron que “las razones de urgencia que determinan la habilitación del feriado judicial son aquellas que entrañan para los litigantes riesgo serio e inminente de ver alterados sus derechos, para cuya tutela se exige protección jurisdiccional”.

Hicieron hincapié en el criterio de que “en toda actuación judicial en la que se encuentren involucrados niños o adolescentes, debe velarse por el interés supremo de estos, que se erige como principio rector del derecho procesal de familia”.

Y agregaron que “los motivos extraordinarios que autorizarían a su recepción deben ser reales, emanados de la propia naturaleza de la cuestión y no de la premura que un asunto pueda tener desde la óptica del interés particular del litigante, frente a la demora que traería aparejada la suspensión de la actividad judicial”.

Es decir, debe existir la posibilidad cierta de que el retardo frustre un derecho o una necesidad impostergable o produzca un daño irreparable, todo lo cual debe valorarse con criterio objetivo y restrictivo.

Recordaron, asimismo, que el interés primordial de los niños y adolescentes “ha de orientar y condicionar toda decisión de los Tribunales de todas las instancias llamados al juzgamiento de los casos”.

Sobre el tema, desatacaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que la expresión “interés superior del niño' implica que el desarrollo de este y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración y la aplicación de normas en todos los órdenes relativos a su vida; y la ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes N° 26.061 lo definió como 'la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos por esta ley”.

El tribunal explicó también que el derecho de los hijos a no ser separados de sus padres y a tener adecuada comunicación con ellos se encuentra garantizado por los artículos 9.1 y 9.3 de la Convención sobre los Derechos del Niño y por el artículo 11 de la ley 26.061, que dispone que los niños tienen derecho “a la preservación de sus relaciones familiares [...] a mantener en forma regular y permanente el vínculo personal y directo con sus padres, aun cuando estos estuvieran separados o divorciados”.

“Es por ello que uno de los deberes fundamentales que tiene el padre o la madre que se encuentra al cuidado de un hijo es el de favorecer y estimular la libre comunicación de este con el padre o la madre no conviviente (…). Desde esta perspectiva, mantener contacto y comunicación con el hijo constituye un deber paternal y maternal de interés y atención; como asimismo, desde la óptica del hijo, existe también un deber filial de este de ver y comunicarse con aquellos”, añadieron los magistrados.

En el estudio del caso concreto, destacaron que “el informe de los especialistas recomendó la revinculación del progenitor con los hijos -si bien no pudieron entrevistar a la señora por no haber asistido esta a su convocatoria- y en razón a que es tribunal confirmó lo decidido en la primera instancia en cuanto a levantar la suspensión del régimen de contacto provisorio, parece razonable avanzar con el trámite de las actuaciones durante el transcurso de la presente feria judicial, a fin de no sumar dilaciones para concretar el contacto pretendido”.

Por consiguiente, consideraron que lucía conveniente activar los mecanismos tendientes a cumplir con las pautas que indican las profesionales en el referido informe conjunto, conforme lo establezca el Juzgado de Feria en la instancia de grado.

Por estas consideraciones, el tribunal habilitó la feria judicial y remitió las actuaciones al Juzgado de Feria de primera instancia para que active los mecanismos tendientes a cumplir con las pautas que indican las profesionales en el informe conjunto que han elaborado.

En el artículo “La responsabilidad parental en el Código Civil y Comercial de la Nación. Nuevos conceptos para realidades cambiantes”, publicado en Erreius on line, Diego Mielnicki y Facundo J. Roitman explicaron que “en los casos en los cuales el cuidado se atribuye a uno de los progenitores, el otro tiene el derecho y el deber de mantener fluida comunicación con el hijo, y en todos los casos cada progenitor debe informar al otro sobre “cuestiones de educación, salud y otras relativas a la persona y bienes del hijo”.

“El contacto fluido y adecuado del niño con sus progenitores es un derecho que no admite excusas más allá de alguna enfermedad o impedimento grave debidamente justificado que amerite la suspensión de los encuentros... la vinculación con su progenitor influye en el desarrollo y formación integral y por ende en la vida futura del niño”.

En el supuesto excepcional de que se atribuya el cuidado unipersonal del hijo, el juez debe ponderar: “a) la prioridad del progenitor que facilita el derecho a mantener trato regular con el otro; b) la edad del hijo; c) la opinión del hijo; d) el mantenimiento de la situación existente y respeto del centro de vida del hijo”. A su vez, aunque se desprenda del resto de la normativa, se establece el derecho-deber de colaboración del otro progenitor.

El Código incorpora el denominado plan de parentalidad, entendido como aquella planificación, presentada por los progenitores y homologada por el juez, relativa al cuidado del hijo (contemplando su participación en la confección del mismo), cuyo contenido abarca el lugar y tiempo de permanencia del hijo con cada progenitor, la responsabilidad de cada uno, el régimen de vacaciones, días festivos y fechas significativas para la familia y el régimen de relación y comunicación del hijo con el progenitor no residente.

Ante la inexistencia de plan o falta de homologación, el juez debe establecer el régimen de cuidado de los hijos en armonía con los principios, presunciones, preferencias y disposiciones imperantes en materia de responsabilidad parental.

Fuente: Erreius

Habilitan la feria judicial para avanzar con la revinculación de un padre con sus hijos menores de edad