La Dra. María de los Ángeles Gadea analiza el fallo “Monte de Pino S.A. -TF 37502-I- c/Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo” de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de fecha 29 de abril de 2025.

La Alzada consideró que no se vislumbraba exorbitancia ni arbitrariedad en la decisión fiscal de cuantificar la multa aplicada en tres veces el importe del tributo omitido, graduación que se encuentra dentro de los límites previstos en el artículo 46 de la ley de Procedimiento Fiscal, por lo que revocó -en parte- lo resuelto por el Tribunal Fiscal de la Nación.

La graduación es, en principio, resorte primario de la Administración, constituyendo el ejercicio de un poder propio. Dentro de ella, la competencia ha sido asignada a un órgano especializado cuyos actos han de ser controlados por el Poder Judicial en orden a su razonabilidad, sin que esto habilite a los jueces para sustituir el criterio administrativo.

En orden a la extensión y alcance de la multa impuesta, preciso es reconocer que la función judicial no puede reemplazar la acción de los otros poderes, ni asumir sus responsabilidades o sustituirlos en las facultades que a ellos les conciernen y que, precisamente, en el ejercicio de la potestad sancionatoria se reconoce al órgano competente un razonable margen de apreciación en la graduación de la pena a imponer.Por lo expuesto, la Cámara resolvió:

hacer lugar al recurso del Fisco Nacional y, en consecuencia, modificar la resolución recurrida en cuanto fue materia de agravios de acuerdo con los desarrollos efectuados y;
imponer las costas de ambas instancias a la actora en su carácter de vencida (cfr. arts. 68, 1° parte y 279 del C.P.C.C.N., de aplicación por conducto del art. 197 de la ley 11.683, t.o. 1998 y modif.).

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