Recuerden que la resolución general (ARCA) 5851 estableció la prórroga de las declaraciones juradas liquidativas del impuesto a las ganancias 2025 para personas humanas hasta el 27 de julio de 2026 inclusive, tanto para la presentación como para el pago del tributo, en caso de corresponder. En este marco, se puede destacar que se trataría de una extensión de aproximadamente dos meses desde el vencimiento original, lo cual, a simple vista, parecía suficiente.

Sin embargo, esta semana se dio a conocer el anteproyecto de reforma de la Ley de Inocencia Fiscal. Este texto resulta realmente llamativo, considerando que propone un amplio cambio de raíz en aspectos medulares de cómo aplica el régimen de ganancias simplificadas, otorgando una mayor seguridad jurídica a fin de motivar al contribuyente a exteriorizar sus activos ocultos en lo que puede considerarse un 'nuevo blanqueo' o un blanqueo indirecto y encubierto.

En este sentido, destaca que se trata de una ley de gran envergadura, no de cambios menores. Su implementación va a implicar:

La sanción de un decreto reglamentario que modifique el actual Decreto 93.
La emisión de una resolución general reglamentaria que modifique la actual Resolución 5820.
Por su complejidad técnica, la norma requerirá aclaraciones adicionales por parte de las autoridades fiscales, tanto de la Agencia de Regulación y Control Aduanero (ARCA) como de la Dirección Nacional de Impuestos.

En consecuencia, se cree que la prórroga de aproximadamente dos meses no será suficiente. El escenario actual demanda un tiempo considerable no solo para la liquidación en sí, sino también para:

1. Estudiar a fondo la nueva normativa (que al día de hoy es solo un proyecto).

2. Comunicarla a los clientes, organizando nuevas reuniones.

3. Analizar los puntos positivos y negativos para que los contribuyentes tomen decisiones informadas sobre si encuadrarse en el régimen general o en el régimen simplificado, así como evaluar la conveniencia de la exteriorización de activos ocultos.

Sin perjuicio de la elevada consideración que nos merecen las autoridades fiscales, se puede afirmar que no se trató de una prórroga real, sino más bien de una ficticia. Si no se cuenta con el marco normativo definido, no se puede hablar de 'dar más tiempo' para la presentación y pago. Aún quedan aspectos jurídicos clave por delimitar, tanto a nivel del Congreso como del Poder Ejecutivo y del propio organismo recaudador.

En definitiva, analizando el anteproyecto de Ley de Inocencia Fiscal, se cree que tendrá que existir la prórroga de la prórroga. El plazo del 27 de julio quedó totalmente exiguo frente a los profundos e importantes cambios normativos que se pretenden impulsar.

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