El Tribunal Federal de Rawson n. 1 hizo lugar a una medida autosatisfactiva impulsada por el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, e instó al Gobierno nacional a abstenerse de recortar o quitar los subsidios,establecidos en el denominado Fondo Compensador del Interior, al transporte urbano y suburbano de pasajeros en jurisdicción de la provincia patagónica.

Días atrás, el Gobierno nacional decidió eliminar a partir de 2024 el Fondo Compensador del Interior por el cual se subsidiaban a las empresas de colectivos urbanos del interior del país, en línea con el objetivode ajuste fiscal. Dicho fondo contemplaba unos $102.000 millones y el corte se produjo inmediatamente después del anuncio.

Esto provocó que los gobernadores deban gestionar sus recursos para contener el precio de los pasajes o habilitar a las empresas a aplicar nuevos incrementos.

La presentación de la provincia de Chubut

En su presentación, Torres alegó que, con la quita intempestiva de subsidios al transporte, el Estado Nacional vulneró'principios de buena fe y lealtad federal' que rigen 'el Federalismo de Concertación'. También iría contra el Pacto Fiscal del año 2021.

Además, había calificado a la situación como 'alarmante', ya que la 'sustentabilidad del sistema de transporte público de pasajeros' depende 'necesariamente de los aportes del Fondo Compensador'.

Luego consideró que eran 'insuficientes los recursos comprometidos por la Provincia' para afrontar esos aumentos, por lo que resultaba 'imposible que el desfinanciamiento provocado por el Estado Nacional pueda ser compensado con fondos provinciales'.

También enfatizó que el Fondo Compensador del Interior implicaba una asistencia estatal que se traducía en un descuento del 55% de la tarifa del boleto del transporte público.

Por último, Torres sostuvo que la Nación 'parece desconocer' que la vigencia del Fondo Compensatorio al Interior se mantuvo vigente en el Presupuesto de 2023, el cual fue prorrogado por el gobierno de Javier Milei.

'Por lo que en modo alguno puede decirse que aquel fondo haya caducado, sino que, por el contrario, tiene plena aplicación en el presente año', concluyó.

El fallo judicial

El juez Hugo Ricardo Sastre interpretó que no existían únicamente en juego normas de contenido federal, en razón que a los fines de dotar de eficacia al fondo compensador se habían dictado normas locales, que inclusive habría necesitado ser ratificadas por decreto provincial, por lo cual,habilitaría su intervención y no la competencia originaria de la Corte.

Al analizar las circunstancias del caso, el magistrado señaló que el Estado anunció la disminución del subsidio a las empresas prestatarias de Jurisdicción Nacional, para concentrar la ayuda a los usuarios que más lo necesitan de forma directa, canalizando dicha asistencia a través de SUBE.

Dicha situación, para Sastre, implicaba que, sin la asistencia del Estado Nacional a través del fondo compensador del transporte del interior, “el sistema de trasporte de pasajeros no resulta sustentable,puesto que su funcionamiento se encuentra hace años supeditada a las partidas presupuestarias remitidas por el Gobierno Nacional”.

Añadió que Nación se encuentra en una 'posición dominante' ya que conoce las consecuencias que traería la eliminación del Fondo Compensador del Interior.

Agregó, además, que este accionar, por parte del Gobierno Nacional “no se condice con la situación existente por la que atravesaría el sector empresarial de dicho rubro y la Argentina en general, producto entre otros, de los elevadísimos costos a sufragar a los fines de sustentar la industria del trasporte”.

En este sentido, el magistrado consideró que “la situación económica redundaría en un escenario complejo de excesivos costos a solventar,con una demanda social exasperante por falta de puestos de trabajo, bajos sueldos, y marcada inflación”.

Para el juez, las variables antes mencionadas “contribuirán negativamente generando una economía desfavorable para la autosustentabilidad empresarial”.

“Nos encontramos ante el desfinanciamiento de un sector de la economía que brinda un servicio público, y que la medida hoy atacada afectaría además de la accionante y las empresas beneficiarias del mismo, a miles de usuarios”, enfatizó.

Necesidad de una medida que amortigüe los efectos negativos

Seguidamente, Sastre subrayó que la quita de los subsidios'carece de una medida paralela que amortigüe los efectos negativos queprovoca en la economía de la accionante, que deje de percibir –como habríavenido haciendo desde hace años- de manera arbitraria las partidaspresupuestarias pertinentes, ello a los fines de poder solventar el sistema detransporte público de pasajeros urbanos y suburbano'.

Sostuvo además que “una media de tal naturaleza, repercutenegativamente en las arcas de la demandada y de las empresas beneficiarias delfondo, carece de una estructura lógica, puesto que dicha decisión discrecionalfomenta la génesis de una problemática social, económica y empresarial,fácilmente evitable con una política –de tinte gradual o progresivo- queconjunta o paralelamente mitigue el impacto negativo que provoca la eliminacióndel fondo”.

“La circunstancia de que la administración obrase enejercicio de facultades discrecionales, en manera alguna puede constituir unjustificativo de su conducta arbitraria puesto que es precisamente larazonabilidad con que se ejercen tales facultades el principio que otorgavalidez a los actos de los órganos del Estado”, consideró.

“Por ello, entiendo que la decisión del Gobierno Nacional hasido inconveniente e intempestiva, provocando desequilibrio de las cuentasprovinciales; una crisis empresarial en el sector afectado, y el perjuicio alos usuarios del sistema de trasporte público de pasajeros, que no podríanquedar a merced de una decisión de tamaña envergadura”, afirmó.

Al hacer lugar al pedido de la provincia de Chubut, el juezadvirtió que “tomar decisiones intempestivas como la discutida en autos sin unfundamento racional concreto, más allá del enunciado simbólico de quererbeneficiar directamente a los usuarios del sistema, atenta contra la situacióneconómica de la accionante de autos -imposibilitada de sustentar el serviciopúblico de trasporte de pasajeros urbano y suburbano, siendo dependiente -desdehace años- de las varias veces millonarias partidas presupuestarias queperiódicamente remitía la demandada a las arcas del estado Provincial”.

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