La jueza federal de San Martín, Martina Forns, dictó dos medidas cautelares contra empresas de medicina prepaga en las que les ordenó readecuar las cuotas correspondientes a su plan asistencial y dejar sin efecto los aumentos realizados en aplicación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23 del Gobierno nacional.

Dicho decreto, que desregula la fijación de cuotas de las prepagas, entró en vigencia el 29 de diciembre, con lo cual las empresas que ofrecen ese tipo de seguro de salud aplicaron un aumento uniforme del 40 por ciento a partir del 1 de enero de este año.

Hay que tener en cuenta que ambos pronunciamientos tienen efecto sobre quiénes efectuaron esos planteos y no abarcan a todos los presuntos afectados por la suba de las cuotas prepagas.

Causa contra el Hospital Italiano

En el caso “Brauchli, Marta Cristina c/ Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires s/amparo colectivo”, una mujer de 78 años presentó un amparo y una medida cautelar contra el Hospital Italiano), en los que denunció que la cuota mensual se incrementó un 40% en enero y que, poco después, le fue notificado un nuevo aumento del 29,5% aplicable al mes de febrero. Informó, además, que sus haberes previsionales alcanzan a poco más de $320.000, por lo cual le resultaba imposible afrontar el pago de las cuotas aumentadas.

En ese contexto, manifestó que “los aumentos que se le exigen, basados en el DNU 70/23”, la colocan en “un completo estado de incertidumbre” causándole, además, “como consumidora, un daño actual a sus derechos, el acceso a la salud, a la vida y a la propiedad privada garantizados por los artículos 17, 42 y 75 inc. 22 y 23 de la Constitución Nacional'.

En concreto, solicitó que se dejen 'sin efecto los aumentos realizados' y que se declare la 'inconstitucionalidad' del DNU 70/23.

La jueza hizo lugar a la medida cautelar y en consecuencia ordenó “a la Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires readecuar las cuotas correspondientes a su plan asistencial, dejando sin efecto los aumentos realizados en aplicación del DNU 70/23 del PEN'. Además, le ordenó a la prestadora limitarse a efectuar los aumentos autorizados por la autoridad de aplicación en los términos del artículo 17 (no sustituido) de la Ley 26.682, hasta tanto se dicte sentencia definitiva.

Para llegar a esa decisión indicó que “en tanto las medidas cautelares no exigen de los magistrados el examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido sino solo su verosimilitud, cabe tener especialmente presente que la actora corre riesgo inminente de no poner pagar el valor mensual pretendido por la empresa de medicina prepaga demandada. Esto conllevaría a la falta de cobertura médica necesaria, según denuncia, por su edad y ponderando que de acuerdo a las constancias de la causa percibe un haber previsional que asciende a $323.089,39, el aumento implicaría una erogación de aproximadamente la mitad de su haber”.

“A mayor abundamiento, corresponde resaltar que, ante el incremento mensual de las cuotas reseñado, no surge de las facturas acompañadas justificación o detalle de tal aumento que permite a la accionante tener mayor información al respecto y conocer el motivo que condujo al valor final comunicado”, sostuvo la jueza.

En cuanto a “los aumentos autorizados” según el régimen anterior al DNU a los que refiere el fallo, hay que destacar que solo se conoce el porcentaje de enero, de 6,26% (en lugar del 40%). De febrero se desconoce el monto porque se discontinuó la publicación del Índice de Costos de Salud, que era el valor de referencia para los incrementos de cuotas que se utilizó hasta el año pasado y que difundía mensualmente en un sitio oficial la Superintendencia de Servicios de Salud.

Martín Sabadini analiza el DNU emitido por el Gobierno y su impacto en la medicina prepaga y en la obras sociales.

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Causa contra OMINT

En la causa “Rabbia, Eduardo Fabián c/ OMINT SA s/amparo colectivo”, la parte actora sostuvo que la cuota que abonaba a diciembre del 2023 se incrementó en un 40,80 % para el mes de enero de 2024. Luego recibió otra comunicación que en febrero habría un incremento del 29,4%. En su caso, explicó que su hijo de 4 años de edad, cuenta con certificado de discapacidad por diagnóstico de síndrome de down y realiza múltiples terapias por intermedio de la demandada y que, de consolidarse dichos aumentos, se le dificultará continuar con los servicios que brinda Omint, generándole graves perjuicios.

La magistrada consideró que el DNU 70/23 dictado por el Poder Ejecutivo Nacional ha modificado el marco regulatorio de las empresas de medicina prepaga y de las obras sociales (ley 26.682) derogando mediante el art. 267 los artículos 5 incs. G y M y sustituyendo mediante el art. 269 la redacción del art. 17.

“De este modo, se han derogado las funciones de la Autoridad de Aplicación quien fiscalizaba el cumplimiento de las prestaciones del PMO, los contratos y planes y fundamentalmente en el art. 17 (sustituido) debía fiscalizar y garantizar la razonabilidad de las cuotas de los planes prestacionales”, remarcó la jueza Forns.

“En tal sentido, teniendo en cuenta los principios que rigen la preservación de la salud y la vida de las personas, derechos estos reconocidos en el Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales (art. 12) en el Pacto de San José de Costa Rica (arts. 4 y 5) y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 6 inc. 1) con rango constitucional (art. 75 inc. 22) la verosimilitud del derecho invocada por la accionante y el peligro en la demora, aparece como inminente dentro del marco escueto de conocimiento que habilita la instancia cautelar y sin que implique otorgar una declaración anticipada sobre la procedencia de la cuestión de fondo (doct. Art. 232 CPCC). Máxime teniendo en cuenta que el hijo menor del actor posee certificado de discapacidad”, concluyó.

Cabe destacar que, en ambas resoluciones, la magistrada aclaró: “Si bien la presente causa fue declarada como proceso colectivo, aún no ha podido ser inscripta en el Registro correspondiente, atento a lo peticionado por el actor y la urgencia del caso considero pertinente tratar la medida cautelar solicitada de forma individual”.

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