En el caso I., L. M. y otros s/Defraudación contra la Administración Pública, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, en un fallo unánime, condenó a 16 personas por su participación en una organización dedicada al fraude contra la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Las penas impuestas alcanzaron hasta 8 años y 3 meses de prisión, tras haberse acreditado la existencia de una asociación ilícita que operaba desde un estudio jurídico previsional.

Según la investigación llevada a cabo por la fiscalía, esta organización presentaba documentación falsa ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para simular historiales laborales inexistentes. Estas maniobras incluían la utilización de declaraciones juradas rectificativas falsas, en las que se declaraban relaciones laborales inexistentes, como también 'denuncias Z' (una herramienta de los trabajadores contra la parte empleadora por incumplimiento en aportes y contribuciones que nutren el Sistema Integrado Previsional Argentino 'SIPA'). En varios casos, se tramitaban retiros por invalidez basados en datos falsificados y manipulación de historiales médicos.

El Fiscal sostuvo que, de esa forma, “simularon ante la ANSES el historial laboral de muchísimas personas, respecto a quienes se gestionaron beneficios previsionales, sobre la base de haberes inexistentes o por montos superiores a los reales”; lo que permitió obtener beneficios previsionales fraudulentos.

Penas impuestas

Las condenas más altas rondaron entre los 6 hasta 8 años y 3 meses de prisión, que recayeron sobre quienes lideraban la asociación ilícita, considerados responsables de al menos 94 casos de defraudación y otros 41 en grado de tentativa. También se les imputó la alteración reiterada de registros y la tenencia ilegítima de DNI ajenos.

Las penas para los demás involucrados variaron entre 2 y 3 años de prisión, en función de su rol dentro de la organización, mientras que algunos beneficiarios de las maniobras fraudulentas recibieron condenas leves o fueron absueltos.

El fallo incluye también absoluciones en favor de personas que no tuvieron participación directa en los delitos.

Decomiso de bienes

El tribunal ordenó el decomiso de los inmuebles donde operaba el estudio jurídico en la avenida Paso de Mar del Plata y el dinero en efectivo incautado durante los allanamientos. La fiscalía había sostenido que estos bienes eran instrumentos esenciales para la actividad delictiva de la organización.

Fundamentación pendiente

Los fundamentos completos de la sentencia se darán a conocer el 13 de marzo, lo que permitirá conocer en detalle las razones que llevaron al tribunal a adoptar estas decisiones. Este caso representa un precedente significativo en la lucha contra el fraude previsional y la protección de los recursos públicos, al desarticular una red que había operado durante varios años con la complicidad de profesionales y empleados de organismos públicos.

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