Recordemos que, considerando el desarrollo normativo de inocencia fiscal, el tratamiento del inicio de órdenes de intervención de fiscalización en el marco de un sujeto que adhiere a Ganancias Simplificadas lo podemos resumir en tres etapas diferenciadas:

1. Etapa inicial: el vacío normativo

Desde la sanción de la ley de inocencia fiscal, junto con su reglamentación, y hasta la comunicación de ARCA del 26 de junio de 2026, existió un claro vacío normativo. Ni la ley de inocencia Fiscal, ni su decreto reglamentario 93, ni la resolución general 5820 reglamentaron esta temática en particular.

Este vacío se tradujo en una incertidumbre total. Doctrinariamente hemos opinado y lo seguimos haciendo que, ante la adhesión del contribuyente a Ganancias Simplificadas, toda orden de intervención de fiscalización debiera suspenderse hasta tanto el contribuyente presente la declaración jurada del período 2025 (por medio del Formulario 2711) y regularice el saldo. Recién en esa instancia, si el Organismo Fiscal deseara continuar con la fiscalización, debería primero encontrar una discrepancia significativa en el período fiscal base.

Este criterio se sustentaba en el fin perseguido por el legislador al crear un bloqueo o “blindaje fiscal”, el cual pierde total sentido si las fiscalizaciones en curso siguen su trámite normal ante una inminente adhesión a Ganancias Simplificadas. En este contexto, si bien no estamos técnicamente ante un blanqueo, debiera producir el mismo efecto que un régimen de regularización tradicional, donde frente a una fiscalización el contribuyente adhería al régimen y ello frenaba las actuaciones a fin de no desnaturalizar los fines de la norma.

Todo lo indicado corre más allá de que el fisco intentó ampararse en el artículo 15 del decreto 93 para sostener que las fiscalizaciones en curso debían proseguir a pesar de una posterior adhesión al régimen simplificado; criterio que hemos criticado severamente debido a que dicho artículo no trata de manera expresa esta problemática.

2. Etapa post comunicación de ARCA: la arbitrariedad transitoria

Con fecha 26 de junio de 2026, hemos conocido un comunicado de ARCA en el cual se sostiene como criterio que, frente al inicio de una orden de intervención de fiscalización, la misma no va a prosperar si el contribuyente -con anterioridad al inicio de la fiscalización- presentó la declaración jurada del impuesto a las ganancias 2025 mediante el Formulario 2711 y regularizó el saldo en término.

Es decir, ARCA requiere la concurrencia de dos requisitos para que el inicio de una fiscalización se torne infructuoso:

La presentación de la declaración jurada simplificada (F. 2711).
La regularización del saldo correspondiente.

Esto implica que toda fiscalización iniciada antes de la presentación de la declaración jurada simplificada no se suspenderá. Creemos que este criterio es totalmente arbitrario, carente de fundamentos jurídicos sólidos y que desnaturaliza, sin lugar a dudas, el propio Régimen de Inocencia Fiscal, tornando poco eficaz al bloqueo.

El Fisco debió otorgar relevancia como hito fundamental al momento de la adhesión al régimen simplificado. Sin embargo, este criterio infundado posee carácter transitorio hasta la sanción del anteproyecto de inocencia fiscal.

3. Tercera etapa: el anteproyecto de inocencia fiscal

El anteproyecto de inocencia fiscal establece de manera muy clara que, una vez formulada la adhesión al Régimen de Ganancias Simplificadas, no es posible iniciar una fiscalización. Por el contrario, si se inició una fiscalización y posteriormente se adhirió al régimen simplificado, la misma proseguirá.

Por lo tanto, el anteproyecto otorga preeminencia al momento de la adhesión versus el momento del inicio de la fiscalización, un distingo que no realiza la comunicación transitoria de ARCA. Esto último genera una gran incertidumbre y criterios dispares que no hacen más que confundir a la masa de contribuyentes.

Palabras finales

En conclusión, queremos transmitir que han coexistido tres posibles criterios, siendo el expuesto en el anteproyecto el que ha de prevalecer en caso de aprobarse legislativamente de forma definitiva.

Sostenemos que la comunicación de ARCA es infundada y carente de sustento legal, por lo que el contribuyente que adhirió al régimen simplificado -con o sin una inspección en curso- podrá alegar que la fiscalización debe suspenderse aun cuando no haya presentado todavía la declaración jurada simplificada ni regularizado el saldo.

Esto último cobra mayor relevancia por cuanto carece de sentido pretender que un contribuyente anticipe la presentación de la declaración jurada y regularice el saldo en la actualidad, existiendo ya un anteproyecto que se espera sancionar para modificar precisamente el régimen simplificado 2025. Una situación que, realmente, resulta lamentable.

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