La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó una serie de planteos de la Inspección General de Justicia (IGJ) en el marco de cuatro causas en las que se discuten las facultades de fiscalización del organismo.

En tres causas vinculadas, la IGJ inició una investigación de oficio al tomar conocimiento por los medios de comunicación de diversos contagios de Covid-19 en una residencia para adultos mayores llamada Apart Incas.

El organismo de control afirmó que los hechos se debieron a la omisión del imperativo deber de cuidado y posterior inacción por parte de quienes explotaban la empresa.

Sostuvo que la actuación de los titulares y responsables de la dirección del establecimiento ha sido contraria al mandato del CCyCom, art. 1710 consistente en el deber de evitar, morigerar y no agravar el daño.

El objetivo de la investigación fue determinar si Apart Incas cumplía con las obligaciones a su cargo. Luego del análisis de la documentación, la IGJ consideró configurada la existencia de un grupo societario de nueve personas jurídicas vinculadas.

Realizó, además, una exposición de las participaciones societarias que los socios y directivos de Apart Incas S.A. tienen en otras sociedades como Vismeg SRL, Finosa SRL, Medical View SRL, Megall SRL, Residencia Incas SRL, Ancient SRL, Residencia Cullen SRL, Cedefa S.A. cuyos objetos sociales están relacionados a la misma actividad desarrollada por Incas Apart.

Destacó, entre otras cuestiones, que dos sociedades (Apart y Cedafa) compartían el domicilio, como así también socios y directores, y resaltó la falta de actividad registral de las sociedades más allá del acto constitutivo y la falta de presentación de estados contables.

Los argumentos de la IGJ

A juicio de la IGJ, ante estos acontecimientos, aparecía “notorio el compromiso del interés público que requiere su intervención en pro de su resguardo según lo establece el inc. 2 del art. 301 de la ley de sociedades”.

Adujo que una de sus funciones es la de fiscalizar sociedades “del tipo de Apart Incas S.A” en “resguardo del interés público, bienestar general o beneficio público y que la efectiva realización y/o preservación de derecho de salud, a la vida y al debido cuidado de adultos mayores en uno o varios establecimientos geriátricos es potencialmente de interés de todos”.

Afirmó que las especiales características de las sociedades que integran el grupo exhiben graves irregularidades que colisionan con normas imperativas de la ley 19.550 que requieren que toda sociedad tiene que tener un capital social a los fines de que este elemento pueda cumplir con las funciones de garantía frente a terceros por el cumplimiento de las obligaciones sociales.

Por ello dispuso fiscalizar, por el plazo de 180 días, no solo a Apart Incas sino también a Cedefa S.A, Vismeg SRL, Finosa SRL, Medical View SRL, Megall SRL, Residencia Incas SRL, Ancient SRL y Residencia Cullen SRL.

La medida implicaba la realización de investigaciones e inspecciones que correspondan a las sociedades mencionadas a los fines de verificar su real y efectiva actividad, así como el cumplimiento de sus objetos sociales y deberes legales y la identificación de sus integrantes y miembros de sus órganos sociales.

De esta manera, la IGJ podría requerir información y todo documento que estime necesario, así como examinar los libros y documentación de las sociedades sujetas a esta investigación, con facultades para pedir informes a sus autoridades, responsables, personal y a terceros.

La decisión de la Cámara y la confirmación de la Corte

Las sociedades recurrieron la decisión de la IGJ. La sala E de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial consideró que no había un interés público comprometido, por lo que dejó parcialmente sin efecto la decisión cuestionada.

Remarcó además que la IGJ no tiene facultades de fiscalización respecto de sociedades de responsabilidad limitada y concluyó que el organismo de control basó su decisión de fiscalizar a las firmas por su presunta vinculación con Apart SA, pero que ello no configura un caso de excepción a la regla que impide la fiscalización por el organismo de control de las SRL.

La IGJ apeló esa sentencia, pero la Corte Suprema declaró inadmisible el planteo, aplicando el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, con la firma de los cuatro ministros.

Fiscalización de sociedad constituida en el extranjero

En tanto, en un cuarto caso se discutió si la IGJ tiene facultades de fiscalización respecto de una sociedad constituida en el extranjero.

En el expediente “Inspección General de Justicia c/ Boswil S.A. s/ organismos externos”, en el marco de la Ley de Sinceramiento Fiscal, se transmitió un inmueble de propiedad de la sociedad extranjera Boswil S.A. a Lucio Niro, quien en 1998 le había transmitido originariamente y en forma simulada ese bien al ente.

Tras tomar conocimiento del hecho, la IGJ consideró que la titularidad de inmueble por parte de la sociedad importaba haber realizado actividad habitual en el país, que debía presumirse que ese había sido su principal activo y que la sociedad no lo había aplicado a ninguna gestión en el extranjero.

Así, declaró irregular e ineficaz el acto de restitución del inmueble a su verdadero titular por la omisión de la inscripción en la IGJ de la previa “nacionalización” de la sociedad extranjera, intimó a la sociedad a “nacionalizarse” bajo apercibimiento de acciones legales y, cumplida la inscripción, ordenó dejar sin efecto la reversión del inmueble y liquidar o reducir el capital social de la sociedad “nacionalizada”.

Boswil SA apeló esa decisión y la Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial revocó la resolución de la IGJ.

La Cámara cuestionó la competencia de la IGJ para el dictado de estas medidas. En primer lugar, aseguró que el organismo no tiene competencia para juzgar la inoponibilidad de la personalidad de ninguna sociedad ni tampoco de sus actos. Mucho menos puede ejercer tal facultad de la forma en que fue ejercida (sin juicio ni requerimientos a las partes interesadas). Para resolver la nulidad de un acto, continuó el tribunal, es necesario aplicar derecho común, lo cual es atribución propia y exclusiva del Poder Judicial y, por ende, vedada a organismos administrativos. El ordenamiento legal legitima a la IGJ únicamente a pedir la suspensión de actos ante el juez competente.

En este punto, destacaron los camaristas que, de admitir lo actuado por la IGJ, el organismo se estaría arrogando facultades jurisdiccionales con las que no cuenta, y llevadas a cabo de una forma tal que ni el propio Poder Judicial podría haber ejercido por no cumplir con la garantía constitucional del debido proceso.

Luego pasó a analizar si estaba comprometido el interés público, el cual serviría de base y justificación para la aptitud del organismo y sostuvo que “incluso si se tratara de una sociedad local, tampoco sería viable la declaración de inoponibilidad, según las circunstancias del caso. Para así decidirlo, basaron su decisión en la noción instrumental del instituto”.

Así, la medida aplicada por la IGJ “se encontraba vacía de contenido” ya que “no existía ningún interesado en ella –quienes por las circunstancias del caso hubiesen estado protegidos de todas formas – dado que no fue atada a una relación principal”.

La IGJ apeló esa sentencia, pero la Corte Suprema declaró inadmisible el planteo, aplicando el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, con la firma de los cuatro ministros.

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