El caso 'Banco de la Provincia de Buenos Aires c/C. R. A. s/cobro ejecutivo' gira en torno al cobro ejecutivo de un contrato de tarjeta de crédito. El punto central de la discusión es la validez de la firma electrónica, específicamente la firma biométrica, en comparación con la firma digital tradicional.

El juez de primera instancia había rechazado la preparación de la vía ejecutiva, considerando el contrato como un 'instrumento particular no firmado', pero la Cámara de Apelación Civ. y Com. Lomas de Zamora, Sala I, revoca esta decisión.

La alzada argumenta que la interpretación del artículo 288 del Código Civil y Comercial de la Nación sobre la 'firma digital' es objeto de debate, y que la ley de Tarjetas de Crédito (25.065, modificada por la ley 27.444) establece que si el instrumento se genera por métodos electrónicos, el requisito de la firma se cumple si se asegura indubitablemente la exteriorización de la voluntad de las partes y la integridad del instrumento.

En este sumario, el contrato de tarjeta de crédito se suscribió mediante un dispositivo electrónico de captura de firmas (PADs) que resguarda los datos biométricos del firmante (velocidad de escritura, presión, aceleración, etc.). La Cámara considera que la firma biométrica es una forma de firma electrónica y que el Banco Central de la República Argentina también contempla la posibilidad de utilizarla.

¿Pero de qué tipo de firma estamos hablando?

Un pad digitalizador de firma es un dispositivo electrónico que se utiliza para capturar y almacenar la firma de una persona de manera digital. Habitualmente se encuentran en las cajas de las entidades bancarias. La firma se realiza sobre una pantalla digital que posibilita que el dispositivo guarde la velocidad del trazo, la presión aplicada y además le permite al cliente poder ver examinar los contratos que está firmando.

¿Cómo resolvió la Justicia?

En el sumario que se comenta, la Cámara concluye que, sin perjuicio de las defensas que pueda oponer el ejecutado, existen elementos de convicción suficientes para admitir el planteo de la recurrente y revocar la decisión de primera instancia, ordenando que se provea lo conducente para la preparación de la vía ejecutiva.

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