La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó un fallo en el que se ordenó a un hombre pagarle una compensación económica a su exmujer porque esta no pudo desarrollarse profesionalmente durante la vigencia del matrimonio (27 años), ya que se dedicó al cuidado del hogar y del hijo en común. Para fijar el monto, los jueces abordaron el conflicto desde la perspectiva de género.

Las partes apelaron el fallo de primera instancia. Para los magistrados del caso “M. L., N. E. c. D. B., E. A. s/fijación de compensación”, la jueza de primera instancia efectuó un meticuloso estudio de la figura que introdujo el Código Civil y Comercial de la Nación.

Incluso, destacaron que el abordaje del conflicto desde la perspectiva de género no hizo más que enriquecer el debate planteado en el expediente.

Según los magistrados Paola Guisado, Patricia Castro y Juan Pablo Rodríguez, “la sentenciante explicitó minuciosamente que en estos supuestos se trata de ponderar el desequilibrio que provocó a quien reclama la ruptura de la vida en común, y que si bien la compensación económica presenta semejanzas con otras instituciones, como los daños y perjuicios y los alimentos -por ejemplo-, no se confunde con estos”.

“Así, al exponerse los parámetros que se tuvieron en cuenta para la fijación y extensión de esa compensación, se advierte que lo que subyace es la idea de que no corresponde la aplicación de fórmulas matemáticas rígidas frente a supuestos en que, como el caso de autos, no se advierten parámetros de los que tales cálculos pudieran partir”, agregaron los camaristas.

Por ello se optó, en este caso, por el método de cálculo global producto de la ponderación de las circunstancias subjetivas que arroja el caso concreto. De esta manera, confirmaron el monto y la forma estipulada en primera instancia.

A los fines de determinar si se presentó un desequilibrio económico que diese lugar a la compensación económica, los magistrados tuvieron en cuenta varios elementos. Uno de ellos fue la fijación -en el mes de agosto de 2013- de una cuota alimentaria de $10.000 mensuales a favor de la actora y a pagar por el apelante.

“La importancia de este punto reside en que, por un lado, quedaría demostrado que la actora atravesó dificultades económicas desde la separación y, por el otro, las posibilidades del demandado de afrontar su pago, por encontrarse este en mejores condiciones que la primera. Es indiferente el hecho de que ello se hubiera interrumpido a partir de la sanción del nuevo ordenamiento de fondo, pues lo importante es verificar en qué situación quedó la actora luego de la ruptura del vínculo matrimonial”, explicaron los jueces.

En relación con los años de convivencia -27 años-, el hombre denunció que las partes estuvieron separadas de hecho desde diciembre de 1990 hasta el año 1999.

“Esta circunstancia -de que las partes hayan estado separadas de hecho durante algún tiempo- no puede alterar el estado de situación, menos cuando el apelante no explicitó de qué modo ello podría incidir en el caso de autos”, agregaron.

Además, al cabo de cierto tiempo, los entonces cónyuges se reconciliaron y volvieron a convivir, por lo que los magistrados consideraron que se borraron los efectos de lo primero, hasta que en el año 2009 se produjo el retiro definitivo del demandado del hogar conyugal, sobreviniendo con posterioridad el divorcio decretado por la culpa exclusiva del apelante y con sustento en el art. 202, inc. 5°, del entonces Código Civil.

“De allí que lo afirmado en relación a que el vínculo matrimonial perduró durante 27 años es correcto y no se ve desvirtuado por la circunstancia apuntada”, remarcaron.

Además, indicaron que a partir del cese de la convivencia conyugal la situación económica de la actora se vio gravemente desmejorada, a diferencia de lo que ocurrió con el demandado, quien tuvo un buen pasar; y que ese desequilibrio económico manifiesto, existente al tiempo de la separación -y subsistente en la actualidad-, tuvo causa adecuada en la ruptura del vínculo matrimonial.

En relación con la vivienda que fue sede del hogar conyugal, las partes reconocieron que vivieron un tiempo en Comodoro Rivadavia y luego se mudaron a la Ciudad de Buenos Aires.

En lo referido a la contribución que se tradujo en la crianza de los hijos y en la dedicación a las tareas domésticas, para los jueces, las conclusiones a las que arribó la anterior sentenciante no pudieron ser refutadas por el apelante.

“Es que aquella en momento alguno refirió ‘que la actora por haberse casado con el suscripto no pudo desarrollar su profesión’, sino que lo que evaluó -incluso desde la perspectiva de género- fue la conformación de una pareja que sostuvo un proyecto familiar sobre la base de una división de roles tradicional, por la cual el hombre trabajaba y la mujer se dedicaba a las tareas de hogar y el cuidado de los niños, lo que es muy distinto a lo anterior”, indicaron los camaristas.

Con relación al monto de la compensación, no puede soslayarse que uno de los datos más relevantes lo arroja la pericial contable, que muestra la evolución comparativa de los patrimonios de ambas partes.

Así, el experto señaló que en el año 1982 la actora poseía un patrimonio de $5.572.159.492; en el año 2009, de $177.916,64; y en el año 2017, de $ 426.040,44. Por su parte, el Sr. D. B., en el año 1995, poseía un patrimonio de $497.398,08; en el año 2009, de $2.662.214,30; y en el año 2016, de $11.317.838,76. Además, el hombre tenía un crédito no declarado, que debía tomarse en cuenta a la hora de calcular la compensación.

La jueza de primera instancia había fijado la compensación en una suma cercana a los $8.000.000, que fue confirmada por los magistrados teniendo en cuenta las circunstancias del caso.

El artículo 441 dice: “Compensación económica. El cónyuge a quien el divorcio produce un desequilibrio manifiesto que signifique un empeoramiento de su situación y que tiene por causa adecuada el vínculo matrimonial y su ruptura, tiene derecho a una compensación. Esta puede consistir en una prestación única, en una renta por tiempo determinado o, excepcionalmente, por plazo indeterminado. Puede pagarse con dinero, con el usufructo de determinados bienes o de cualquier otro modo que acuerden las partes o decida el juez”.

Por otra parte, el artículo 442 trata sobre la fijación judicial de la compensación, en la que el juez debe analizar si existió una disparidad entre los ingresos de carácter desequilibrante a la hora de establecer el monto.

La especialista Florencia Galeazzo, colaboradora de Erreius Online, destaca que la compensación económica “no es una pensión de alimentos, porque su finalidad no es pagar las necesidades del cónyuge, sino compensar razonablemente el desequilibrio que la separación y/o el divorcio le produce independientemente de los daños y perjuicios, y de los alimentos que correspondan”.

Se trata de una pensión de carácter pecuniaria y asistencial, pero no alimentaria, a favor de uno de los cónyuges, basada en el desequilibrio económico como consecuencia, y no a causa del divorcio.

“Ello es así, toda vez que la compensación económica es exigible desde que el divorcio se produce, mientras que los alimentos lo son desde que surge la necesidad. Por otra parte, los alimentos son irrenunciables en tanto que la compensación económica sí puede ser objeto de renuncia”, agregó.

“Hacia el pasado, la compensación tiende a compensar los perjuicios sufridos por la pérdida de oportunidades a raíz de haber dedicado tiempo y esfuerzo a la crianza de los hijos y el trabajo doméstico y, por otro lado, aquellos perjuicios que se irrogaran hacia el futuro, poniendo el acento en la situación en la que queda uno de los convivientes luego de la ruptura para su reinserción social y laboral”, agrega la especialista Susana Pereyra Minich.

En este punto, se deberá probar la relación de causalidad entre el cese de la cohabitación y el perjuicio económico, que no habría existido de no haber cesado la convivencia.

Fijan una compensación económica de 8 millones de pesos para una mujer, teniendo en cuenta la perspectiva de género