Los magistrados indicaron que en el actual contexto inflacionario una suma fija no permite acompañar el incremento de las necesidades de los niños, y que la canasta básica total no solo considera los requerimientos alimentarios mínimos de una familia contemplada en el caso [hogar 1, de 3 integrantes], sino los bienes y servicios no alimentarios.

En el caso “A., S. A. c/G., A. J. s/alimentos”, el juez de primera instancia fijó, en concepto de cuota de alimentos provisoria en favor de dos niños de cuatro años, la suma mensual de $4.000 a cargo de su progenitor, a cuyo monto se le debía adicionar las asignaciones familiares y ayuda escolar si correspondieran.

La actora apeló porque consideraba que la suma era exigua para atender las necesidades de sus dos hijos en comida, vestimenta y salud. Agregó que los mellizos permanecen a su cuidado por tiempo completo y que el progenitor los ve solo dos veces al mes, por lo que esta situación le impide trabajar y que además, por el aislamiento, los niños no han podido acudir al jardín.

Señaló que su expareja vive en una casa que es propiedad de sus padres que ella debe alquilar y consideró que el padre de los menores, al no poseer trabajo registrado, debería abonar una cuota del 40% de un sueldo mínimo vital y móvil.

La asesora de menores dictaminó que debería hacerse lugar al recurso, teniendo especialmente en cuenta el principio de realidad.

Los camaristas señalaron que el artículo 544 del Código Civil y Comercial de la Nación (CCCN) dispone que, “desde el principio de la causa o en el transcurso de ella, el juez puede decretar la prestación de alimentos provisionales, y también las expensas del pleito, si se justifica la falta de medios”.

“Dicha norma brinda un mecanismo que permite cubrir sin demora a las necesidades del alimentado, ya que la espera hasta la obtención de la sentencia puede privarlo de los medios de subsistencia esenciales para su vida. Consiste en una cuota que se fija anticipadamente para cubrir los gastos imprescindibles, hasta que recaiga el pronunciamiento final”, explicaron.

“Ello no importa prejuzgar, sino establecer el importe provisional de los alimentos mientras dure el trámite del juicio”, agregaron.

En cuanto a la prestación alimentaria provisoria, destacaron que la legislación argentina no prevé un trámite específico, por lo que, “tratándose de una tutela anticipada o medida anticipatoria, corresponde aplicar -en lo pertinente-, las disposiciones que rigen las medidas cautelares, que son las que permitirían el adelantamiento provisorio del objeto perseguido en la demanda y cuya procedencia definitiva se juzgará al momento de dictarse la sentencia de mérito”.

“Es que, tratándose de la prestación de alimentos, dada la naturaleza urgente de la prestación, la espera que importa la tramitación propia del proceso judicial hasta la obtención de la sentencia, por más ágil que este sea, colocará al alimentado en situación de denegatoria, al privarlos de los medios imprescindibles para su subsistencia”, remarcaron.

En este punto agregaron que “las necesidades a tener en cuenta del niño, niña o adolescente, no solo se refieren a los denominados gastos 'comunes' del art. 666 del CCCN., sino todos los gastos del art. 659, para lograr que posean similar nivel de vida en casa de ambos padres, aportando cada uno de ellos en forma proporcional, y conforme a la “condición y fortuna” de los progenitores”.

“No se requiere la prueba acabada de los ingresos del alimentante -más allá de que la obligación alimentaria debe ser afrontada por ambos progenitores-, sino que, a fin de ponderar su caudal económico, deberán analizarse las constancias de la causa, particularmente lo manifestado en la demanda, la prueba aportada al proceso y que se deben atender las necesidades mínimas del alimentado”, explicaron los camaristas.

Ello implica que corresponde fijar una cuota alimentaria provisoria siempre que “prima facie” sea acreditada la verosimilitud del derecho del que la ha solicitado.

En este punto, señalaron que la apelante pretendía que se fije a favor de los niños la suma de $ 8.640 (el 40 porciento del SMVM hoy $ 21.600) sin aportar prueba alguna de la situación socio-económica del demandado, ni de la suya (y su situación personal, recursos familiares, etc.), ni de las necesidades de los niños.

“Más allá de que se presume la necesidad de los niños menores de edad, por lo que procede una cuota provisoria, para fijar un monto se requiere pruebas o al menos indicios de esos elementos que alega. Sin ellos el juez no puede presumir las circunstancias del caso concreto y justificar su decisión”, remarcaron.

Pero, en resguardo de los derechos de los niños -cuyo interés superior tiene jerarquía supraconstitucional-, y tomando en cuenta el principio de tutela efectiva (art. 706, CCCN) y que fijar una suma fija en el actual contexto inflacionario no permite acompañar el incremento de las necesidades de los niños, modificaron la resolución recurrida y fijaron la cuota en el 20% de la canasta básica total (hogar 1, CBA) que publica el INDEC, que en febrero 2021 ascendió a $ 32.473,33, por lo cual la cuota ascendería a la suma de $ 6.494,66.

“La canasta básica total no solo considera los requerimientos alimentarios mínimos de una familia del tipo que se describe [hogar 1, de 3 integrantes], sino los bienes y servicios no alimentarios”, concluyeron.

Fernando Millán, colaborador de Erreius, explica que, para la procedencia de alimentos provisorios, que son aquellos que tienden a cubrir las necesidades urgentes y mínimas del alimentado durante todo el transcurso del proceso, será necesario que quien los reclama acredite verosímilmente, esto es, no solo con grado de certeza, sino que lleve al juez a sostener que es razonable la petición, debido a la falta de medios y a las necesidades del pariente que reclama.

Fijan cuota de alimentos provisorios basándose en un porcentaje de la canasta básica del INDEC