La sala A de la Cámara Nacional Comercial en los autos “Ramallo SRL s/quiebra“ resolvió que en razón de los valores económicos en juego, correspondía regular los honorarios de los profesionales intervinientes en un proceso falencial con prescindencia de la pauta mínima fundada en el salario del secretario de juzgado que contemplan los arts. 266 y 267 de la Ley de Concursos y Quiebras, así como del tope máximo del 12 % del producido de la realización de los bienes (máximo legal previsto), tomando a ese efecto un porcentual del activo realizado que posibilitara compatibilizar la finalidad última del procedimiento falencial -que es la obtención del mayor dividendo concursal posible por parte de los acreedores- con el derecho a una retribución digna por parte de los beneficiarios de esos emolumentos.

Topes establecidos por ley
La norma aplicable, ley 24.522, establece parámetros de topes regulatorios cuya estricta aplicación puede llevar a resultados injustos o paradojales en supuestos tales como el de autos, en que el activo realizado que conforma la base regulatoria es relativamente magro, al punto de no guardar proporción con la duración, calidad y extensión de la tarea llevada a cabo por la sindicatura.

Regulación de honorarios sin topes
La posibilidad de que la aplicación de las pautas objetivas de la ley pudieran resultar injustas o desproporcionadas, tanto por exceso como por defecto, está contemplada por el art. 271 de la ley, en cuanto autoriza, por decisión fundada, a regular sin atender a los mínimos fijados.

Honorarios dignos
Asimismo, corresponde contemplar la necesidad de armonizar la garantía de un honorario digno al profesional que desempeña la sindicatura, tal como tuvo intención de hacerlo el legislador al establecer mínimos elevados, atendiendo al mismo tiempo, al monto del activo realizado, que necesariamente debe ser tenido en consideración con miras a una regulación lo más justa posible en el contexto de la causa.

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