La Cámara de Diputados convocó a una sesión especial para este miércoles, impulsada por La Libertad Avanza (LLA), el PRO y la UCR, para debatir el proyecto de Ficha Limpia, que busca impedir que dirigentes condenados en segunda instancia por corrupción sean candidatos para cargos nacionales.

Sin embargo, a las 12.31, hs el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, tuvo que considerar caída la sesión, dando inicio al debate en minoría.

Qué dice la ley electoral

En la actualidad, el artículo 3º inciso e), del Código Electoral (ley 19.945) establece que “están excluidos del padrón electoral […] e) Los condenados por delitos dolosos a pena privativa de la libertad, y, por sentencia ejecutoriada, por el término de la condena”.

A su vez, el artículo 33 de la ley Orgánica de los Partidos Políticos (ley 23.298) establece que “no podrán ser precandidatos en elecciones primarias ni candidatos en elecciones generales a cargos públicos electivos nacionales, ni ser designados para ejercer cargos partidarios […] a) Los excluidos del padrón electoral como consecuencia de disposiciones legales vigentes”.

De la aplicación de ambas normas surge que, actualmente, no pueden ser candidatas aquellas personas condenadas por delitos dolosos a pena privativa de la libertad, por sentencia ejecutoriada (es decir, que tengan sentencia firme).

El dictamen de mayoría del oficialismo

La iniciativa que obtuvo dictamen de mayoría es de autoría de la bonaerense Silvia Lospennato (PRO), en cuyo texto argumenta que 'el fenómeno de la corrupción se ha revelado como uno de los problemas más graves que enfrentan las sociedades modernas' y la restricción de las candidaturas 'tiene por fin innegable la salvaguarda del interés público'.

El texto del dictamen de mayoría, que lo acompañan los bloques de La Libertad Avanza, PRO, UCR, Coalición Cívica, Encuentro Federal, entre otros, establece que la inhabilitación correrá “desde que exista sentencia condenatoria, aunque no se encuentre firme, siempre y cuando resulte confirmada por un órgano judicial de instancia superior, hasta su eventual revocación o, en su caso, cumplimiento de la pena correspondiente”.

La confirmación de “un órgano judicial de instancia superior” sería la sentencia de la Cámara de Casación.

Quedarían incluidos los delitos de cohecho y tráfico de influencias; malversación de caudales públicos; negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; exacciones ilegales; enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados; encubrimiento; el delito de fraude en perjuicio de la administración pública; y todos los delitos que sean incorporados al Código Penal o por leyes especiales, en virtud del cumplimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción.

Los dictámenes de minoría

En tanto, hay tres dictámenes por la minoría, que los componen el de Unión por la Patria, el del diputado Fernando Carbajal (UCR), y el del Frente de Izquierda.

El dictamen de minoría del peronismo aclara que las condenas quedan firmes únicamente cuando la última instancia se expide, es decir la Corte Suprema. Además, suma a la lista diferentes delitos económicos.

Sostiene que el proyecto del oficialismo “no es otra cosa que la pretensión de introducir modificaciones a lo ya establecido en el Código Penal de la Nación y en el Código Electoral de la Nación, pero esta vez violando los principios de nuestra Constitución y los tratados internacionales con rango constitucional”.

“Nuestra Constitución Nacional establece en su artículo 36 dos tipos de inhabilitaciones políticas: por un lado, la inhabilitación a perpetuidad para ocupar cargos públicos a quienes incurrieren en traición a la patria (artículo 29 de la Constitución Nacional). Por el otro, la inhabilitación para ocupar cargos o empleos públicos –por el tiempo que las leyes determinen– a quienes incurrieren “en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento’’”, añade.

Luego sostiene que “El Código Penal de la Nación en sus artículos 12,19 y 20 bis prevé la inhabilitación absoluta (artículos 12 y 19) y especial (artículos 20 y 20 bis) para los condenados con pena privativa de la libertad mayor a 3 años. Esto implica, entre otras cuestiones, la inhabilitación para ejercer los derechos electorales (artículo 19, inciso 2) y la incapacidad para obtener cargos, empleos y comisiones públicas (artículo 19, inciso 3) para quienes sean condenados con pena de reclusión o prisión por más de tres años”.

En el mismo sentido, el Código Nacional Electoral en su artículo 3º, inciso e), excluye del padrón electoral a “los condenados por delitos dolosos a pena privativa de la libertad, y, por sentencia ejecutoriada, por el término de la condena”.

De esta manera, concluye que ya existe una legislación de “ficha limpia” en nuestro ordenamiento jurídico, la cual es respetuosa de las garantías constitucionales, ya que las inhabilitaciones para ejercer derechos políticos descriptas requieren de una sentencia condenatoria firme.

De aprobarse el cambio impulsado por el oficialismo, el peronismo sostiene que se estaría modificando en forma restrictiva el derecho a “elegir y ser elegido”, incorporando una pena –la de ser privado de esos derechos– por fuera del Código Penal de la Nación y el Código Electoral de la Nación. Los proyectos en cuestión pretenden adelantar la culpabilidad de las personas sin respetar el diseño institucional previsto para que ceda el derecho a la presunción de inocencia, incorporando una “inhabilitación política cautelar” reñida con la Constitución y los principios del derecho procesal penal.

En cuanto a los delitos que impedirían ser candidato agrega a los mencionados en el expediente de la mayoría, los 'previstos en el inciso c) del artículo 5º, y en los artículos 6º y 7º de la Ley de Estupefacientes, ley 23.737 y modificatorias'; los previstos en los capítulos II y III del título III (delitos contra la integridad sexual), del libro segundo del Código Penal de la Nación; en 'los artículos 144 ter, 144 quáter (tortura), 145 bis, 145 ter y 146 (trata de personas y sustracción de menores) del Código Penal de la Nación; en los artículos 226, 227, 227 bis y 227 ter (Atentados al orden constitucional y a la vida democrática) del Código Penal de la Nación'.

También, pretende rechazar las candidaturas de quienes hayan sido condenados por delitos contra 'la sección XII, título I del Código Aduanero; el 'título XIII, del libro segundo, del Código Penal (delitos contra el orden económico y financiero); el título IX de la ley de Régimen Penal Tributario, cuando el máximo de la escala penal de prisión supere los seis años y la Ley de Régimen Penal Cambiario'.

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