La práctica tribunalicia nos enfrenta a menudo con una zona gris que merece un debate profundo y honesto: el uso deliberadamente falso del sistema judicial.

En un análisis de Florencia Abramzon sobre la problemática en el derecho penal argentino, la autora invita a reflexionar sobre cómo la introducción de hechos mendaces en un proceso no solo satura los recursos del Estado, sino que hiere de muerte la credibilidad de la justicia y destruye vidas de manera irreversible.

La verdad procesal bajo ataque

El documento postula que, si bien la 'verdad procesal' es una construcción mediada por reglas y límites, esto no autoriza la resignación ante la mentira. El proceso judicial debe ser un sistema de reconstrucción racional de hechos, no un terreno para la astucia o el engaño. Cuando se utiliza una denuncia como herramienta de hostilidad —especialmente en fueros sensibles como el de Familia o Penal—, el daño a la reputación y a los vínculos afectivos suele ser devastador y, en muchos casos, imposible de reparar incluso tras un sobreseimiento.

Los puntos clave del debate:

1. Garantía vs. Conducta: se establece una distinción fundamental entre el derecho a no autoincriminarse (el silencio como garantía) y la fabricación activa de hechos falsos (la mentira como conducta sancionable).

2. El rol de la abogacía: el abogado no es un mero portavoz de la voluntad del cliente. El documento enfatiza que la defensa técnica no consiste en 'mentir mejor', sino en operar jurídicamente sobre hechos acreditables. Existe una responsabilidad institucional de no inducir ni tolerar el fraude procesal.

3. Impacto sistémico: las falsas denuncias desvían recursos de casos reales y urgentes, intoxicando el proceso decisorio y convirtiendo al Estado en un legitimador involuntario de falsedades.

4. Hacia una respuesta integral: se propone que la justicia no solo aplique las figuras previstas en el Código Penal de la Nación (como la falsa denuncia o el falso testimonio), sino que también se activen sanciones disciplinarias efectivas para los profesionales que faciliten estas prácticas.

Una discusión pendiente

Recuperar la centralidad de la verdad es, en última instancia, preservar la función jurisdiccional. La justicia no puede convivir cómodamente con la mentira deliberada bajo el pretexto de la estrategia procesal. Como bien señala la autora, la palabra del abogado tiene consecuencias institucionales y el compromiso con los hechos es la condición de posibilidad de cualquier sentencia justa.

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