Por Gastón Vidal Quera

El Dr. Gastón Vidal Quera analiza el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 'G., D. A. c/Provincia de Tucumán s/daños y perjuicios” del 06/09/2022 en el cual se establece la responsabilidad del Estado provincial por omisión del deber de seguridad en torno a un balneario de acceso público.

En el caso, la actora reclamaba un resarcimiento por los daños y perjuicios derivados de la muerte de su cónyuge y del hijo menor de ambos, ocurrida cuando fueron arrastrados por la crecida del río Grande, en la localidad de El Siambón. La parte actora alegaba que al momento de los hechos, no existían medidas de seguridad o alerta de parte de las autoridades, que prohibieran bañarse en el río.

Según la CSJN, más allá de que no existía un balneario regularmente constituido, no podía ignorarse que el río en cuestión era utilizado de forma recreativa por gran cantidad de personas. Así, resultaba “dogmática la afirmación del a quo respecto a que ninguna obligación cabía a la demandada de advertir a la población sobre el riesgo potencial del uso recreativo del río cuando aquella no podía ignorar que, durante los meses de verano, gran cantidad de personas acudían allí para pasar el día, independientemente de que hubiese o no un balneario regularmente constituido”.

Asimismo la Corte consideró que el a quo no valoró adecuadamente “si la omisión atribuida a la provincia de implementar un sistema de alarma de crecientes a efectos de prevenir a la población sobre sus eventuales consecuencias, podía constituir un incumplimiento de los deberes impuestos a la provincia por la ley 3921. En efecto, dicha norma, al establecer las obligaciones que atañen a la “defensa civil” en el ámbito provincial, preceptúa que por esta se entiende “el conjunto de medidas y actividades no agresivas tendientes a evitar, anular o disminuir los efectos que la acción del enemigo o de la naturaleza, o cualquier desastre de otro origen, puedan provocar sobre la población y sus bienes y, además, contribuir a restablecer el ritmo normal de vida de la zona afectada”.

Según Vidal Quera se trata de un caso “que resalta la responsabilidad del Estado en materia extracontractual y el deber de seguridad y prevención”.

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CSJN: es responsable el Estado provincial al no advertir los peligros de un río