El Juzgado de Familia de 6° Nominación de la ciudad de Córdoba, a cargo de Marcela Alejandra Menta, prolongó la obligación alimentaria a la actual esposa de un deudor moroso y la hizo responsable por su cumplimiento, en igual medida.

En el caso 'A., A.D.V. c/ S., C.A. - Medidas provisionales personales - Ley 10.305”, ante el continuo incumpliendo del pago de la cuota alimentaria desde el año 2016 en favor de su hija, una mujer amplió el reclamo que había iniciado contra el padre de la menor y lo hizo abarcativo a la actual esposa de este.

En concreto, solicitó la fijación de una cuota alimentaria en favor de su hija C. a cargo de la cónyuge del progenitor, de forma solidaria con el principal obligado por un total del 25% de los haberes que aquella percibe en su trabajo en relación de dependencia.

Fundamentó el pedido en la falta de cumplimiento por parte del progenitor a su deber alimentario derivado de la responsabilidad parental y la solidaridad familiar. Remarcó que no reclama a otros parientes por la situación económica que ellos atraviesan.

El pedido de la reclamante se fundó en la solidaridad familiar y la figura del progenitor afín. En este punto, el Código Civil y Comercial de la Nación (CCCN) reconoce ciertos derechos y obligaciones a los padres afines, es decir, aquellos que son pareja/cónyuges de sus progenitores biológicos. Entre ellos, el de contribuir a cubrir las necesidades de los hijos afines. Además, la normativa legal establece que las parejas casadas tienen el deber de aportar al sostenimiento de los hijos en común o de uno de ellos, con quienes convivan.

La mujer demandada argumentó en su defensa que ella no cumplía el rol de madre afín, ya que no formaba parte de la crianza y educación de la adolescente, ni había compartido con ella momentos significativos de su vida.

También alegó que los deberes de asistencia familiar debían recaer principalmente sobre los parientes biológicos y agregó que su esposo tenía cinco hermanos.

El fallo judicial

La jueza consideró que el principio de solidaridad familiar y la importancia del derecho alimentario de los NNA como derecho humano hacen procedente el pedido de alimentos.

Si bien rechazó el pedido de nueva cuota a cargo de la cónyuge, por no ser madre afín, basándose en la solidaridad familiar, el deber de contribución, el interés superior del niño y el artículo 553 del CCCN, decidió hacerle extensiva la obligación por el pago de la cuota alimentaria que ya estaba fijada respecto del progenitor.

“Con la entrada en vigencia del CCCN, las medidas asegurativas del cumplimiento de deudas como en este caso de carácter alimentario han cobrado una renovada vigorosidad en torno a la necesidad de brindar una real tutela judicial efectiva”, explicó la magistrada.

Medidas para asegurar el pago de la cuota alimentaria

El artículo 553 establece que “el juez puede imponer al responsable del incumplimiento reiterado de la obligación alimentaria medidas razonables para asegurar la eficacia de la sentencia”.

Es decir, el magistrado puede crear sanciones que no estén expresamente en esa norma, siempre y cuando sean razonables, para garantizar que el pago de la cuota alimentaria se cumpla.

Algunas de las medidas que suelen implementarse, y que se comentaron en casos anteriores, son los embargos de sueldo o bienes; prohibición para salir del país; el acceso a ciertos espectáculos o actividades de recreación; e incluso la suspensión del carnet de conducir.

En este caso, la magistrada sostuvo que dichas medidas deben examinarse en cada caso concreto conforme sus potencialidades para lograr el cometido propuesto, esto es el cumplimiento.

Así, entendió que la mejor vía para garantizar el derecho alimentario de la joven era hacer responsable también a la cónyuge de su padre, quien cuenta con trabajo en blanco. Y, a la vez, consideró que esta medida podría impulsar al progenitor, que es el principal obligado, a cumplir.

La jueza describió la medida adoptada como un “remedio disuasivo que durará hasta que se verifique un cumplimiento en tiempo y forma por parte del principal obligado”. Y recalcó que, si bien la medida es una restricción al derecho de propiedad de la demandada, se justifica en la prioridad y preeminencia del derecho alimentario.

Por último, remarcó, para justificar el alcance de la medida, que se acreditó que los tíos paternos no se encontraban en buena situación económica e, incluso, algunos tenían a cargo a otros familiares.

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