La sala cuarta de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario hizo lugar al pedido de declinación de la responsabilidad opuesta por una aseguradora que se negó a pagarle la póliza a la propietaria de un camión que causó un accidente porque su conductor se encontraba en estado de ebriedad.

Para los jueces, considerar que la cláusula de exclusión de cobertura por ebriedad era abusiva y contraria al artículo 37 inciso a de la Ley de Defensa del Consumidor (LDC) no era razonable porque conducir en estado de ebriedad es una conducta antijurídica, que en cuanto riesgo no resulta asegurable y que configura en el contrato un modo de determinar objetivamente el riesgo asumido por la accionada.

En el caso “Aiello, Melina Soledad c/Seguros Rivadavia Coop. Ltda s/demanda de derecho de consumo”, la actora mantenía con la demandada dos seguros, uno de responsabilidad civil y otro de accidentes personales. Ella era poseedora del camión asegurado que, cuando era conducido por el chofer del mismo, embistió desde atrás a otro camión que se desplazaba en igual sentido y dirección por la ruta 2. El chofer que causó el accidente falleció.

La mujer denunció el siniestro y, ante la negativa de la aseguradora, sostuvo que la exclusión del seguro prevista en la cláusula 10 del contrato no funcionaba pues el conductor no era un asegurado. Afirma que la empresa no procede de buena fe y que su interpretación implica la frustración del fin del contrato.

En tanto, la aseguradora solicitó su rechazo porque si bien reconoce la existencia de los seguros, afirma que la mujer solo denunció el siniestro con relación a la póliza de responsabilidad civil y que el conductor del camión tenía 2,08 gramos por litro de sangre de alcohol al tiempo del accidente.

En cuanto a la póliza de accidentes personales, la demandada sostuvo que la actora actuó como tomadora y el fallecido como asegurado, y que aquella no ha probado la medida de su responsabilidad.

El tribunal de primera instancia rechazó la demanda. En primer lugar, llegó a la conclusión de que ambas partes cumplieron con las cargas que les imponían los arts. 46 y 56 de la Ley de Seguros (LS) y en término, de modo que la respuesta de la aseguradora no puede considerarse extemporánea; del mismo modo la denuncia del siniestro efectuada por la actora cumplía con ambas pólizas.

En cuanto a la declinación de la responsabilidad por la aseguradora, entendió que la ebriedad era una causa de exclusión de la cobertura, de ausencia de seguro, distinta de la culpa grave.

En ese sentido, agregó que las pólizas contemplan esa exclusión del riesgo, por lo que la oposición de la aseguradora era correcta y que no se violaba el art. 158 de la LS que prohíbe modificar disposiciones como la del art. 114 de la LS en perjuicio del asegurado, pues este se refiere a los supuestos de cobertura de responsabilidad civil, mientras que en el caso la cláusula se encuentra referida a la cobertura por daños al vehículo y por accidentes personales supuestos no contemplados en la prohibición del mencionado artículo 158.

Y concluyó señalando que la cláusula quinta de las condiciones generales donde se prevé que el asegurador cubre al asegurado por culpa grave del conductor cuando este se halle en relación de dependencia no resulta aplicable, pues no se trata de culpa grave.

La actora apeló la sentencia pero para los jueces Avelino José Rodil, Edgar José Baracat y Juan José Bentolila correspondía hacer lugar a la declinación de la responsabilidad porque conducir en estado de ebriedad es una conducta antijurídica, que en cuanto riesgo no resulta asegurable y que configura en el contrato un modo de determinar objetivamente el riesgo asumido por la accionada, hace entonces al objeto del contrato mismo y la ecuación económica comprometida.

“Si la actora entendía que el grado de ebriedad del conductor resultaba irrelevante causalmente, debió producir la prueba pertinente y no lo hizo, por ello presumir que en el accidente fue determinante la situación del conductor fallecido, aparece absolutamente lógico teniendo en cuenta el grado de intoxicación que padecía”, agregó la sentencia.

“Es oponible al asegurado la cláusula de exclusión de cobertura en los casos de ebriedad del conductor, aun fuera del plazo contemplado en el art. 56 de la LS, pero dentro de un periodo razonable de haberse producido la prueba en el proceso penal -en el caso, se acreditó que el conductor conducía en estado de ebriedad al momento del siniestro-, pues se trata de una cláusula de exclusión del riesgo y no de caducidad, desde que de un modo descriptivo indica, ab initio, un riesgo no cubierto, colocándolo fuera del contrato”, agregaron.

Por último señalaron que “el contrato de seguro no se encuentra exento de pasar por el tamiz de la Ley de defensa del consumidor”, pues es claramente un contrato con cláusulas predispuestas, y si bien aparece difícil que contenga cláusulas abusivas o exorbitantes, pues sus condiciones están controlados por múltiples organismos oficiales como la SSN, no es imposible que ocurra y de ahí la necesidad del control judicial que autoriza el art. 37 de la LDC.

En el artículo “La abstención al control de alcoholemia como exclusión de cobertura en las pólizas de seguro de responsabilidad civil”, publicado en Erreius on line, Diego S. González Vila explica que “la similitud esencial que guarda la caducidad con la exclusión de cobertura es que en ambas figuras el asegurador no se halla sujeto a la obligación de pago; sin embargo, existen diferencias sustanciales, pues en la caducidad el riesgo se encontraba cubierto, y la aseguradora aceptó garantizarlo contractualmente, ha fijado la prima y prometido el pago de la indemnización de los siniestros que se verifiquen, pues han sido previstos, pero lo que libera a la aseguradora de su pago es la inejecución de una carga por parte del asegurado o el incurrir en una conducta culposa del asegurado (en caso de la caducidad convencional) y referida al siniestro respecto del cual se inejecutó la carga o la conducta debida, es decir, en la hipótesis el riesgo ha sido asumido por el asegurador, mientras que, en el caso de la exclusión de cobertura o no seguro, importa la limitación de un riesgo o su exclusión, es decir que la aseguradora desde un inicio no se obligó a garantir un determinado riesgo, porque no estaba previsto en el contrato. En este caso no se examina la culpa en que haya incurrido el asegurado, pues la exclusión de cobertura no es una hipótesis de sanción. El asegurado carece de derecho a exigir el pago de las consecuencias dañosas de un siniestro, porque el evento no se encuentra cubierto contractualmente, no ha sido tomado a su cargo por el asegurador y, por ende, no percibió prima por él”.

“La clave para determinar la ilegalidad de las cláusulas abusivas consiste en efectuar un diálogo de fuentes entre el CCyCo. y la LDC; por ello es que la regla general la contiene ahora el CCyCo. en el artículo 1119, que ordena: “Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes especiales, es abusiva la cláusula que, habiendo sido o no negociada individualmente, tiene por objeto o por efecto provocar un desequilibrio significativo entre los derechos y las obligaciones de las partes, en perjuicio del consumidor”. Es decir que toda cláusula que implique un desequilibrio significativo será suficiente para que el juez la declare abusiva y, por ende, nula”, agregó.

Y concluyó señalando que “todo esto se encuentra íntimamente unido a las “creencias razonables” o “expectativas razonables” que tiene el consumidor de seguros (vgr. asegurado o víctima de siniestro) de que, cuando padece un siniestro, la aseguradora dará cobertura y le abonará la indemnización correspondiente a la víctima del siniestro, brindando indemnidad al patrimonio del asegurado”.

Excluyen la cobertura de seguro porque el conductor que causó el accidente estaba ebrio