Por: Andrea Mulet

El dilema en torno a la eutanasia, entendida como la facultad del sujeto de provocarse -por sí o por terceros- la muerte, vuelve a encender el debate público en la región.

Mientras en Argentina la eutanasia no está regulada por ley y solo se admite la muerte digna, es decir, el derecho del paciente a “dejarse morir” con cuidados paliativos, Uruguay acaba de legalizar la práctica. Así instalada la tensión de derechos, la Corte Provincial se inclinó por salvaguardar el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, interpretación enraizada en los textos constitucionales. Y recuerda la importancia de que cada país decida los dilemas de acuerdo a sus valores y a sus tiempos.

Por su parte, Uruguay acaba de aprobar su “Ley de Muerte Digna” que regula las prácticas eutanásicas para aquellas personas “psiquiátricamente aptas” que otorguen el consentimiento informado, con control de dos médicos y ante la presencia de testigos. De esta manera, el país vecino se transforma en el primero en la región en regular legalmente la eutanasia.

Entretanto, diversos proyectos de ley vienen siendo discutidos en nuestro país, proponiendo diferentes modelos que incluyen el suicidio asistido. La discusión está instalada. ¿Qué curso seguirá en un futuro?

El caso: “Ludueña, Maria del Carmen s/Incidente de Amparo - Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de ley'

La actora, afectada por una enfermedad degenerativa incurable, solicitó al Estado provincial asistencia médica para morir, alegando que su sufrimiento físico y psíquico tornaba su vida incompatible con la dignidad humana. El pedido fue inicialmente rechazado por considerar que no existía base legal para autorizar la práctica solicitada.

El máximo tribunal provincial entendió que el rechazo liminar de la demanda vulneró el derecho de acceso a la justicia y al debido proceso, al no permitir el debate judicial ni la producción de prueba. Si bien consideró que el amparo no era la vía adecuada, ordenó reencauzar el trámite ante un juzgado contencioso administrativo.

Además, dispuso medidas urgentes: el Ministerio de Salud deberá proveer asistencia médica domiciliaria para el manejo del dolor y dar intervención a la Comisión Provincial de Cuidados Paliativos, garantizando atención integral durante el proceso judicial.

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