Se debe recordar, que en el ámbito del IIBB existe un elemento fundamental para que se configure el hecho imponible del tributo que es el territorial. Aunque también se podría denominar como el elemento espacial. En el ámbito local la configuración espacial de las cargas impositivas se ciñe de manera exclusiva al espacio terrestre, acuático y aéreo. Este espacio trifásico es en el que se ejerce el poder de Estado de una respectiva jurisdicción, entendiendo por tal las 24 jurisdicciones del país: las 23 provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que en la práctica es como si fuera una provincia más.

Desde este enfoque, las jurisdicciones locales no pueden ejercer su poder tributario sobre el espacio de las otras jurisdicciones, ya que esto vulneraría el federalismo fiscal consagrado en nuestra Constitución Nacional. Por lo tanto, se puede decir que el poder impositivo de las jurisdicciones locales se ciñe de manera pura y exclusiva a su territorio, no pudiendo ir más allá de ninguna manera.

Ahora bien, en lo que respecta a la parte internacional, se sabe que desde antaño se ha establecido el principio de país de destino, principio que aplica en los tres niveles de Estado: nacional, provincial y municipal. Incluso, es un principio aceptado a nivel mundial. Dicho principio descansa en el concepto de que en los impuestos al consumo como lo es sobre los ingresos brutos los bienes y servicios deben gravarse en aquellas naciones en la cual se van a consumir. Por tal motivo es que las naciones desgravan las exportaciones y gravan las importaciones.

En materia de este gravamen, están que las 24 jurisdicciones del país no gravan a las exportaciones, tanto de los bienes físicos como de los servicios, y de esta manera se cumple el principio de país destino, más allá que debemos reconocer que en materia de este tributo parte de ese ingreso se está generando en el exterior, por lo cual ahí habría argumentos para no considerar estas operaciones aparte del principio de país destino.

Desde este enfoque, existen otro tipo de operaciones internacionales que no son exportaciones, sino más bien representan actividades llevadas a cabo en el exterior. A continuación nos gustaría dar los siguientes ejemplos:

Bienes físicos: cuando un contribuyente del país compra bienes a proveedores del exterior pero que sin nacionalizarlos, luego los vende en el exterior. Claramente aquí hay una operación de compraventa de bienes físicos pero que se lleva a cabo íntegramente en el exterior, sin la nacionalización de los productos. Por lo tanto, estamos frente a una actividad netamente de fuente extranjera.

En este sentido, lo mismo sucedería con un sujeto residente local que tiene un inmueble en una nación del exterior y que lo alquila en el exterior. Aquí estamos frente a un alquiler que genera renta de fuente extranjera.
Servicios: se necesita traer a la memoria que una exportación de servicios se da para aquellas prestaciones realizadas en el ámbito del país pero cuya utilización o explotación efectiva se lleva a cabo en el exterior. No obstante, existen otro tipo de servicios que no se trata de exportaciones sino de servicios que se prestan por sujetos residentes en el país directamente en el exterior. Tal es el caso de un individuo residente del país que va a prestar un servicio profesional a un país limítrofe y desde allí lo realiza íntegramente. Aquí nos encontramos nuevamente con un servicio que genera renta de fuentes extranjera y que es íntegramente prestado y realizado en el exterior.

En todos los casos mencionados, se pregunta si las jurisdicciones locales tienen potestad para gravar actividades que no tienen sustento territorial en su ámbito espacial, sino que el sustento se está llevando a cabo y generando en el exterior. ¿Se podría gravar con ingresos brutos los ingresos generados en el exterior?. Pareciera sencilla la respuesta si se tiene en cuenta el elemento territorial, no obstante, algún fisco local ha pretendido sostener en estos casos de manera realmente ilegal, y en general, que las rentas del exterior están conectadas con actividades que se producen en su jurisdicción, entre otros argumentos poco defendibles.

En nuestro parecer y sin prejuicio de otras opiniones, no se puede negar la realidad evidente ni tampoco la esencia económica de los hechos que producen ingresos 100% generados en el exterior. Y al respecto se puede decir rotundamente que las jurisdicciones locales no tienen en absoluto potestad tributaria para gravar esos ingresos generados en el exterior, solo tienen poder constitucional y tributario sobre su ámbito territorial: terrestre, acuático y aéreo. Y el hecho de que tenga cierta relación por tratarse de un contribuyente de su jurisdicción, no es suficiente argumento para avasallar el poder tributario constitucional e ir más allá.

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