La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucional una norma de la provincia de Santa Fe que impedía a las mujeres docentes mayores de 60 años participar en concursos docentes. Para el máximo tribunal, se trataba de garantizar que las normativas locales no vulneren los derechos fundamentales de los ciudadanos.

En el caso 'Cosani, Carmen Esther c/ Provincia de Santa Fe s/ amparo', la actora -una docente de nivel primario de 61 años-, inició una acción de amparo contra la Provincia de Santa Fe para solicitar la declaración de inconstitucionalidad del artículo 4, inciso b, primer párrafo, del anexo III del decreto provincial 3029/12, ya que, desde su punto de vista, introducía una discriminación por razones de edad y género, todo lo cual le impedía participar en un concurso docente.

La citada reglamentación dispone que los aspirantes a participar en concursos no podrán 'exceder el límite de edad impuesto por el régimen jubilatorio, independientemente de si reúne o no los requisitos para acogerse al beneficio jubilatorio”.

El requisito del inciso b fue previsto exclusivamente en el reglamento y no en la ley, y remite a la edad jubilatoria fijada por la Ley 6915 para el régimen general –60 años para el caso de las mujeres y 65 años para los varones– y, eventualmente, al régimen especial del personal docente regulado en la Ley 12.464, que permite acceder a la jubilación a las mujeres de 75 años o los varones de 60 años.

El juez de primera instancia declaró la inconstitucionalidad de la norma por considerar que el decreto excedía los límites reglamentarios y vulneraba los principios de igualdad e idoneidad para acceder a cargos públicos, reconocidos en la Constitución Nacional.

En tanto, tras la apelación de la provincia de Santa Fe, la sala I de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Rosario revocó la sentencia al considerar que la acción de amparo era prematura, porque la actora no había sido formalmente excluida del concurso. Además, consideró razonable el límite de edad establecido por el decreto, con base en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe.

Luego, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe rechazó la queja por recurso de inconstitucionalidad denegado y confirmó la decisión de la Cámara de Apelación, sosteniendo que no se había demostrado la irrazonabilidad de la norma.

En este contexto, el Máximo Tribunal de la Nación analizó si la Constitución Nacional permite que una mujer de sesenta años o más sea excluida por su sola condición de sexo y género de un proceso de selección para el ejercicio de su empleo docente.

Explicó que, cuando se impugna una norma basada en ciertas categorías puntuales como la raza, la religión, el género o nacionalidad, corresponde considerarla sospechosa de discriminación y portadora de una presunción de inconstitucionalidad que corresponde a la demandada desvirtuar.

La Corte, aplicando un estándar de revisión estricto, concluyó que la norma impugnada vulneraba los principios de igualdad y no discriminación consagrados en la Constitución Nacional y en diversos tratados internacionales, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

Remarcó que la norma provincial cuestionada establece una distinción por edad al excluir de los concursos a todas las personas que superen determinado límite etario pero, indirectamente, esa edad varía de acuerdo al género en la medida que se remite a las normas previsionales que fijan a las mujeres una edad jubilatoria inferior a los hombres.

La discriminación en cuestión constituye un claro ejemplo de discriminación interseccional, al combinar elementos de discriminación por edad y por género. Al establecer un límite de edad basado en la edad jubilatoria femenina, la norma perpetúa estereotipos de género y limita las oportunidades laborales de las mujeres mayores.

Esta discriminación contravenía los principios de igualdad y no discriminación consagrados en la Constitución Nacional.

Además, hizo referencia a varios tratados internacionales, entre ellos la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que con jerarquía constitucional prohíbe cualquier distinción basada en el sexo que menoscabe los derechos humanos y las libertades fundamentales de las mujeres. También mencionó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada por la OEA y ratificada por Argentina, que prohíbe la discriminación por edad en la vejez y garantiza el derecho al trabajo digno y en igualdad de condiciones para las personas mayores.

La Corte enfatizó que el Estado provincial no logró demostrar un interés estatal legítimo suficiente para justificar esta discriminación. La mera referencia a la edad jubilatoria no constituye una justificación válida, especialmente cuando se basa en estereotipos sobre la capacidad de las personas mayores para desempeñar sus funciones.

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Además, recordó que la Constitución y la jurisprudencia descalifican las distinciones por la edad a personas mayores basadas en presunciones que no admiten prueba en contrario y sustentadas en meros prejuicios sobre la vejez.

De esta manera, entendió que resultaba inconstitucional el artículo 4, inciso b, primer párrafo, del anexo III del decreto 3029/12 de la Provincia de Santa Fe -que impide participar de un concurso docente a quien se encuentre en edad para acceder al beneficio jubilatorio-, en la medida que confronta con los derechos a trabajar y enseñar (artículos 14 y 14 bis de i) la Constitución); al efectuar una discriminación inválida que intersecta dos ii) factores (artículos 16 y 75, inciso 23), a saber: el sexo (artículo 75, inciso 22, iii) y artículo 11, inciso b de la CEDAW); y la edad (artículos 31 y 75, inciso 22, iv) y artículo 18 de la CIPDHPM).

Por último, la sentencia advirtió que el interés vital del Estado por la educación no podría justificar una discriminación de las características señaladas, sin incurrir en una interpretación que tensiona el sistema educativo con los derechos de las personas mayores a participar activamente en él ya que el enfoque correcto es el inverso, que busca la complementariedad entre la vejez y la educación.

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Es inconstitucional la norma que impide a mujeres mayores a 60 años participar en concursos docentes