El Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones n° 3, del departamento judicial de Cipolletti, Río Negro, a cargo de Soledad Peruzzi, hizo lugar a una acción de repetición de una empresa contra un exdependiente que no le había devuelto un monto extra que le había transferido por error al depositar la liquidación final.

En el caso “Tacker SRL c/ B.,R.E. s/ repetición (ordinario)”, la actora promovió una demanda de repetición contra el demandado por $800.000, más intereses, gastos y costas.

Manifestó que solicitó una mediación previa en donde no lograron las partes alcanzar una solución autocompositiva, dando lugar a la judicialización de la cuestión.

En concreto, el demandado trabajaba como enganchador, hasta que en septiembre de 2020 renunció. La empresa decidió hacerle la liquidación final, por la que le correspondían unos 100 mil pesos. Pero, además, le brindó una “gratificación extraordinaria por cese” que ascendía a 250 mil pesos más. El gerente de relaciones laborales intercambió mensajes mediante WhatsApp con el empleado y acordaron el depósito de los 350 mil pesos.

Depósito de más sin devolución

La confusión comenzó cuando, paralelamente, la empresa firmó un acuerdo de desvinculación con otro agente, comprometiéndose a pagarle 800 mil pesos. Pero a la hora de transferir, “por un error involuntario” del área de Recursos Humanos, le transfieren todo al primer trabajador. En total, 1.150.000 pesos.

La actora agregó que, cuando le reclamó la devolución, el exdependiente señaló que ya no tenía el dinero porque, al otro día de verlo depositado, lo retiró por caja y se compró un camión. La firma, dedicada a desarrollar, fabricar y alquilar herramientas y equipos para la industria del petróleo, le inició un juicio.

Para la actora, de los hechos narrados se advertía que “existió una traslación de dinero del actor al demandado desprovista de toda causa, efectuada por error, mediando un enriquecimiento sin causa por parte del demandado”, por lo que solicitó que se haga lugar a la demanda.

El trabajador reconoció el acuerdo de renuncia y el depósito de dinero de más, pero dijo que el banco se lo había debitado. Sin embargo, la entidad bancaria probó que hombre extrajo un millón cien mil pesos en efectivo. Con el saldo hizo compras con tarjeta de débito.

Devolver lo recibido sin causa

Al analizar el caso, la jueza aseguró que “la empresa alega y prueba haber depositado al demandado una suma invocando un error como causa de esa entrega, y en consecuencia solicita su restitución”.

En ese sentido, entendió que “ninguna duda cabe que en este caso están presentes como presupuestos fácticos aquellas condiciones exigidas para que funcionen las previsiones del Art. 1796 del Código Civil y Comercial” sobre enriquecimiento sin causa.

“En las transferencias del monto debido por la finalización de la relación de dependencia, la causa de la obligación se extinguió con el depósito de los $350.000, de allí que el otro importe de $800.000 -también depositado- no respondía a esa relación o a ninguna otra causa existente; lo que, conforme habilita la normativa de fondo, hace nacer una obligación de restituir para quien lo recibió”, explicó la magistrada.

Tanto en doctrina como en antecedentes jurisprudenciales se presenta clara esa distinción, que delinean la procedencia de la obligación de restituir algo recibido sin causa, ante el requerimiento de quien lo entregó, remarcó la magistrada.

“Se trata de un principio jurídico que busca evitar que alguien pueda enriquecerse a costa de otro sin razones fundadas, y la acción que se otorga al perjudicado por la disminución o el empobrecimiento tiene como finalidad restituir ese equilibrio patrimonial alterado”, agregó.

“En la actualidad, el enriquecimiento sin causa es considerado una fuente autónoma de obligaciones, que proviene directa e inmediatamente de la ley como obligación ex lege. Consecuentemente, el nuevo ordenamiento vigente dejó de lado la metodología utilizada por Vélez Sarsfield, y optó por dedicar un capítulo al tratamiento de la figura, estableciendo las reglas del enriquecimiento sin causa, de manera especial y unificado, en lugar de considerarlo en supuestos aislados. El capítulo se integra por dos secciones; una primera que contempla las disposiciones generales en dos artículos, y una segunda que analiza, en cuatro artículos, los casos de pago indebido, cuándo procede la repetición, sus alcances y situaciones especiales”, añadió la jueza.

“El pago de lo indebido también se produce cuando una persona paga por error a otra una suma que no tiene ninguna causa, y por lo tanto quien recibió ese pago debe restituirlo”, enfatizó.

Devolución a valor actualizado

La vía legal para obtener esa devolución, está prevista en el art. 1798, que brinda una solución concreta ante el pago indebido: la posibilidad de ejercer la repetición a fin de que sea restituido lo recibido, según las reglas de las obligaciones de dar para restituir, las que se encuentran contempladas en los art. 759 a 761, destacó la magistrada.

El principio general de las obligaciones de dar para restituir ordena que deberá el deudor entregar la cosa debida al acreedor, quien por su parte puede exigirla, explicó. Sin perjuicio de ello, en caso de tratarse de obligaciones dinerarias, se regirán por las reglas de las obligaciones de dar dinero.

“Se destaca, con relevante incidencia para decidir este litigio, que ante esa prueba contundente que respalda la plataforma fáctica que como sustento de su pretensión expusiera la actora, en nada ha sido ni rebatido ni demostrado lo contrario por parte del accionado. En consecuencia, su intento defensivo, endilgándole a la entidad bancaria haber efectuado una conducta enderezada a detraer esa suma de su cuenta, denunciando que fue debitado inmediatamente ese monto depositado por error por parte de la exempleadora; choca con lo comprobado en autos”, concluyó.

De esta manera, hizo lugar a la acción de repetición y, tomando en cuenta la conducta del demandando, consideró que, tomando en cuenta los intereses, debía proceder por la suma de 2.843.256 pesos.

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Error al depositar la liquidación final