El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos revocó una sentencia y rechazó la acción de amparo interpuesta por los padres de un menor de edad con discapacidad, quienes pretendían que se le garantice cursar el nivel del sexto grado de educación primaria.

Para los magistrados, no se podía afirmar -en el reducido marco del amparo- que la decisión de promover -o no- de grado al menor sería más beneficioso para él, mejoraría o empeorará su situación, por lo que se requería de un análisis integral, con mayor debate y prueba.

En el caso “P. H. O. D. y P. M. en nombre y representación de su hijo L.P. c/Escuela 'El Principito' y C.G.E. Provincia de Entre Ríos -Dirección Escuelas Privadas s/acción de amparo”, el conflicto se originó cuando la escuela decidió que el niño -con diagnóstico de “trastorno específico mixto del desarrollo”- continúe en quinto grado durante el ciclo lectivo 2025, a pesar de que sus padres solicitaron su promoción a sexto junto a sus compañeros.

Los progenitores alegaron que la negativa institucional afectaba no solo la trayectoria escolar del menor, sino también su integración social y emocional con el grupo con el que había compartido aulas desde el primer grado.

El juez de primera instancia hizo lugar al amparo y ordenó que el niño fuera promovido.

Señaló que la decisión de la escuela estaba teñida de una discriminación indirecta, disfrazada bajo el argumento del incumplimiento de metas pedagógicas, sin atender adecuadamente la situación de vulnerabilidad y el derecho a una educación inclusiva con apoyos razonables.

En ese sentido, puso énfasis en el impacto subjetivo de la medida sobre el niño: su sensación de exclusión, la frustración por quedar atrás respecto a sus pares, y el obstáculo que representaba para su integración emocional y social.

“Exigirle el cumplimiento curricular por sobre su evolución socioeducativa constituye una barrera más, y no un estímulo para su desarrollo”, sostuvo.

Tras los recursos interpuestos por los demandados, el fallo llegó al máximo tribunal provincial.

Tanto el Procurador General como el Defensor General de la provincia coincidieron en señalar que no se verificaba una violación manifiesta de derechos que justificara una vía judicial tan rápida y excepcional como el amparo, por lo que pidieron su rechazo.

El fallo del máximo tribunal entrerriano

Los jueces Daniel Carubia, Germán Carlomagno, Susana Medina y Claudia Mizawak destacaron que uno de los ejes del debate era si debía prevalecer el vínculo emocional del niño con sus compañeros o si la promoción escolar debía basarse exclusivamente en criterios pedagógicos.

En este punto, consideraron que el paso de grado exige la consolidación de aprendizajes mínimos, incluso cuando se trata de estudiantes con PPI (Proyecto Pedagógico Individual) y tuvieron en cuenta que el menor, según los informes educativos, no había alcanzado los contenidos nodales de 5º grado, ni siquiera en una versión adaptada.

Luego explicaron que la Ley Nacional de Educación 26.206 establece que el sistema debe garantizar el acceso, permanencia y egreso de estudiantes con discapacidad, mediante la adopción de estrategias y apoyos adecuados.

Y a nivel provincial, la Resolución 3750/21 del CGE especifica que cada institución es responsable de la trayectoria educativa del alumno y de la implementación del PPI, en diálogo con los equipos interdisciplinarios, pero sin que estos últimos sustituyan su criterio pedagógico.

Derechos del niño y la función de la escuela

“Promover al alumno solo para preservar vínculos afectivos sería desnaturalizar el proceso educativo y renunciar a garantizar su derecho a aprender”, sostuvieron los jueces.

Subrayaron que el niño fue evaluado de forma personalizada, con intervención de profesionales externos, y que la decisión de permanencia no fue una sanción, sino una estrategia pedagógica con fundamento técnico.

En ese punto, tuvieron en cuenta que la escuela presentó una profusa documentación de seguimiento del alumno, las reuniones con la familia, las actas con profesionales y las estrategias aplicadas. Según ese material, el menor había tenido avances parciales, pero no lograba sostener aprendizajes claves.

Además, destacaron que se registró la falta de acompañante pedagógico durante cinco meses, responsabilidad que, según la escuela, recaía en la familia.

Desde esta perspectiva, sostuvieron que la decisión de la escuela no fue arbitraria ni discriminatoria, sino ajustada a derecho y a la realidad concreta del alumno.

“Mal pueden pretender los progenitores que el niño sea promovido a 6to. grado en el ciclo lectivo, circunscribiéndose exclusivamente en la dimensión emocional del mismo (consistente en los lazos afectivos o vínculo que ha construido con sus compañeros), ya que la real inclusión dentro de una escuela común de enseñanza debe indefectiblemente contemplar el aprendizaje de contenidos acorde a las posibilidades y potencialidades que el estudiante discapacitado presenta, a fin de respetar y hacer valer su derecho a la educación, en post de lograr una verdadera inclusión escolar”, explicaron.

Y añadieron que “no se constataba ilegitimidad ni arbitrariedad alguna de la decisión tomada por el establecimiento escolar de no garantizar la promoción de un niño discapacitado al grado siguiente, en tanto está respaldada por la amplia y fundada documental acerca del seguimiento, entrevistas e informe final”.

“Lejos de consistir en la mera satisfacción del deseo inmediato del niño o de su familia, el interés superior se define como aquella condición que garantiza su desarrollo integral, conforme a su evolución madurativa, situación personal y contexto educativo y social”, remarcaron.

Para el máximo tribunal provincial, el amparo es inapropiado cuando hay que ponderar evidencia técnica, evaluar procesos de aprendizaje y escuchar a múltiples actores.

Así, rechazaron el amparo porque “sin una certeza clara sobre qué es más beneficioso para el niño, no puede adoptarse una decisión judicial dentro del margen acotado que impone esta acción”.

Aunque dicha acción fue rechazada, dejaron en claro que los padres del menor pueden seguir su reclamo por otras vías judiciales más adecuadas, las que permitirían una revisión más amplia, con posibilidad de producción de prueba y cautelares.

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