La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ratificó un fallo que hizo lugar al despido en que se colocó una empleada porque no le otorgaron tareas livianas luego de que su médico le diera el alta, tras una enfermedad no atribuible a su empleo.

La empresa, en el caso “Romero Cano, María Luz c/Citytech S.A. y otro s/despido”, argumentó que no negó tareas, sino que previo a la reincorporación pretendía ejercer el control médico previsto por la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) y que, ante la negativa de la actora, decidió notificar en forma fehaciente la entrada en período de reserva de puesto.

De acuerdo a los elementos aportados a la causa, la mujer fue citada a control médico de conformidad con la prevista en el art. 210 de la LCT para el día 23 de marzo de 2018 de acuerdo con los telegramas remitidos los días 19 y 21 de marzo de 2018; sin embargo la comunicación recién fue recepcionada por ella el día 26 de marzo de dicho año. La firma adujo que el período de licencia paga se encontraba vencido desde el 1 de marzo.

El vínculo laboral entre las partes quedó disuelto por voluntad de la trabajadora el 23 de abril de 2018, quien reclamó las indemnizaciones por despido incausado. El tribunal de primera instancia hizo lugar al pedido, por lo que la decisión fue apelada por la empleadora.

Los jueces de la sala X precisaron que no existió ninguna prueba que corrobore que al 1 de marzo de 2018 se encontrara vencido el período de licencia paga previsto en el art. 208 de la ley de contrato de trabajo.

Y agregaron que “ante un eventual incumplimiento de la trabajadora a someterse al control médico requerido por la patronal, no puede colegirse que la subordinada continuara enferma y que en virtud de ello la empleadora dispusiera sin más la reserva de puesto de la misma de acuerdo a lo dispuesto en el art. 211 de la ley de contrato de trabajo”.

A su vez, los jueces Leonardo Ambesi y Gregorio Corach explicaron que “si la empleadora consideró que no pudo ejercer el control establecido en el art. 210 de la LCT por la propia culpa de la trabajadora, debió intimar fehacientemente a que se reincorporara a prestar servicios o fijar medidas disciplinarias que estimara correspondientes”, resaltando que “no se desconoce la facultad que tiene la empleadora de realizar los controles médicos, sino que lo que se le cuestiona es el ejercicio abusivo de las facultades conferidas por el art. 210, es decir, la actitud asumida por la empleadora ante la falta de realización de controles médicos”.

De esta manera, señalaron que “los elementos probatorios obrantes en autos resultan suficientes a los fines de tener por acreditados concretamente los hechos invocados en la comunicación rupturista por lo que la causa denunciada luce ajustada a derecho de conformidad con lo establecido en el art. 242 de la ley de contrato de trabajo”.

“Desde otro ángulo no cabe distinguir allí donde la ley no distingue. De lo contrario se beneficiaría la conducta de un empleador, que provocando y forzando una situación injusta en perjuicio del trabajador, resultaría económicamente beneficiado por el solo hecho de que evitó definir la irregular situación laboral que el mismo generó. A ello cabe añadir que la trabajadora, para cobrar la indemnización correspondiente tuvo que iniciar la acción judicial”, concluyeron.

En el artículo “La reserva de puesto y sus posibles contingencias”, publicado en Erreius on line, Verónica L. Ianovsky señaló que “el principio de continuidad en el empleo constituye una de las claras manifestaciones de uno de los principios que rigen el derecho laboral”.

“Es uno de los tantos dispositivos técnicos que se utiliza para privilegiar la persistencia de los contratos de trabajo, más allá de las contingencias que estos puedan sufrir”, enfatizó.

“A fin de preservar la seguridad jurídica y evitar que la cuestión continúe abierta indefinidamente, lo mejor resultará notificar fehacientemente la decisión de no continuar el vínculo, ya que el paso del tiempo podrá generar confusiones y un camino seguro a los Tribunales. En ese caso deberá ser evaluada cada situación en particular, a fin de determinar si la situación quedaría encuadrada o no en la figura de abandono prevista en el artículo 241 de LCT”, agregó Ianovsky.

En ese punto, destacó que “el empleador tiene derecho al control del estado de salud del trabajador. Ese mismo derecho puede ejercerlo durante el plazo de reserva de puesto y, más aún, ante el alta otorgada por el médico del trabajador”.

En caso de discrepancia médica, se adoptará el mismo criterio que en el período anterior, resultando razonable privilegiar la opinión del médico particular del trabajador que es el profesional a cargo del tratamiento y debiendo, preferentemente, concurrir ante un tercer profesional, en caso de ser necesario.

Enfermedad inculpable: condenan a empresa por no ejercer el control médico de manera adecuada