La Justicia Federal de San Martín prolongó por otros 6 meses la medida cautelar que suspende la aplicación de los artículos 131 y 133 de la Ley de Modernización Laboral (27.802) respecto de los convenios colectivos vinculados a la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS).

La decisión fue adoptada el 4 de noviembre por el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N.º 2 de San Martín, al considerar que continúan vigentes las circunstancias que motivaron el dictado de la medida original.

El conflicto se inició a partir de una acción de amparo presentada por el Sindicato de Empleados de Comercio de San Martín contra el Estado Nacional. La entidad cuestionó la constitucionalidad de los artículos 131 y 133 de la reforma laboral por entender que sus disposiciones podían afectar la negociación colectiva y el financiamiento de las organizaciones sindicales.

En particular, el artículo 131 modificó el régimen de ultraactividad de los convenios colectivos, al establecer que, una vez vencidos, se mantienen las cláusulas normativas, mientras que las obligacionales requieren un acuerdo de partes para continuar vigentes.

Por su parte, el artículo 133 fijó límites a los aportes y contribuciones convencionales: un máximo del 0,5% para los destinados a entidades vinculadas con empleadores y del 2% para los correspondientes a asociaciones sindicales, con exclusión de las cuotas de afiliación. El sindicato sostuvo que estos cambios podían comprometer la continuidad de determinadas cláusulas y reducir los recursos gremiales.

En ese contexto, el 27 de marzo de 2026, el juzgado hizo lugar a la medida cautelar innovativa y dispuso suspender la aplicación de ambos artículos respecto del CCT 130/75 y de los convenios colectivos de actividad, subactividad y empresa articulados con este, suscriptos por FAECYS, entre ellos los CCT 781/20 y 547/08. Asimismo, ordenó mantener la plena vigencia y exigibilidad de todas las cláusulas convencionales, tanto normativas como obligacionales, especialmente las referidas a aportes y contribuciones sindicales.

La resolución original había instaurado una vigencia de 6 meses. Sin embargo, ante el pedido de la parte actora y considerando que subsisten las circunstancias que justificaron su dictado, el magistrado resolvió extenderla por el mismo plazo, en los mismos términos. El expediente continúa en revisión ante el Tribunal de Alzada, por lo que la prórroga no implica una sentencia definitiva sobre la constitucionalidad de los artículos cuestionados. En consecuencia, no se altera el alcance de la suspensión ni se habilita la aplicación de las disposiciones cuestionadas a los convenios comprendidos: se mantiene el mismo esquema de protección cautelar mientras continúa el trámite judicial.

Empleados de Comercio: la Justicia prorrogó por 6 meses la cautelar sobre la reforma laboral