En un proceso de alimentos, la Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen confirmó una decisión de primera instancia contra el abuelo de un menor de edad y aplicó intereses sobre alimentos provisorios adeudados, elevó la cuota tomando la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y decretó el embargo sobre los créditos de un juicio laboral, para asegurar el pago de lo adeudado y las cuotas futuras por un año, mientras el obligado consigue otro trabajo.

En el caso “R., N. L. c/ G., H. F. y otro s/ Alimentos”, el abuelo paterno apeló una serie de decisiones del Juzgado de Paz Letrado de Daireaux, entre ellas, los intereses aplicados a la deuda alimentaria, por no ser solicitados en la demanda.

También cuestionó la elevación del valor de la cuota de alimentos provisorios que tomó como parámetro la Canasta Básica Alimentaria del INDEC, y el embargo decretado tanto sobre los créditos por percibir en un juicio laboral como de dos vehículos, que pretendían asegurar no solo el pago de la deuda, sino también de los alimentos futuros de todo el año.

La cuota alimentaria se había fijado en $19.817,78, pero cuando la actora practicó planilla por los alimentos adeudados o pagados parcialmente, incluyó intereses y pidió actualizar la misma conforme la CBA para que no quede por debajo de la línea de indigencia.

El magistrado aprobó la misma y elevó la cuota a $78.552,46 siguiendo el parámetro solicitado.

Cuota alimentaria del nieto: los cuestionamientos del abuelo

El abuelo cuestionó la liquidación, alegó que esos intereses no se pidieron en la demanda y remarcó que un número mayor pondría en riesgo su subsistencia y la de sus hijos y nietos convivientes.

Además, apeló los embargos por $255.913,17 de alimentos adeudados y $942.629,63 por la cuota alimentaria debida en los próximos 12 meses ($ 78.552 por mes), que, según el juez de primera instancia, le daba un “tiempo prudente para que el demandado consiga trabajo y pueda solventar la cuota”.

Dichos embargos se decretaron tanto sobre los créditos que el abuelo tenía en un juicio laboral, como sobre dos vehículos (moto y auto), aunque el demandado cuestionó que era excesivo, se tomaba la cuota aumentada (no firme) para el embargo, se extendía a vehículos lo cual no fue solicitado y además la resolución era posterior a la admisión del recurso por lo cual el juez perdía jurisdicción.

La resolución de la Cámara

Los magistrados Andrés Antonio Soto y Carlos Alberto Lettieri rechazaron cada uno de los agravios y confirmaron el pronunciamiento, salvo los embargos de oficio sobre los vehículos, el cual fue revocado.

Para los camaristas no había motivos para exonerar el pago de intereses cuando se trataba de una cuota alimentaria, cuya postergación implicaba relegar necesidades básicas que debían cubrirse diariamente, siendo intereses moratorios por falta de pago de cuotas posteriores a la resolución que las fijó.

Tampoco prosperaba el agravio sobre el aumento de la cuota, en tanto se seguía el parámetro fijado por la Cámara, donde tomando el parámetro de INDEC se buscaba que la misma no quede por debajo de la indigencia, siendo lo mínimo para cubrir alimentos en sentido estricto.

“El argumento que el embargo es improcedente por ausencia de deuda, no puede ser admitido. Ya que cuando se trata de cuota provisoria determinada, firme e incumplida, la deuda alimentaria así calificada es líquida, y en tanto vencida es exigible, e incumplida puede ser ejecutada”, añadieron.

Pero, si bien se entendió que los embargos dictados eran válidos porque al otorgarse el recurso con efecto devolutivo el juez no cesaba en su competencia, si consideraron que la extensión de oficio de los mismos sobre los vehículos no procedía ya que no fue solicitada por la parte actora, la que se había limitado a pedir el embargo de los fondos laborales.

El juez de primera instancia, según los camaristas, “nada dijo para justificar su proceder de oficio. Lo cual era necesario, no sólo desde la perspectiva del artículo 3 del CCyC desde que no se trata de una providencia simple, sino contemplando que el artículo 550 del mismo cuerpo, al indicar que ‘puede’ disponerse la traba de medidas allí previstas, no alienta pensar en una actuación oficiosa de la magistratura”.

“De consiguiente, como el cuestionamiento fue dado en función de un defecto congénito de la decisión que dispuso los embargos, o sea existente al momento mismo de ser ordenados y no en razón de circunstancias posteriores, la vía impugnativa idónea ha sido la apelación. Y siendo acertado el defecto señalado, corresponde hacer lugar al recurso y revocar ese tramo de la resolución”, concluyeron.

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