En el marco de un juicio por daños y perjuicios, en el fallo “Paraná S.A. de Seguros s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado”, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Bs. As. admitió parcialmente la queja y revocó la decisión de la Sala H de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, que había dispuesto la aplicación de la tasa activa del Banco Nación desde el hecho hasta la sentencia.

Hechos

A raíz de un accidente de tránsito, la persona embestida inició demanda por daños y en primera instancia se declaró la responsabilidad del demandado, extendiéndose la condena a su aseguradora, citada en garantía.

La Cámara Civil decidió aplicar desde el hecho y hasta el efectivo pago la tasa activa del Banco Nación. Para ello, se basó en la doctrina plenaria “Samudio”, entendiendo que la tasa activa evitaba beneficios al deudor moroso y sostuvo que la reparación integral exigía preservar el valor real de la condena.

También concluyó que no existía enriquecimiento indebido para la víctima y que la tasa pura fijada por la Corte en “Barrientos” no era adecuada para el caso.

La citada en garantía interpuso recurso de inconstitucionalidad alegando que la tasa de interés impuesta era arbitraria, contrariaba la doctrina “Barrientos”, producía un efecto indexatorio indebido y violaba su derecho de propiedad. Frente a la denegatoria del recurso, presentó una queja ante el Tribunal Superior de Justicia.

Lo que resolvió el TSJ

La controversia giró en torno a la compatibilidad entre indemnizaciones fijadas a valores actuales y la aplicación de tasas activas, criterio que la Corte Suprema había descalificado en el precedente “Barrientos” (Fallos: 347:1446). El TSJ consideró que tal combinación provoca un enriquecimiento indebido y vulnera el derecho de propiedad.

El Tribunal sostuvo que, para el período anterior a la cuantificación del daño, corresponde aplicar una tasa “pura” que compense solo la privación del uso del dinero, evitando duplicar la actualización monetaria. Por ello, ordenó aplicar la tasa del 8% anual fijada en primera instancia.

En cambio, ratificó la validez de la tasa activa para el tramo posterior a la sentencia, donde la obligación ya está nominada en pesos, conforme al art. 768 del Código Civil y Comercial.

Este pronunciamiento refuerza la doctrina sobre intereses en contextos inflacionarios y la necesidad de armonizar reparación integral con límites constitucionales, evitando resultados desproporcionados.

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