Contexto y objetivos de la reforma

El proyecto de ley sobre inviolabilidad de la propiedad privada impulsa una reforma con foco en fortalecer la seguridad jurídica, modernizar procedimientos y redefinir el rol del Estado en materia de expropiación, vivienda y tierras.

La iniciativa introduce modificaciones en múltiples normas como la Ley de Expropiaciones, el Código Procesal Civil y Comercial, el régimen de tierras rurales, la Ley de Manejo del Fuego y el sistema registral inmobiliario.

Expropiaciones: más límites y criterios objetivos

Uno de los ejes centrales es la redefinición del régimen expropiatorio. Se establecen criterios más estrictos para declarar la utilidad pública, que deberá ser específica, proporcional y necesaria.

En materia indemnizatoria:

Se reconoce el valor de mercado del bien como base principal.
Se incluyen daños directos y, en ciertos casos, lucro cesante limitado.
Se fija actualización por inflación (IPC) más tasa de interés.

Además, se refuerza el rol del Tribunal de Tasaciones de la Nación y del control judicial en la determinación del valor.

Por su parte, el dictamen alternativo introduce una innovación relevante: la categoría de “grandes expropiaciones”, que exigiría consulta popular previa en proyectos de alto impacto social o ambiental.

Desalojos: procedimiento más ágil pero con garantías

La reforma del proceso de desalojo apunta a la celeridad judicial, estableciendo el trámite sumarísimo como regla.

Entre los cambios destacados:

Posibilidad de restitución anticipada del inmueble en casos de intrusión
Regulación específica para situaciones de mora en alquileres.
Incorporación de medidas para identificar ocupantes y agilizar notificaciones.

Al mismo tiempo, se incorporan mecanismos de protección para personas vulnerables, obligando la intervención de organismos sociales antes del lanzamiento.

El texto establece que “en caso donde se acredite la presencia de menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo, el juez, previo a ejecutar el lanzamiento, deberá darle intervención obligatoria a los organismos de protección locales y al Ministerio Público Tutelar, disponiendo un plazo prudencial que no excederá de DIEZ (10) días para asegurar una alternativa habitacional transitoria, sin perjuicio de la continuidad del proceso.”

Tierras rurales: cambios en límites a la titularidad extranjera

La reforma del régimen de tierras rurales redefine el equilibrio entre inversión y soberanía:

Se flexibilizan algunos límites en el proyecto original, otorgando mayor rol a las provincias.
En contraste, propuestas alternativas refuerzan restricciones, especialmente en zonas estratégicas (agua, recursos naturales, fronteras).

También se prohíben esquemas de titularidad indirecta o simulada, fortaleciendo los controles.

Manejo del fuego: debate ambiental y productivo

En materia ambiental, la reforma busca equilibrar protección ecológica y uso productivo del suelo:

Se revisan las prohibiciones de cambio de uso tras incendios.
Se refuerzan mecanismos de prevención, control y restauración ambiental.

El dictamen alternativo propone incluso mayores plazos de protección y controles más estrictos.

Registro inmobiliario: digitalización y modernización

La norma impulsa una transformación tecnológica del sistema registral, con medidas como:

Incorporación de firma digital y documentación electrónica.
Creación de la Ventanilla Única Federal Inmobiliaria.
Desarrollo de redes digitales para información registral.

El objetivo es reducir tiempos, costos y mejorar la transparencia y trazabilidad de las operaciones.

En definitiva, el debate legislativo se centra en cómo equilibrar el derecho de propiedad con el interés público y los derechos sociales, en un contexto de alta complejidad económica y territorial.

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