Por: Jorge O. Frega

Presidente del Colegio de Abogados de Morón

I - Concepto de acción directa

Debemos comenzar por analizar, primero, el concepto de acción directa en general y cómo funciona en toda la organización jurídica y, luego, podremos adentrarnos en la noción vista desde el derecho de seguros, en particular, el de responsabilidad civil. Es este último donde cobra vital importancia, ya que en los demás la ley reconoce una acción especial, la subrogatoria, en su artículo 80, pero que en realidad se encuentra más relacionada con la acción de repetición que con la clásica subrogación del derecho privado.

La evolución del concepto de acción en general ha tenido distintos matices, ellos surgen de las diversas teorías relacionadas con su real naturaleza jurídica. Así, podemos distinguir entre la doctrina tradicional y la moderna. Ambas se fundan en posiciones marcadas y totalmente diferentes. La postura tradicional tiene, a su vez, dos visiones: la que entiende a la acción como el mismo derecho subjetivo material alegado ante el órgano jurisdiccional y la que la considera como un atributo o elemento del derecho material.

En el concepto moderno, se concibe a la acción como una entidad jurídica independiente. A eso se lo denomina “autonomía”. Ella es aceptada por la doctrina con distintos alcances. Para algunos, es considerada como un derecho concreto dirigido a la obtención de una sentencia favorable y que solo pertenece a los efectivos titulares del derecho subjetivo sustancial. Otros entienden que la acción es un derecho abstracto a la tutela jurídica. En tal sentido, nos dice Palacio que es “un derecho público subjetivo que corresponde a todos los ciudadanos por el solo hecho de serlo y cuyo objeto consistiría, simplemente en la prestación de la actividad jurisdiccional, cualquiera sea el contenido”.

El objeto de este instituto ha sido el de facilitar el acceso a un derecho de manera más inmediata y cierta. Se ha instituido para ciertas situaciones jurídicas en las que el titular de la misma se vería impedido de acceder a una composición adecuada de su interés, si ella no existiera.

Tal cual lo expresan Alterini, Ameal y López Cabana, la acción directa es la que compete al acreedor para percibir de un tercero lo que este adeuda de su deudor: A, acreedor de D, puede percibir de T lo que este le debe a D. Debe tenerse especialmente en cuenta, no obstante, qué denominación puede resultar equívoca, que tal acción “directa” supone tres sujetos: el acreedor, su deudor y el tercero deudor de este último; por consiguiente, no hay acción directa cuando el acreedor encara de modo inmediato a su propio deudor.

Podemos advertir que, ya en el Código Civil, la acción directa fue reconocida por medio de diferentes artículos: 1591, 1592, 1593, 1594 y 1601, incisos 2) a 4), respecto del sublocatario contra el locador y de este contra aquel; el artículo 1645 lo hace en favor del obrero a quien suministra materiales contra el propietario de la obra, por lo que este adeuda al empresario. Los artículos 1927 y 1928 del derogado Código establecían la acción directa entre el mandante y el sustituido en el mandato; en el artículo 1929, la subrogación en los derechos del mandatario que obró en propio nombre. En la evicción, la que otorgaban los artículos 2096 y 2109 del Código Civil que se trata de una acción directa, ya que aseguraba sus efectos sin recurrir a la ficción de cesión presunta.

En el mismo ordenamiento del seguro, aparece un importante antecedente que funcionó durante mucho tiempo: es el artículo 7 de la ley 9688, la más antigua en regulación de los accidentes laborales y que funcionaba como seguro de responsabilidad civil del patrón frente al trabajador; se otorgaba expresamente la acción directa contra el asegurador de aquel.

Respecto de las garantías reales, el artículo 3110 del Código Civil, como el artículo 4 de la ley de prenda agraria y el artículo 2 de la ley 929, de warrants establecieron la acción directa de los acreedores privilegiados, contra el asegurador de la cosa gravada.

Por su parte, en el artículo 2780 del Código Civil se concedía al propietario a perseguir al adquirente del no propietario, por el saldo del precio que adeude, solución al supuesto del comodato y de venta por el depositario de la cosa depositada.

En el ámbito de la crisis de la empresa, vemos cómo, actualmente, el derecho concursal otorga acción directa contra el subadquirente del fallido, por la parte del precio debido en el caso del artículo 141 de la ley 24522 de concursos y quiebras.

Luego, con la profunda reforma del derecho privado acaecida con la sanción del nuevo el Código Civil y Comercial de la Nación, aprobado por ley 26994, es particularmente legislada en su artículo 736 y siguientes; el primero la define como aquella que “compete al acreedor para percibir lo que un tercero debe a su deudor, hasta el importe del propio crédito. El acreedor la ejerce por derecho propio y en su exclusivo beneficio. Tiene carácter excepcional, es de interpretación restrictiva, y solo procede en los casos expresamente previstos en la ley”.

El mismo cuerpo legal establece, en diversas oportunidades, la acción directa. Así, es establecida por los artículos 1216 del referido Código legal para el locador contra el sublocatario y recíprocamente de este último para el primero. Frente al supuesto de sustitución del mandato, se le otorga la acción directa al mandante respecto del sustituto (art. 1327, CCyCo.). En igual manera, el artículo 1605 del mencionado Código la establece al tercero beneficiario; se constituye en acreedor de la renta desde su aceptación y tiene acción directa contra el deudor para obtener el pago de la renta vitalicia.

Como podemos advertir, la ley procura lograr una facilitación en el acceso al cumplimiento de una obligación que originariamente corresponde a un tercero, pero que le ha sido concedida por vía del ordenamiento normativo.

Se la puede definir como “facultad de demandar o reclamar el cumplimiento de la obligación al deudor de su deudor sin necesidad de que lo obtenido haya de pasar por el patrimonio del deudor intermedio”. Sin embargo, tal definición no alcanza el análisis de cómo ejercerla, cuáles son sus limitaciones y excepciones.

Doctrinariamente, se reconoce que existe cierto parecido entre la acción directa y la estipulación a favor de tercero, con la diferencia principal en su nacimiento, tal como señala.

En tal sentido, en la estipulación a favor de terceros, existe una relación entre dos otorgantes, llamada relación de cobertura, donde el estipulante ha celebrado el contrato con el objeto de favorecer a un tercero y el promitente u obligado se compromete a cumplir la prestación a favor del tercero. De esa relación contractual que se encuentra sujeta a los principios generales de los contratos y especiales del tipo del que se trate, nace un derecho para el tercero que, como tal y como es obvio, no es parte del mismo, aunque obtiene un beneficio de él.

Y además:

II - El seguro de responsabilidad civil. El sentido de la acción directa en el seguro. Su función práctica
III - Autonomía. Sus distintas formas y su falta
IV - Relación entre autonomía y citación en garantía

Este artículo fue publicado en 'Temas de Derecho Comercial Empresarial y del Consumidor' de Erreius

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