La ley de procedimientos tributarios – Ley 11.683 – estableció en la parte pertinente del art. 38 la denominada multa automática por falta de presentación de declaraciones juradas la cual asciende a $ 200, elevándose a $ 400 en el caso de personas jurídicas.

Al respecto, los importes fueron fijados por la Ley 25.795, publicada en el Boletín Oficial el 17 de noviembre de 2003. En este sentido, deben recodar que por aquel entonces, el tipo de cambio del dólar estadounidense era de 2,7650, siendo al día 20 de junio de 2025 de 1153,0000 lo que implica un incremento 41.699%

Asimismo, si se toma como referencia el incremento notorio de este tipo de divisa, las multas actualizadas darían los siguientes valores: $ 83.400 personas humanas y $ 166.800 personas jurídicas, aproximadamente.

En este contexto, se ha conocido el proyecto de ley enviado al Congreso de la Nación conocido como “principio de inocencia fiscal”, el cual busca entre otras cuestiones:

Incrementar los montos objetivos de punibilidad de la ley penal tributaria.
Reducir el plazo de prescripción de los tributos en el orden nacional y local, aparte de actualizar las multas por delitos tributarios de la ley de procedimientos.
Instaurar un régimen simplificado de ganancias, con un régimen de fiscalización restringido, tanto para ganancias como para el impuesto al valor agregado.

Esta propuesta tiene por fin otorgar seguridad jurídica a la batería de medidas que se han implementado.

A su vez, el referido proyecto prevé la actualización de los castigos fiscales, entre ellas, las relativas a la multa automática por falta de presentación de las declaraciones juradas elevándola a $ 220.000 en caso de personas humanas y $ 440.000 para personas jurídicas.

En este orden de ideas, si bien es cierto que se necesitaba una razonable actualización como factor tendiente a incentivar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, aún se cree que elevarlas de una manera descomunal carecería de todo sentido. Aparte que se estaría vulnerando el principio penal de proporcionalidad de la pena.

Si bien es sólo un proyecto, en este punto sería conveniente:

Que el importe de las multas guarden relación en cuanto a su incremento con variables razonables de la economía.
Que el total no sea fijo, sino que se fije en base a un parámetro para que se vaya actualizando en el tiempo siempre de una manera razonable.
Que se establezca la posibilidad ante el incumplimiento, de un tiempo adicional de al menos 2 o 3 días hábiles, para subsanar la omisión de falta de presentación.
Que se estipule la posibilidad de alegar la eximición de la pena ante problemas sistémicos de la página de ARCA, que tan recurrentemente se presenta.

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