Por: Richard Amaro Gómez

Puede existir por ley un bloqueo fiscal. En este sentido, en la década de los 90' se sancionó la Ley 23905 que incluyó uno, en el cual se autorizó al Poder Ejecutivo a disponer en ciertas circunstancias que la fiscalizaciones se limiten al último periodo anual manteniendo, mientras no existan ajustes, una presunción iure et de iure (que no admite prueba en contrario) en relación a la exactitud de las demás declaraciones juradas por el resto de los períodos anteriores no prescriptos.

En definitiva, un bloqueo fiscal es un régimen especial de fiscalización en virtud del cual se limita a un cierto lapso fiscal, quedando a salvo los anteriores no prescriptos, salvo que se hallen ajustes.

Lo expuesto es diferente a la existencia de un tapón fiscal, en el cual por regularizarse activos a una determinada fecha, se libera de consecuencias fiscales a aquellos activos ocultos que hayan existido en etapas fiscales anteriores y que ya no se pueden sincerar por no existir a la fecha de regularización. Lo señalado se pueden reflejar con un simple ejemplo: un contribuyente que tenía dos inmuebles adquiridos con dinero de operaciones marginales. Una de las casas existía a la fecha de regularización y se declara, pero la otra ya no existía a ese momento porque se enajenó en años anteriores. Al respecto, por el bien regularizado gozará de los beneficios de exoneración de impuestos en la medida de lo declarado, entre otros; y por el inmueble que no existía a la fecha de regularización y que no puede regularizar gozará del tapón fiscal que le dará los mismos beneficios.

Ahora bien, es importante destacar que estos tapones fiscales no implican la limitación del poder de fiscalización de ninguna manera, dado que no se trata de un bloqueo fiscal, sino más bien de un beneficio adicional por bienes que estuvieron ocultos en el pasado, y que en caso de detectarse quedarán liberados de impuestos y sanciones.

Así las cosas, el proyecto del Régimen de Reparación Histórica del Ahorro con sus ganancias simplificado no prevé un tapón fiscal, aunque si un bloqueo fiscal, en razón del cual se establece un régimen especial de verificación y fiscalización limitado. En este sentido, quienes adhieran al régimen de ganancias simplificado tendrán lo que se denomina presunción de exactitud, la cual consiste que se afirma, sin admitir en prueba en contrario, la exactitud de las declaraciones juradas de ganancias y del valor agregado de los períodos no prescriptos. Incluso, la presunción de exactitud se extenderá a los períodos no prescriptos en los que el contribuyente no hubiera estado obligado a presentar declaraciones juradas.

En este marco, esta presunción tendrá por excepción la impugnación de la DDJJ simplificada del último período fiscal declarado, cuando se detecte una discrepancia significativa en la información declarada.

Por otra parte, se considerará que existe una discrepancia significativa cuando se verifique alguna de las siguientes condiciones:

Si de la impugnación resulta un incremento de los saldos de tributos a favor del organismo o, en su caso, una reducción de los quebrantos impositivos o de los saldos a favor de los contribuyentes o responsables, por un porcentaje no inferior al 15% respecto de la declarada por el contribuyente.
Si la diferencia entre el gravamen declarado y el carga que resulte como consecuencia de la impugnación supera la suma de $ 100.000.000.
Si de la refutación realizada con motivo de la utilización de documentos apócrifos, resulta un incremento del saldo de impuesto a favor del fisco o, en su caso, una reducción de los quebrantos impositivos o de los saldos a favor de los contribuyentes o responsables. Ello siempre que no se rectifique la declaración jurada impugnada por esa circunstancia, ingresando la diferencia de impuesto más intereses.

Adicionalmente, a los efectos de evaluar si existe la discrepancia respecto de ganancias y del IVA, no serán aplicables las disposiciones relativas al incremento patrimonial no justificado.

No obstante, la extensión de la fiscalización a los períodos no prescriptos no resultará procedente cuando:

Se haya optado en un determinado período fiscal por la modalidad simplificada, en tanto se goce de los efectos de liberación del pago y de la presunción de exactitud, cuando en un período fiscal posterior no se encuentren comprendidos en el marco de dicha modalidad.
Se hayan adherido al Régimen de Regularización de Activos establecido de la Ley 27743, y por los períodos 2023, inclusive, y anteriores.

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