La empleada inició un reclamo en procura del cobro de unas sumas a las que se consideraba acreedora, con fundamento en las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). En su escrito, mencionó distintas irregularidades e incumplimientos en que incurrió su empleadora hasta que resultó despedida.

Indicó que se le abonó una suma en concepto de liquidación final que estimó insuficiente, habida cuenta de que no se consideró su verdadera categoría ni, por ende, su verdadera remuneración, por lo que reclama las diferencias salariales e indemnizatorias previstas en el ordenamiento laboral. Además, sostuvo que una compañera que realizaba sus mismas tareas tenía un salario más alto.

La sentencia de primera instancia resolvió que no se había demostrado que la demandada hubiese incurrido en una inobservancia del principio de “igual remuneración por igual tarea”, por lo que la dependiente apeló la decisión.

Los jueces de la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en el caso “Borsani, Pamela Mónica c/ Libertad S.A. s/ Despido”, recordaron, en primer lugar, que “el principio de igual remuneración por igual tarea es un precepto que responde a la necesidad de impedir, en general, todo tipo de discriminación salarial de los trabajadores, en función del sexo, edad, nacionalidad, creencias políticas o religiosas y cualquier otro tipo de diferencias”.

Los magistrados resaltaron que “la mentada igualdad salarial debe operar cuando la tarea desempeñada es de igual clase, en igual época, durante el mismo lapso, en iguales condiciones y para el mismo empleador, y bajo el mismo convenio colectivo”.

Sin embargo, los camaristas explicaron que “la Corte Suprema de Justicia de la Nación interpretó que la aplicación de este principio no impide que el empleador retribuya con un plus o con remuneraciones más altas la ‘mayor idoneidad, dedicación y servicios prestados’ por determinado obrero, pues este precepto constitucional invocado en los autos ‘Ratto c/ Productos Stani’ -luego incorporado al art. 81 de la L.C.T.- y, más tarde, en ‘Fernández Estrella c/ Sanatorio Güemes S.A.’ (23-08-88), tiene por objeto evitar todo tipo de discriminación injusta, pero no las distinciones sustentadas en méritos particulares”.

En ese punto, indicaron que la Corte también señaló que la garantía de igualdad ante la ley radica en consagrar un trato legal igualitario a quienes de hallen en una razonable igualdad de circunstancias, lo que impide que el legislador contemple en forma distinta situaciones que considere diferentes, en tanto dichas distinciones no se formulen con criterios arbitrarios de indebido favor o disfavor, privilegio o inferioridad personal o de clase o de ilegítima persecución.

En este caso, los jueces Néstor Miguel Rodríguez Brunengo y Graciela Carambia determinaron que “en el relato de los hechos efectuado en la demanda, la trabajadora no ha especificado -siquiera someramente- en qué consistían concretamente sus tareas para poder establecer si existía ‘identidad de situaciones’ respecto de la otra empleada”.

“La demanda laboral debe contener una pretensión fundada en el derecho del trabajo o que deriva de una vinculación laboral o incluso que es consecuencia de un hecho acontecido o generado en el marco del contrato de trabajo, aun cuando se funde en normas de derecho común”, explicaron los camaristas.

Y señalaron que “los testigos que han declarado tampoco acreditan los hechos invocados por la parte actora, incluso algunos de ellos se contraponen a su versión”.

“El reclamante tiene la carga de invocar claramente los hechos en los que funda su pretensión haciendo una exposición circunstanciada de los hechos configurativos de la relación jurídica en que se basa la petición judicial”, agregaron los jueces.

Es decir, deben describirse los hechos (y las omisiones o los hechos omisivos) que, previstos por las normas con efectos jurídicos, hagan operar la regulación jurídica del caso, pues no basta invocar simplemente un marco jurídico de una situación sin explicar los hechos cuyo encuadre legal se pretende. La claridad en esta exposición tiene importancia fundamental, pues pone en juego las garantías de congruencia y de defensa en juicio, ya que el demandado corre con la carga de negar o desconocer los hechos.

“De la lectura de las declaraciones producidas, debe inferirse que la sentencia ha tenido bien en cuenta los aspectos esenciales del contenido de la prueba testifical, ya que lo expuesto no excede los límites del objeto de la prueba, y resulta verosímil el hecho y la forma en que los testigos dijeron que llegó a su conocimiento”, concluyeron los magistrados al rechazar la demanda.

El abogado Julián de Diego, colaborador de la editorial Erreius, explica que “la discriminación remuneratoria consiste en un diverso tratamiento antifuncional y arbitrario, en virtud de pautas cuya referencia repugna al contenido de nuestra Constitución fundadas en razones de sexo, religión, raza, ideas políticas, filiación gremial, nacionalidad”.

Pero aclara que “esta discriminación toma como pauta referencial los salarios prescriptos en las convenciones colectivas de trabajo, ya que por encima de los montos en ellas contenidos se puede modificar la retribución por mayor eficacia, laboriosidad, contracción al trabajo, sobre el marco del bien común, que opera como fuente inspiradora de aplicación”.

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Fuente: Erreius.

El principio “igual remuneración por igual tarea” busca evitar la discriminación injusta, pero no las diferencias por méritos particulares