Mediante decreto 879/2024 publicado en el Boletín Oficial este jueves, el Poder Ejecutivo dispuso observar en su totalidad el Proyecto de Ley registrado con el Nro. 27757 sobre el régimen jurídico de financiamiento de las Universidades Nacionales, sancionado por el H. Congreso de la Nación el 12 de septiembre de 2024.

El Ejecutivo demoró más de tres semanas en tomar la decisión, cerca del límite de los diez días hábiles con los que cuenta para rechazar una ley sancionada.

Entre los argumentos expuestos en el decreto, el Gobierno advirtió que cumplir con lo dispuesto en la Ley de Financiamiento Universitario 'dificultaría gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas', ya que implicaría la necesidad de encontrar una fuente de financiamiento extraordinaria para cubrir los costos.

Qué establece el Decreto que vetó la ley de financiamiento universitario

El extenso decreto, publicado este jueves en el Boletín Oficial con la firma del Presidente y de todo su Gabinete, en el artículo 1 se dispone: 'Obsérvase en su totalidad el Proyecto de Ley registrado bajo el Nº 27.757', mientras que en el artículo 2 se señala: 'Devuélvase al H. CONGRESO DE LA NACIÓN el Proyecto de Ley mencionado en el artículo anterior'.

En los considerandos del decreto, el Gobierno detalló las razones del veto, argumentando que la ley proponía 'modificaciones que impactan en el régimen jurídico de financiamiento de las Universidades Nacionales', especialmente en lo relativo a gastos operativos y salarios del personal docente y no docente. Sin embargo, se destacó que el proyecto no contemplaba el impacto fiscal de dichas modificaciones ni especificaba la fuente de financiamiento, lo que violaría el marco normativo vigente.

El Ejecutivo citó el artículo 38 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera, que exige que cualquier ley que implique gastos no previstos en el presupuesto general debe indicar explícitamente los recursos destinados a su financiamiento.

Asimismo, se mencionó el reglamento del Senado, cuyo artículo 126 establece que todo proyecto que implique erogaciones debe incluir una estimación de costos y su correspondiente fuente de financiamiento. De lo contrario, el proyecto no debe ser discutido en las sesiones del cuerpo legislativo.

Además, el texto subraya que la prioridad del Poder Ejecutivo es lograr el equilibrio fiscal y garantizar su sostenibilidad a largo plazo. 'La responsabilidad asumida por el Gobierno Nacional es restablecer el orden de las cuentas públicas, estabilizar la macroeconomía y cuidar los escasos recursos con los que cuenta el Estado', concluye el decreto.

En Casa Rosada reconocen que aún no cuentan con el respaldo suficiente del partido Pro para sostener el veto en el Congreso. Sin embargo, confían en la labor del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien estaría negociando apoyos para asegurar la minoría necesaria que permita bloquear cualquier intento de la oposición de alcanzar los dos tercios de los votos necesarios para anular el veto, tal como sucedió en ocasiones anteriores, como el veto presidencial que frenó el aumento a los jubilados.

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Qué dice la ley de financiamiento universitario

El proyecto de ley, registrado bajo en N° 27757, aprobado por el Congreso el 12 de septiembre pasado, dispone una actualización del presupuesto universitario tomando como base la inflación del año anterior, según los datos del INDEC.

Además, prevé una indexación bimestral aplicando un coeficiente que combina un 50% de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), un 25% de la variación del dólar y un 25% de las tarifas de los servicios públicos.

También contempla una recomposición salarial para docentes y no docentes, basada en la evolución del IPC, pero subordinada a los acuerdos paritarios colectivos.

Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto fiscal de la ley para este año asciende a $738.595 millones, lo que representa un 0,14% del PBI.

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