El Poder Ejecutivo, a través del decreto 55/2025, disuelve el “Servicio de Conciliación Previa en las Resoluciones de Consumo” (COPREC), el “Registro Nacional de Conciliadores en las Relaciones de Consumo” y el “Fondo de Financiamiento”.

Recordamos que el COPREC se encargaba de intervenir en los reclamos de consumidores o usuarios sobre conflictos en las relaciones de consumo regidas por la ley de defensa del consumidor, cuyo monto no excediera un valor equivalente a 55 salarios mínimos, vitales y móviles.

¿Qué sucede con las cuestiones administrativas que se encuentran en trámite?

La norma dispone que las actuaciones iniciadas en el marco de lo dispuesto por la ley 26993 que se encontraren pendientes de resolución continúen siendo tramitadas y serán concluidas por la Secretaría de Industria y Comercio quien mantiene sus funciones en carácter de autoridad de aplicación del régimen que se deroga y por tanto puede aplicar las sanciones que correspondan.

En los considerandos de la norma se destaca que existen otros ámbitos e instancias que tienen la misma finalidad como el “Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo” (SCRC) en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y la mediación previa a todo proceso judicial con carácter obligatoria previsto en la ley 26.589 que busca promover la comunicación directa entre las partes para la solución extrajudicial de la controversia, previo a la interposición de demandas en el ámbito de la justicia nacional.

Registro Nacional de Conciliadores en las Relaciones de Consumo

La disolución del COPREC trae consigo la eliminación del Registro Nacional de Conciliadores en las Relaciones de Consumo que contiene el listado de profesionales encargados de llevar adelante los acuerdos a los que se llegase en el marco del COPREC.

Ante los rumores que habían surgido hace unos meses sobre modificaciones en el COPREC, el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal había expresado su preocupación por las consecuencias que podría traer a los conciliadores que trabajan de manera independiente en cuestiones de consumo y el cercenamiento del ejercicio profesional de los abogados en el ámbito de la conciliación prejudicial de consumo.

Finalmente el decreto elimina el “Fondo de Financiamiento” que tenía por finalidad solventar las notificaciones y el pago de los honorarios básicos de lo conciliadores.

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