La Sala F de la Cámara Nacional en lo Comercial, en los autos “Bilevich, Marcos Alejando c/Detwiler SA s/ordinario” confirma la sentencia que desestimó un pedido de nulidad de una asamblea de accionistas al considerar que el devenir de lo ocurrido en dicha reunión de socios, transcripto en el libro previsto a tales fines, fue convalidado en un todo por la Inspección General de Justicia a través de la emisión de un informe que tiene carácter de instrumento público, en el que el Inspector que asistió a dicha asamblea dictaminó que no existían motivos para declarar el acto irregular e ineficaz.

Hechos

El actor inició demanda contra la sociedad Detwiler SA, solicitando la declaración de nulidad de la asamblea celebrada al considerar que el acta confeccionada por la sociedad, cuya firma no le fue autorizada al tratarse el primer punto del orden del día, difiere considerablemente del acta de constatación labrada a su requerimiento por la escribana presente en el acto.

En este sentido, alegó discrepancias en el punto quinto del Orden del día en el que se decidió que los resultados del ejercicio se destinarían a una cuenta de resultados no asignados y respecto del punto octavo en relación al nombramiento del liquidador.

Fundó la nulidad del acto asambleario señalando que tanto en el acta societaria como en la notarial se trató un aumento de capital sin especificar monto ni cantidad de acciones a emitir, ni tampoco la causal de disolución sosteniendo que frente a las discrepancias habidas, debía estarse a las constancias del instrumento público, dada la eficacia probatoria que le atribuye el artículo 993 del Código Civil (vigente en dicho momento).

Sentencia de primera instancia

En primera instancia se desestimó el pedido del actor al juzgar que cabía otorgar plena validez y eficacia probatoria al acta de la asamblea confeccionada por la sociedad, desde que forma parte del expediente administrativo n° 1.742.544/7.334.916 tramitado ante la IGJ promovido a instancias del actor.

Agrega que asistió un inspector del organismo, quien dictaminó que no existían motivos para declararlo irregular e ineficaz (art. 1026 y 1035, inc. 3°, del Código Civil).

En relación a los planteos de nulidad, señaló que la acción fue iniciada una vez vencido el plazo trimestral establecido en art. 251 de la ley 19.550 y se abocó a su análisis.

Abordó luego los cuestionamientos relativos al destino de los resultados del ejercicio y a la designación del liquidador fundados en la discordancia entre ambas actas y los desestimó dado que juzgó válida del acta confeccionada por la sociedad dado el hecho de que el nombramiento del liquidador no implica una infracción al art. 102 de la ley 19.550 ya que en defecto de la actuación del órgano de administración en la etapa liquidatoria su designación está a cargo de la asamblea de socios, como se procedió en el caso.

Finalmente consideró abstracto el cuestionamiento al aumento de capital social dispuesto en el punto octavo del orden del día por no haberse llevado a cabo.

Fundamentos de la sentencia de Cámara

La Sala F de la Cámara Comercial consideró que el acta de asamblea es requerida obligatoriamente por la Ley General de Sociedades en sus artículos 73 y 249, toda vez que cumple la función de un instrumento exigido por la ley para hacer fe de las resoluciones adoptadas, en tanto y en cuanto no se pruebe su inexactitud o falsedad, pues la fuerza probatoria del acto puede destruirse con otra prueba en contrario opuesta por accionistas, directores o terceros.

Agregó que si bien el acta no es requisito de existencia de la asamblea, ella es el medio de prueba idóneo de la deliberación, votación y decisiones adoptadas.

En cuanto a la postura del recurrente que se sustenta en el status de instrumento público que ostenta el acta de constatación notarial labrada por la escribana presente en ocasión de celebrarse la Asamblea General Ordinaria y el carácter privado que le atribuye a la volcada en el libro de Actas de Asambleas y Directorio, el Tribunal advierte que el devenir de lo ocurrido en dicha reunión de socios, transcripto en el libro previsto a tales fines, ha sido convalidado en un todo por la IGJ a través de la emisión de un informe que tiene también el carácter de instrumento público en los términos del artículo 993 del Código Civil, de acuerdo con lo establecido en la Res. 7/05 (ambas normas vigentes al momento de celebración del acto).

En este sentido, profundizó que al acto asambleario asistió un Inspector del organismo quien elaboró un informe y presentó un dictamen en cumplimiento de lo establecido en el art. 152 de la Res. 7/05 de la I.G.J. y que posteriormente, ante la presentación de la transcripción del acta de asamblea continente de los puntos cuestionados, emitió un nuevo informe en el cual dejó sentado que la copia del acta de asamblea confeccionada por la “refleja fielmente lo acontecido en la reunión de socios”, constituyendo basamento suficiente para otorgar plena validez al acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria.

El Tribunal concluye que el informe tiene carácter de instrumento público, lo que hace que se otorgue plena fe a su contenido no sólo entre las partes, sino contra terceros.

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