Mediante decreto 695/2024 publicado en el Boletín Oficial de este lunes 5/8/2024, se reglamenta el Título II - Reforma del Estado de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos -L. 27742.
La norma, que lleva la firma de Javier Milei, Guillermo Francos, Federico Adolfo Sturzenegger y Luis Andres Caputo, avanza y brinda precisiones en la reglamentación de varios aspectos -en su Anexo I-, con el siguiente esquema:

Capítulo I - Reorganización Administrativa

Capítulo II - Privatización

Capítulo III - Procedimiento administrativo

Capítulo IV - Empleo público

El decreto entra en vigencia el día de su publicación.

Cronograma de implementación del silencio con sentido positivo

La Jefatura de Gabinete de Ministros, dentro del plazo de 15 días contados a partir de la entrada en vigencia del decreto, debe aprobar el cronograma de implementación del silencio con sentido positivo, en el marco de procedimientos administrativos en los cuales tramite el otorgamiento de una autorización administrativa de conformidad con lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley N° 27.742.

Recordamos que el artículo 31 de la L. 27742 (BO 8/7/2024) reza:
Art. 31 - Sustitúyese el artículo 10 de la ley 19.549 por el siguiente:

Artículo 10: El silencio o la ambigüedad de la Administración se regirá de conformidad con las siguientes normas:

a) Cuando se tratare de pretensiones que requieran de ella un pronunciamiento concreto, se interpretarán como negativa. Sólo mediando disposición expresa podrá conferirse al silencio sentido positivo.

Si las normas especiales no previeren un plazo determinado para el pronunciamiento, éste no podrá exceder de sesenta (60) días. Vencido el plazo que corresponda, el interesado podrá dar por configurado el silencio de la Administración.

b) Cuando una norma exija una autorización administrativa para que los particulares puedan llevar a cabo una determinada conducta o acto en el marco del ejercicio de una facultad reglada de la Administración, al vencimiento del plazo previsto para resolver sin haberse dictado resolución expresa, el silencio tendrá sentido positivo. La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento.

Este inciso no será de aplicación en materia de salud pública, medio ambiente, prestación de servicios públicos o derechos sobre bienes de dominio público, excepto cuando la norma específica aplicable otorgue sentido positivo al silencio. La reglamentación podrá determinar otros supuestos específicos en los cuales no sea de aplicación este inciso.

Configurado el silencio en sentido positivo, el interesado podrá exigir la inscripción registral, emisión de certificado o autorización correspondiente en sede administrativa.

Las disposiciones previstas en el inciso b) de este artículo comenzarán a regir una vez aprobada la reglamentación correspondiente.

El artículo 2 del drecreto 695/2024, indica además que el silencio con sentido positivo, en el marco de procedimientos administrativos en los cuales tramite el otorgamiento de una autorización administrativa, comenzará a regir de acuerdo con las fechas previstas en el precitado cronograma y para los procedimientos que se inicien con posterioridad a las mismas.

Las reparticiones de la Administración Pública centralizada y descentralizada deberán identificar y mantener actualizado el detalle de los procedimientos administrativos alcanzados por lo establecido en el párrafo anterior, en el ámbito de sus competencias.

Los procedimientos administrativos regulados en normas especiales que contemplen la aplicación del silencio con efecto positivo continuarán rigiéndose por sus respectivas normas y mantendrán plena operatividad.

La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete de Ministros debe adoptar las medidas necesarias con el fin de garantizar la implementación del silencio con sentido positivo a través de plataformas digitales.

El artículo 3º, del decreto, dispone que la Jefatura de Gabinete de Ministros debe elevar al ejecutivo, previo informe fundado de las áreas competentes, los supuestos específicos en los que no será de aplicación el silencio con efecto positivo contemplado en el inciso b) del artículo 10 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549, previo a su efectiva implementación.

Anexo I- Reglamentación de capítulos

Conforme el Anexo I, del decreto 695/2024, son cuatro los capítulos reglamentados de la Ley Bases, ellos es en materia de; reorganización administrativa, privatizaciones, procedimiento administrativo y empleo público.

Capítulo I: Reorganización administrativa

El Ministerio de Eonomía propondrá al PE, la modificación, transformación, unificación, liquidación o disolución de los fondos fiduciarios públicos de conformidad con los incisos a), b) y c) del artículo 5° de la Ley N° 27.742. No podrán incluirse en las actas de transferencia respectivas, cláusulas que aprueben la gestión fiduciaria o que declaren la renuncia de derechos o acciones del Estado Nacional respecto del fiduciario o de terceros. Se faculta al Ministerio de Eonomía a dictar las normas complementarias que resulten necesarias para su implementación.

Capítulo II: Privatización

La ley 27742 declaró “sujetas a privatización”, las empresas y sociedades de propiedad total o mayoritaria del Estado nacional enumeradas en su anexo I. Ellas son: ENERGÍA ARGENTINA S.A., INTERCARGO SAU, Privatización / Concesión, AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A., BELGRANO CARGAS Y LOGÍSTICA S.A., SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA S.E. (SOFSE) y CORREDORES VIALES S.A.

El artículo 3° del decreto, sostinene que el Ministro o el Secretario de la Presidencia de la Nación en cuya jurisdicción se encuentre la empresa o sociedad sujeta a privatización, deberá elevar al PE, previa intervención de la Agencia de Transformación de Empresas del Estado, un informe circunstanciado con la propuesta concreta vinculada al procedimiento y modalidad más adecuada para hacer efectiva la privatización. Otorgada la autorización por el PE, el Ministro o Secretario de la Presidencia de la Nación en cuya jurisdicción se encuentre la empresa o sociedad sujeta a privatización, iniciará los procedimientos tendientes a la privatización que corresponda.

A los efectos de lo previsto por el artículo 11 de la Ley Nº 27.742, la empresa en liquidación, junto con la Agencia de Administración de Bienes del Estado, deberá elaborar un inventario de los bienes que constituyen su patrimonio, en donde constarán las respectivas valuaciones realizadas, todo ello conforme a la normativa aplicable a cada caso.

Para los supuestos previstos en los incisos a) y b) del artículo citado, se deberá definir un orden de prioridad para la enajenación de los bienes, en atención a la utilidad y valor que representen para el cumplimiento de finalidades estatales. Previo a la formalización de los contratos que surjan de los procedimientos previstos, la Autoridad de Aplicación deberá dar intervención a la Procuración del Tesoro de la Nación y a la Sindicatura General de la Nación en las actuaciones correspondientes.

Finalizado el proceso de privatización, la Autoridad de Aplicación remitirá a la Auditoría General de la Nación las actuaciones correspondientes, a fin de que realice el examen previsto en el artículo 14 de la Ley N° 27.742.

Capítulo III - Procedimiento Administrativo

En el Anexo I, del decreto reglamentario se dispone sustuir e incorporar varios artículos al Reglamento de Procedimientos Administrativos, aprobado por el Decreto N° 1759/1972.

Entre una gran cantidad de cambios, destacamos la modificación de su artículo 3 donde como novedad los adolescentes tendrán plena capacidad para intervenir directamente en procedimientos administrativos como parte interesada en la defensa de sus propios derechos o intereses jurídicamente tutelados.

También se reglamentan varios artículos del D. 1759/1972 donde resalta la nueva redacción del artículo 65 sobre configuración del silencio positivo, la declaración de la caducidad y la incorporación de varios artículos que brindan aclaraciones sobre el mencionado silencio positivo.

Se indica que la conclusión de los procedimientos por configuración del silencio positivo y la declaración de la caducidad resultarán de lo previsto en los artículos 10, inciso b) y 1° bis, inciso k), de la Ley deProcedimientos Administrativos, respectivamente.

Ello es, se otorga carácter positivo en casos en que la norma requiera autorización o conformidad administrativa -en facultades regladas de la Administración-, salvo en materia de salud pública, medio ambiente, servicios públicos y bienes de dominio público [art. 10, inc b)L. 27742].

Dice la reglamentación que se entenderá por autorización administrativa al acto mediante el cual la administración habilita el ejercicio de un derecho preexistente del administrado una vez verificado el cumplimiento de las condiciones
para su dictado.

Los procedimientos administrativos para la obtención de una autorización reglada deberán tramitar íntegramente en formato digital a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD) o la que la repartición correspondiente utilice a tales efectos. A través de dichas plataformas se procurará la automatización del cumplimiento de las exigencias reglamentarias aplicables. En las plataformas se indicarán las condiciones necesarias para obtener la autorización, la aplicación del silencio con efecto positivo y el plazo para que el mismo se tenga por configurado. La falta de indicación de los recaudos antes indicados no impedirá la invocación del efecto positivo del silencio previsto en el inciso b) del artículo 10 de la Ley de Procedimientos Administrativos.

Una vez presentado el pedido de autorización, si la autoridad competente advirtiera la falta de cumplimiento de las condiciones previstas en la normativa aplicable a los fines de su otorgamiento, deberá solicitar al requirente a que, dentro del plazo de diez (10) días, acompañe los elementos o datos faltantes que se encuentren a cargo del particular. En dicho supuesto, el plazo para resolver quedará suspendido a partir de la notificación del requerimiento efectuado y hasta tanto se dé cumplimiento a lo solicitado. La omisión de esta notificación al administrado se considerará falta grave del agente responsable.

Si la solicitud de autorización fuera iniciada ante una autoridad incompetente o a través de un trámite incorrecto para su pretensión, no se computará el plazo a los efectos de la configuración del silencio con sentido positivo. De corresponder, la administración deberá remitirlo a la autoridad pertinente.

Cumplido el plazo previsto o el que la normativa específica establezca, así como las condiciones previstas reglamentaria o normativamente para el otorgamiento de la autorización administrativa, se configurará el silencio con sentido positivo. El interesado podrá tramitar la inscripción registral, emisión del certificado o autorización correspondiente, la que será otorgada en un plazo no mayor a (15) días.

Se establece también la exclusión del silencio con sentido positivo en supuestos específicos que determine el Poder Ejecutivo previa solicitud de la Jefatura de Gabinete.

Capítulo VI. Empleo Público

Entre diversos cambios, se dispone la incorporación con carácter obligatorio y previo al ingreso a la designación en el correspondiente cargo, la aprobación de una Evaluación General de conocimientos. A tal fin, se utilizará un procedimiento para que cada persona evaluada sólo pueda ser individualizada luego de su calificación.

Cuando corresponda según la función a desempeñar, los funcionarios designados deberán cumplimentar la declaración jurada patrimonial integral y adjuntar los antecedentes laborales y no podrá efectuarse ninguna designación sin la correspondiente acreditación del certificado de aptitud psicofísica.

El desempeño del empleado será evaluado constantemente y, para ser promovido, el personal deberá someterse nuevamente a una instancia de evaluación.

Para determinar la promoción o avance de los agentes en la carrera, deberán contener una instancia de examinación con condiciones mínimas de aprobación y de carácter excluyente.

El régimen de contrataciones incluye la contratación por tiempo determinado y la designación en plantas transitorias, y estará sujeto a las siguientes previsiones:

a) El personal será afectado exclusivamente a la realización de actividades de carácter transitorio o estacional, que resulten necesarias para complementar el ejercicio de las acciones y competencias asignadas a cada jurisdicción o entidad descentralizada. Las actividades de carácter transitorio estarán referidas a la prestación de servicios, asesoramiento técnico especializado, coordinación y desarrollo integral de programas de trabajo y/o proyectos especiales o para atender incrementos no permanentes de tareas.

Las actividades de carácter estacional responden a tareas que se realizan periódicamente y sólo en determinada época del año. En estos casos el personal puede ser incorporado a una planta transitoria con designación a término, cuyas características serán reguladas por la Autoridad de Aplicación.

Se crea el Registro Nacional de Personal en Situación de Disponibilidad. Los titulares de las jurisdicciones y de los organismos descentralizados comunicarán a la Autoridad de Aplicación las medidas de reestructuración que comporten la supresión de órganos, organismos o de las funciones a ellos asignadas, o de reducción de personal por encontrarse excedida la dotación óptima necesaria -junto con el correspondiente informe fundado-, y acompañarán los antecedentes que las justifiquen y la nómina del personal que en consecuencia ha quedado en situación de disponibilidad.

El decreto establece una escala para asignar el período de disponibilidad del personal afectado:

Hasta 15 años de antigüedad: 6 meses.

Más de 15 años y hasta 30 años de antigüedad: 9 meses.

Más de 30 años de antigüedad: 12 meses.

El personal en situación de disponibilidad que se encuentre suspendido preventivamente en un proceso sumarial o bien como consecuencia de la aplicación de una sanción disciplinaria, mantendrá tal condición y el derecho a la percepción de haberes, cuando correspondiere, ajustándose a lo determinado en cada supuesto, como así también la dependencia administrativa y disciplinaria del organismo que se determine en el acto que disponga la reestructuración o supresión del mismo.

El personal en disponibilidad percibirá, en concepto de haber de disponibilidad, un importe mensual equivalente a la retribución asignada a su situación escalafonaria alcanzada en la progresión vertical y horizontal de la carrera administrativa, con exclusión de todo otro concepto remunerativo o no remunerativo.

El agente mantendrá el derecho a percibir las asignaciones familiares y el suplemento por zona. El haber de disponibilidad, y el suplemento por zona cuando corresponda, estarán sujetos a los aportes y contribuciones previstos en el régimen de seguridad social y devengarán sueldo anual complementario.

Para el cálculo de la indemnización prevista por el artículo 11 del Anexo a la Ley N° 25.164, se considerarán las retribuciones percibidas hasta el momento del pase a disponibilidad y se computarán los servicios no simultáneos prestados en calidad de personal permanente en el ámbito de la Administración Pública Nacional hasta el momento en que se hubiera notificado fehacientemente al interesado dicho pase, excluidos aquellos que hayan generado con anterioridad una indemnización por aplicación de medidas de reestructuración, retiro voluntario, despido o similar, y los que hayan concluido por una causa que no generó derecho a indemnización.

Esta indemnización excluye toda otra que pudiere corresponder por baja y se podrá abonar hasta en tres (3) cuotas mensuales y consecutivas, las que comenzarán a hacerse efectivas dentro de los treinta (30) días de vencido el plazo de finalización del pase a disponibilidad correspondiente o la baja en el caso de que el agente se rehusare a aceptar la cobertura del cargo propuesto, según lo previsto en el inciso e) del presente.

En el caso de agentes sumariados, deberá suspenderse el pago de la indemnización hasta tanto se resuelva el sumario. No corresponderá el pago si del procedimiento resultare la aplicación de medidas de cesantía o exoneración.

Jubilación: la intimación a iniciar el trámite jubilatorio deberá ser efectuada por la Unidad de Recursos Humanos de la Jurisdicción u organismo donde revista el agente, quien le informará al agente que se encuentra a disposición su certificación de servicios, expedida en base a la información que surja de su legajo único personal.

El agente intimado deberá acreditar el inicio del trámite de jubilación en un plazo de sesenta (60) días corridos contados desde la fecha de notificación de la intimación. De no acreditar el inicio del trámite en el plazo fijado, el agente será dado de baja, salvo que acreditare que la demora no le es imputable, en cuyo caso se otorgará, por única vez, una prórroga por idéntico plazo, a los mismos fines y con las mismas consecuencias.

Acreditado el inicio del trámite jubilatorio ante la Unidad de Recursos Humanos, sea por intimación o por presentación voluntaria del agente, este último podrá continuar con la prestación de servicios hasta que se otorgue el respectivo beneficio jubilatorio o por un plazo no mayor a ciento ochenta (180) días corridos -contados a partir del vencimiento del plazo de sesenta (60) días arriba aludido-, lo que ocurra primero. Dicho plazo podrá ser prorrogado por causas que así lo justifiquen y que además no sean imputables al agente.

La solicitud de la certificación de servicios por parte del agente no tendrá carácter de comunicación que dé cuenta del inicio del trámite de jubilación ordinaria.

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