El Poder Ejecutivo emitió este martes el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2025, que introduce modificaciones en la estructura del ministerio de Economía, con eliminaciones y fusiones de distintas dependencias.

La normativa lleva la firma del presidente, Javier Milei, y del máximo responsable de la cartera económica, Luis Caputo.

Entre los puntos principales, oficializó la disolución de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda del Ministerio de Economía.

Así, la estructura organizativa del Ministerio de Economía quedó conformada por 14 secretarías (Legal y Administrativa; de Política Económica; de Hacienda; de Finanzas; de Coordinación de Energía y Minería; de Energía; de Minería; de Coordinación de Producción; de la Pequeña y Mediana Empresa, Emprendedores y Economía del Conocimiento; de Industria y Comercio; de Agricultura, Ganadería y Pesca; de Coordinación de Infraestructura; de Obras Públicas; y de Transporte) y 31 subsecretarías. Se hizo 'en el marco del proceso de reestructuración del Estado'.

Los cambios del DNU 70/2025

Entre los cambios más significativos está la eliminación de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, con sus respectivas subsecretarías. Sus funciones serán absorbidas por la Secretaría de Obras Públicas, que incluirá en su campo de acción los temas de integración socio-urbana e infraestructura habitacional.

La norma remarca que esta decisión implica una reorganización del personal que hasta ahora se desempeñaba en el área eliminada, quedando sujeto a un proceso de reasignación o, en algunos casos, desvinculación conforme a la normativa vigente.

La Secretaría de Obras Públicas también se encargará de formular y ejecutar políticas en materia de infraestructura habitacional, regularización del suelo y desarrollo territorial, además de gestionar obras de infraestructura vinculadas al espacio público. También tendrá la responsabilidad de relevar suelos vacantes para la planificación urbana, en articulación con organismos nacionales y provinciales.

La decisión, según argumentaron, responde a la 'convicción de que la política de vivienda debe ser gestionada principalmente por las provincias, los municipios y el sector privado, reduciendo así la intervención del Estado Nacional' en esta materia.

Además, el proceso de cierre de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda será llevado a cabo de manera ordenada y progresiva, asegurando la adecuada transición de responsabilidades a través de una Unidad Ejecutora Especial Temporaria (UEET).

También se definió el pase de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana (SISU), y de la Dirección Nacional de Arquitectura, a la órbita de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía.

“La mayoría de las tareas de la ex Secretaría de Vivienda de la Nación se desarrollaban a través de tres fondos fiduciarios que actualmente se encuentran disueltos y/o en proceso de disolución. Los mismos habían registrado un mal uso de los recursos de la sociedad, falta de controles y de resultados. A partir de la disolución de la Secretaría, también se ratifica la decisión de que las provincias y municipios impulsen este tipo de obras, que habían sido desarrolladas de manera irregular por el Estado Nacional”, añadió el Gobierno nacional en un comunicado.

En primer lugar, mediante el Decreto 1018/2024, el Gobierno había definido la disolución y el inicio del proceso de liquidación del Fondo Fiduciario Público denominado Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (PROCREAR). En este caso, la auditoría de SIGEN había detectado fallas en el Programa como demoras en la entrega de viviendas y falta de condiciones de habitabilidad de unidades entregadas, entre otras.

En segundo lugar, también se había cerrado a través del Decreto 6/2025 el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social. Este instrumento, de acuerdo al Gobierno nacional, “había sido utilizado con finalidades políticas y clientelisticas y había evidenciado irregularidades e incumplimientos. Por último, y en la misma línea, el Gobierno Nacional está trabajando en la disolución del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU)”.

En cuanto a las atribuciones de la Secretaría de Obras Públicas, se eliminó el control del Enohsa, organismo encargado de ejecutar obras de acceso al agua potable que ya había sido disuelto en noviembre de 2024.

Otros cambios relevantes

También establece la creación de la Secretaría de Coordinación de Energía y Minería, que contará con subsecretarías enfocadas en distintas áreas de la matriz energética, incluyendo energía eléctrica, combustibles líquidos y gaseosos, así como transición y planeamiento energético.

En tanto, la Secretaría de Industria y Comercio concentrará las áreas de política industrial, comercio exterior y defensa del consumidor, con el objetivo de fortalecer el desarrollo productivo y la inserción de Argentina en los mercados internacionales.

Por otro lado, se reorganiza la Secretaría de Transporte, que se estructurará en subsecretarías dedicadas al transporte automotor, ferroviario y aéreo, a los fines de mejorar la coordinación y regulación de estos sectores estratégicos.

Asimismo, la Secretaría de Hacienda mantiene su función de gestionar los recursos del Estado, con subsecretarías de Presupuesto, Ingresos Públicos y Coordinación Fiscal Provincial, con el objetivo de fortalecer la relación financiera entre la Nación y las provincias.

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