Por medio de la Resolución 1445/2024, el Ministro de Economía encomienda a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se disponga hasta el 31 de julio de 2025, inclusive, la suspensión del inicio de los juicios de ejecución fiscal y de la traba de medidas cautelares para:

i) las entidades sin fines de lucro que se encuentren registradas ante la mencionada agencia,

ii) y para los contribuyentes pertenecientes al sector de salud, conforme los parámetros que ese organismo establezca.

Cabe resaltar, que con esta medida, quedarían afuera de la prórroga pequeños contribuyentes y las micro, pequeñas y medianas empresas - Tramo I y II , en tanto la suspensión del inicio de juicios de ejecución fiscal y la traba de medidas cautelares dispuesta por Resolución General N° 5532 vence el 31 de diciembre de 2024.

¿Cómo accionar en casos de embargos o inhibición general de bienes trabados por los Fiscos en el marco de las ejecuciones fiscales?

Miguel Á. Chamatrópulo, colaborador de Errepar en la publicación “Doctrina Tributaria (DTE)”, explica que “cuando no sea posible en lo inmediato la cancelación de las deudas que originaron la ejecución fiscal de que se trate, o su regularización mediante planes de pago, debe tenerse en cuenta que podría intentarse la tramitación judicial de medidas anticautelares, tendientes a la obtención de una orden judicial para morigerar la precautoria a la cual oponerse, o moderar sus efectos lesivos, procurando el levantamiento o sustitución anticipada de la medida original, contrarrestar medidas, actos u omisiones perturbatorios, etc.”.

¿Cuáles son los requisitos para su procedencia?

El autor señala que deben confluir los siguientes requisitos, que acrediten la verosimilitud de un “estado de vulnerabilidad cautelar”:

- La medida original debe generar graves y/o innecesarios perjuicios evitables al requirente o a los bienes (vgr., afectación de activos esenciales para el giro -cuentas bancarias, fondos, créditos, bienes de cambio, etc.- o para el cumplimiento de la cancelación de pasivos; traba sobre bienes inembargables, etc.).
- Existencia de otros bienes o garantes, libres de gravámenes, para ofrecer suplantar la garantía.
- Prueba suficiente de las obligaciones impagas y del accionar del acreedor (vgr., juicio de ejecución fiscal y embargos).
- Prever eventuales garantías, para el caso de que el juez a cargo de la medida anticautelar disponga contracautelas (vgr., seguro de caución).

¿Qué son las medidas anticautelares?

El especialista remarca que las medidas anticautelares en referencia configuran una especie del género medidas autosatisfactivas y, por lo tanto, autónoma; aunque nada empece a que sean planteadas, como accesorias, en el mismo proceso judicial en que ha sido dictada la medida original que se entienda lesiva.

Se enmarcan en el principio de proporcionalidad y razonabilidad que debe guiar a las medidas cautelares (art. 10, CCyCo.) y en el fin de evitar los abusos del derecho (art. 1710 y concs., CCyCo.).

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