El Gobierno anunció que buscará modificar el alcance de la legítima defensa, las leyes sobre seguridad interior y endurecer las penas para quienes organicen piquetes en la vía pública o bloqueos a empresas, como así también la creación de una ley “antimafias” y un registro obligatorio de ADN de todas las personas que cometan delitos.

Las propuestas serán enviadas al Congreso por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Defensa, Luis Petri, durante la próxima semana.

En conferencia de prensa, el ministro de Defensa explicó que las modificaciones en la ley de Seguridad Interior tratarán sobre el funcionamiento de las Fuerzas Armadas para los casos de terrorismo.

De acuerdo a Petri, se permitirá que “las Fuerzas Armadas puedan realizar operaciones de seguridad interior. A partir de la declaración de actos terroristas, las Fuerzas Armadas estarán habilitadas a realizar patrullajes, control de personas y vehículos y control de flagrancias”.

Y agregó que “a partir de esta declaración de actos terroristas que pongan en peligro los intereses vitales de la patria, inmediatamente las fuerzas armadas van a quedar habilitadas a realizar tareas de seguridad en el interior, como patrullajes y detención en flagrancia cuando se cometa un delito”.

En este contexto, las Fuerzas Armadas podrán “realizar detenciones por averiguaciones de delitos por todo el país, incautar mercadería y realizar allanamientos encadenados”.

Petri también anunció que se le posibilitará “la actuación de medios coercitivos”, los cuales estarán regidos por las mismas normas que las fuerzas de seguridad. “Es imprescindible la proporcionalidad, gradualidad y progresividad en las fuerzas”, remarcó.

Y adelantó que las acciones que lleven adelante las Fuerzas Armadas contra el terrorismo “no van a ser punibles porque van a ser consideradas como cumplimiento del deber”.

Por último, destacó que los delitos comunes quedarán excluidos de la actuación de las Fuerzas Armadas.

Las modificaciones en materia de seguridad

Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció otros cuatro proyectos con modificaciones a leyes que serán enviadas al Congreso para su aprobación: legítima defensa y atentado a la autoridad, ley de ADN, ley contra organizaciones criminales, y penas contra organizadores de piquetes y bloqueos.

Legítima defensa, atentado a la autoridad y reiterancia

Con respecto a la legítima defensa, la ministra anunció que pretende la modificación de un artículo para “cambiar la idea de que los policías son los victimarios” y permitirles a los efectivos policiales utilizar el arma reglamentaria a cualquier hora del día y que se contemplará si el disparo se ejecuta cuando “se va alejando el delincuente”.

En caso de aprobarse, la legítima defensa también se extendería al lugar del trabajo de la persona que esté involucrada en el episodio y no solo al lugar donde reside.
En este contexto, añadió que “no vamos a permitir más la querella contra el Estado de los delincuentes que cometieron un delito y que después las familias y el agresor van contra el Estado Nacional. No podemos permitir que los victimarios se hagan las víctimas, le estamos dando derechos al delincuente'.
En cuanto a la reiterancia, la ministra sostuvo que “el que reitera el delito tiene que ir preso. Esto viene a cortar con la impunidad que siente la gente todos los días”.

Piquetes y bloqueos

La ministra también informó el incremento de las penas para aquellos que organicen piquetes y explicó que le permitirá al Gobierno “que no se explote a la gente y que le permita independencia y libertad al resto de las personas”.

Luego anunció que se avanzará con una propuesta incluida en el proyecto de Ley Bases, que busca modificar el artículo 194 del Código Penal, que amplía las acciones tipificadas para especificar que la pena para quienes “sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas” con una pena de uno a tres años y seis meses de prisión.

Bullrich detalló que la reforma se basa en el aumento de penas para aquellos que organicen manifestaciones, que instiguen al corte de calles, que obliguen a la gente a participar de las manifestaciones, bajo promesas de remuneración o amenazas de quitarles los planes sociales.
Además, otro proyecto incluye sanciones penales para quienes bloqueen establecimientos, comercios o industrias, con penas de 4 a 6 años.
“Proponemos un tipo penal a la sanción de bloqueos con una pena de 4 a 6 años. Hay mecanismos constitucionales como el derecho a la huelga, pero el bloqueo va a estar agravado en este proyecto de ley”, agregó.

Ley contra organizaciones criminales (antimafias)

“Lo primero que vamos a enviar, además del proyecto del cambio de la ley de seguridad interior, enviar al Congreso es la llamada Ley Antimafias. Esto tiene su origen en el código de ley de antimafia italiano”, aseguró la ministra.
En este punto, explicó que el delito individual no será el que decidirá la pena, sino que estará ligada a las organizaciones criminales. “No será la pena individual, sino la pena por pertenecer a la organización mafiosa”, remarcó.

Ley de Registro de ADN

La ministra también indicó que uno de los proyectos estipulará que “cada uno de los delincuentes que entre a una dependencia policial, va a tener una prueba de ADN y va a estar en un sistema”.
“Todos los imputados van a dejar sus huellas genéticas. Esto no solo sirve para imputar, sino para desvincular a personas de las causas”, añadió.

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