Con la presentación de un proyecto de modificación de la Ley Nacional de Salud Mental (N° 26.657) ante el Senado, el Gobierno Nacional busca subsanar las deudas pendientes de la normativa sancionada en 2010 y adaptar el sistema a la realidad asistencial actual.

Antecedentes parlamentarios y espíritu de la reforma

La iniciativa que el Poder Ejecutivo mostrará ante el Congreso busca alinearse con las modificaciones originalmente propuestas en la Ley Bases, en aquellos puntos, que habían sido excluidos durante las negociaciones con la oposición en el recinto.

Actualmente, el texto final permanece bajo revisión en el Ministerio de Salud, a la espera de un dictamen técnico del Ministerio de Justicia que termine de dar forma a la propuesta. Según fuentes oficiales, se prevé que la propuesta ingrese formalmente a la Cámara de Diputados durante esta semana o, a más tardar, la próxima, iniciando así su tratamiento legislativo en este ciclo 2026.

Diagnóstico de la situación actual

Tras 15 años de vigencia, el relevamiento oficial detectó fallas críticas en la implementación federal de la ley. Los datos son elocuentes:

Solo 16 jurisdicciones han adherido formalmente a la norma vigente.
Únicamente 18 provincias cuentan con servicios de salud mental en hospitales generales.
Solo 20 provincias disponen de camas de internación, lo que genera graves asimetrías en el acceso según la región.

Cambios en los criterios de internación y riesgo

Uno de los ejes centrales de la reforma es la redefinición del concepto de 'riesgo cierto e inminente'. El proyecto propone reemplazarlo por un criterio situacional.

Bajo esta nueva mirada, la evaluación médica no se limitará al momento exacto de la crisis, sino que considerará los antecedentes de conductas riesgosas y la evolución previsible del paciente si no recibe tratamiento. El objetivo es permitir intervenciones preventivas en contextos de crisis que hoy quedan desamparados por la ley actual.

Reorganización del sistema asistencial

La propuesta legislativa introduce una nueva dinámica en la red de atención para optimizar recursos:

Hospitales Generales: se habilitarán para la atención de casos leves.
Instituciones Especializadas: quedarán reservadas exclusivamente para cuadros graves que requieran recursos específicos.

Asimismo, se establece la obligatoriedad de que al menos uno de los profesionales de la salud que determine una internación involuntaria sea médico psiquiatra. Con esto se busca garantizar una evaluación clínica integral y evitar confusiones entre cuadros orgánicos y problemas de salud mental.

Aspectos procesales y plazos

A pesar de las modificaciones, la internación se mantiene como un recurso excepcional. En casos de urgencia, la decisión del médico interviniente deberá ser ratificada por el equipo interdisciplinario en un plazo de 24 horas. Además, el proyecto propone extender el plazo de notificación judicial de 10 a 24 horas.

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