La Procuración del Tesoro, liderada por Rodolfo Barra, presentó la apelación en el día de ayer. Esto sucede tras la resolución del juez que habilitó levantar la feria judicial de verano para tratar las demandas contra el mencionado decreto.

El Presidente de la Nación y la Procuración del Tesoro recurrieron al fallo del juez Lavié Pico, quien dispuso la apertura de la feria judicial para atender los amparos que cuestionaban la constitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023. Ahora, la decisión está en manos de la Sala Contencioso Administrativo Federal III, presidida por Sergio Fernández.

El Gobierno calificó la resolución del juez como generadora de 'gravedad institucional, escándalo e inseguridad jurídica' y la considera causante de un 'agravio irreparable al Estado'. La apelación presentada por los abogados del Gobierno, bajo la dirección de Rodolfo Barra, expresa que la decisión del juez Lavié Pico está fuera de los límites de su jurisdicción y afecta el derecho de defensa y el debido proceso del Estado Nacional.

Según el Gobierno, la decisión del juez Lavié Pico de permitir la tramitación separada de los amparos va en contra del proceso colectivo que pretendía el Gobierno de Milei para reunir todos los cuestionamientos a esa medida en un solo proceso.

El Ejecutivo también advierte que, de no ser aceptada la apelación, se mantendrá la cuestión federal y se recurrirá a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los abogados del Estado Nacional argumentaron que revisar el DNU después de una cautelar de la Cámara Nacional del Trabajo genera un perjuicio enorme a los intereses de la población.

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