La sala de feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo revocó una sentencia de grado apelada e hizo lugar a una medida cautelar solicitada por la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP) y el Sindicato Único del Personal Aduanero (SUPARA) contra el Poder Ejecutivo Nacional y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a quienes les ordenó abstenerse de adoptar cualquier medida que contraríen o violenten la garantía de estabilidad laboral prevista en los convenios colectivos de trabajo aplicables (CCT 56/92 y Laudo 16/92, entre otros).

En el caso “Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (A.E.F.I.P.) y otro c/ Poder Ejecutivo Nacional y otro s/ medida cautelar”, los actores solicitaron una medida de no innovar para que los demandados se abstengan de despedir o modificar en modo alguno la situación de revista del personal amparado por el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 56/92, Laudo 16/92 y por el CCT aprobado por laudo 15/91 suscriptos por SUPARA y AEFIP respectivamente; aludiendo la garantía de estabilidad laboral.

El pedido se realizó luego de que el Gobierno nacional comunicara oficialmente el inminente proceso de restructuración y disminución de personal del ARCA.

El rechazo en primera instancia

La jueza de primera instancia rechazó la medida solicitada en base a la doctrina de la causa “Halabi”. En esta oportunidad, sostuvo que debía comprobarse la existencia de un ‘caso’ -causa, asunto contencioso de conformidad con el art. 116 CN- en el cual se discuta un conflicto entre partes adversas que evidencie un interés específico, concreto y atribuible en forma determinada al litigante y según su criterio, la causa esgrimida era abstracta por prematura.

Sostuvo que “una aseveración genérica e hipotética o posible relacionada con la violación de la garantía de estabilidad a través de manifestaciones vertidas por el Poder Ejecutivo Nacional que, además no tienen carácter normativo, no constituyen materia contenciosa, sino que queda reducida a una afirmación – de momento-“.

La apelación de los sindicatos

Las entidades gremiales apelaron. Apuntaron a la arbitrariedad en el rechazo de la medida cautelar, pues sostuvieron que, en sentido contrario a lo expresado por la magistrada de origen, la petición no resultó prematura por ‘inexistencia de caso’ sino que el fin último de la pretensión cautelar es el resguardo de la garantía -constitucional y convencional- de estabilidad en el empleo de los representados.

En este sentido, indicaron que existía “un peligro real, concreto e inminente cuando el poder administrador pretende aniquilar la garantía de estabilidad que se pretende resguardar mediante la cautelar solicitada y que, por su naturaleza, debe ser interpuesta necesariamente antes que se consume el hecho ilícito que se quiere evitar”.

Por ello, insistieron en que la verosimilitud en el derecho se encuentra cabalmente acreditada en tanto se ha comunicado oficialmente el despido de 3.155 trabajadores de ARCA a través de la Oficina del Presidente de la Nación, ratificado por el PEN, cuando el Jefe de Gabinete de Ministros ante el Honorable Senado de la Nación, dijo “se espera una reducción de alrededor del 15% del personal, especialmente el ingresado en el marco de la desmesurada expansión de los años recientes”.

A su vez, tanto AEFIP como SUPARA sustentan su interés colectivo en el art. 43 de la CN, el art. 10 del C87 OIT y en el art. 31 inc. a) de la ley 23551, en cuanto allí se alude al derecho a la representación de los intereses de sus representados a través de las asociaciones sindicales y en el interés específico y concreto que se respete el contenido de los Convenios Colectivos de Trabajo, previamente acordados entre las partes colectivas.

Se concede la medida cautelar por mayoría

La Cámara, con el voto mayoritario de los jueces Gabriel de Vedia y Roberto Pompa, explicó que “luego de la reforma constitucional de 1994, el sistema constitucional argentino, tiende a tutelar a los sujetos frente a cualquier situación con más énfasis en los derechos y libertades de los habitantes”.

Ello es lo que reconoce el artículo 43 de la Constitución Nacional al receptar el interés colectivo, objeto particular de custodia constitucional.

Añadieron que la función de la medida precautoria de no innovar es evitar un daño posible y previsible luego de las acciones iniciadas por el PEN para descalificar a gran parte de los trabajadores que se desempeñan para ARCA -ex AFIP-.

Para el caso concreto, entendió que la naturaleza del planteo permitía advertir la posibilidad cierta de una lesión irreparable a una pluralidad relevante de sujetos, que ven afectado su interés colectivo.

Destacó que existe una diferencia considerable entre el daño producido y el daño resarcible, pues en el caso lo que se pretende es evitar que se produzca, se agrave la situación actual o persista la potencialidad del daño posible, conforme al orden normal y corriente de las cosas, a partir de una situación fáctica existente.

En ese andamiaje, agregó que “a partir de la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (agosto de 2015) se delimitó concretamente el deber de prevención de daños que ya estaba implícito en el principio constitucional de no dañar a otro -alterum non laedere- (artículo 19 CN) conjugado con el principio supraconstitucional de tutela judicial efectiva y que con la incorporación al código de fondo de los artículos 1710 al 1713 no cabe duda que la interpretación de una acción preventiva debe ser amplia, pues allí se dispone el deber de adoptar las precauciones necesarias para evitar el daño previsible y futuro”.

Remarcó que el sindicato defiende el marco de cuidado del interés de los trabajadores en sentido colectivo y no individual, interés colectivo cuya representación está en cabeza de las entidades gremiales accionantes, en virtud de lo dispuesto normativamente.

De esta manera, remarcó que “los trabajadores comprenden un sector socialmente vulnerable (noción de hiposuficiencia)” y que, 'en la actualidad, los representados por las entidades gremiales accionantes discuten la vulneración de sus derechos de carácter alimentario -por derivación en caso de despidos masivos-“.

Así, concluyó que se encontraban configuradas las circunstancias graves y objetivas que justifican el dictado de una medida cautelar de no innovar.

En tanto, el voto en disidencia del juez Mario Fera estimó que “las circunstancias planteadas por la actora y traídas a consideración involucran aspectos complejos que -necesariamente- requieren una mayor amplitud de debate y, por lo tanto, ya sea que se las aprecie desde el punto de vista de un posible marco discriminatorio en el obrar atribuido al Estado como inminente o bien se las considere alcanzadas por la extensión del concepto de estabilidad que rige en el ámbito del empleo público estatal, no justifican la intervención cautelar de este cuerpo, al menos en el estado actual de la situación y de conformidad con los términos en que se pretende”.

El Estado no podrá despedir o modificar la situación de los empleados de ARCA