Por: José A. Moreno Gurrea

En el presente trabajo nos proponemos repasar el tratamiento impositivo de ciertas inversiones financieras que, atendiendo a sus características y modalidades de llevarlas a cabo, pueden llegar a estar exentas de todo tipo de tributos nacionales y provinciales para personas humanas. Ello en tanto los resultados no sean atribuibles a explotaciones unipersonales o sujetos empresa.

En primer término, nos referiremos a la normativa de los impuestos a los débitos y créditos sobre los bienes personales y a los ingresos brutos, ya que las conclusiones a las que arribemos resultarán aplicables a cualquiera de las operatorias financieras que desarrollaremos más adelante; para después, detenernos en forma particular en cada una de ellas respecto al impuesto a las ganancias y, eventualmente, al impuesto sobre los bienes personales. Todo ello, con el fin de optimizar el resultado positivo de las inversiones, liberándolas de los costos impositivos, dentro del marco legal que las regula.

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I - Tratamiento impositivo general

1. Impuesto sobre los débitos y créditos en cuentas bancarias y otras operatorias

Todas las operaciones financieras involucran movimientos de fondos, tanto en el inicio de las inversiones como en el recupero de las mismas; en otras palabras, el inversor deberá contar con fondos en una cuenta bancaria o en una cuenta de pago [cuenta virtual abierta en un Proveedor de Servicios de Pago (PSP), o también llamada “billetera”], desde las cuales se aplicarán dichos fondos para, por ejemplo, constituir un plazo fijo, suscribir cuotapartes de un fondo común de inversión, adquirir títulos públicos, acciones, valores fiduciarios, etc.; y en forma inversa, al recuperar la inversión, los fondos respectivos tendrán como destino alguna de aquellas cuentas.

Como es sabido, el impuesto a los débitos y créditos establecido por la ley 25413 y reglamentado por el decreto 380/2001, incide tanto en los movimientos en las cuentas bancarias como en las cuentas de pago, por lo tanto, es menester detenerse en el análisis del mismo a fin de verificar la incidencia que podría tener respecto a las inversiones financieras de personas humanas.

En primer término, cabe traer a colación la exención contenida en el inciso u) del artículo 10 del decreto 380/2001, que ampara a “los débitos y créditos en cuentas de caja de ahorro abiertas en instituciones regidas por la ley de entidades financieras”; por lo tanto, cualquier movimiento en ese tipo de cuentas no estará incidido por el impuesto, ya sea que se relacione o no con inversiones financieras.

En términos generales, para concretar las inversiones financieras que involucren instrumentos que coticen en Bolsas y Mercados autorizados por la Comisión Nacional de Valores (CNV), deviene necesario la intervención de un tercero, habitualmente un Agente de Liquidación y Compensación (ALyC), autorizado por la CNV, precisamente, para actuar en aquellos mercados, que podrá ser, incluso, una entidad financiera regida por la ley 21526, que se haya inscripto como tal; ello implica que el inversor debe transferir fondos desde su cuenta bancaria o cuenta de pago a una cuenta corriente bancaria del ALyC. Si la transferencia se realiza con débito en una caja de ahorros, como vimos, no aplica el impuesto, y el crédito en el caso de recupero de la inversión, también estará exento.

Con relación a las cuentas de pago, el inciso 15) incorporado a continuación del inciso z) del artículo 10 del decreto 380/2001, dispone la exención de los movimientos en las cuentas de pago, cuyos titulares sean personas humanas. En ese entendimiento, entonces, las transferencias de fondos hacia o desde una cuenta corriente de un ALyC, se hallarán exentos.

También gozan de exención las transferencias de fondos entre cuentas -inclusive de pago- abiertas a nombre del mismo titular, es decir, los débitos/créditos en las cuentas bancarias (corrientes y/o cajas de ahorros) y los movimientos en las cuentas de pago.

En resumen, podemos concluir que las inversiones financieras efectuadas por personas humanas y cursadas mediante el uso de cajas de ahorros y/o cuentas de pago, no están incididas por el impuesto.

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2. Régimen especial del ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales (REIBP)

A través de la Ley 27743 (BO: 8/7/2024), se creó el Régimen especial del ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales (REIBP), mediante el cual, las personas humanas residentes, contribuyentes de este impuesto, que adhirieran en forma voluntaria a sus disposiciones, tributarían el impuesto sobre los bienes personales correspondiente a los períodos fiscales 2023, 2024, 2025, 2026 y 2027 en forma unificada, aplicando las alícuotas especiales establecidas y, obtendrían como beneficio la liberación de toda obligación formal y material que vincula a dicho tributo en aquellos períodos.

De modo tal, que, si una persona humana adhirió al REIBP, y al 31 de diciembre de los períodos incluidos en el régimen, poseyera bienes originados en inversiones financieras, que pudiera haber estado alcanzada por el impuesto, no tributará sobre los mismos.

Al analizar las inversiones en particular, incluiremos el tratamiento frente al impuesto sobre los bienes personales, respecto a quienes no hayan adherido al REIBP.

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3. Impuesto sobre los ingresos brutos

En términos generales, los Códigos fiscales provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, respecto al impuesto sobre los ingresos brutos, contienen disposiciones generales sustancialmente similares, aunque pueden, en algunos casos, diferir, por ejemplo, en cuanto al alcance de las exenciones. A los fines del presente análisis nos basaremos en legislación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En primer término, deviene necesario precisar el objeto de impuesto, que surge del Código Fiscal: “por el ejercicio habitual y a título oneroso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del comercio, industria, profesión, oficio, negocio, locaciones de bienes, obras y servicios o de cualquier otra actividad a título oneroso, cualquiera sea el resultado obtenido y la naturaleza del sujeto que la preste”; es decir, el desarrollo de una actividad económica en forma habitual.

En cuanto a la habitualidad, el concepto está desarrollado en el Código, señalando que la misma está determinada por la índole de las actividades que dan lugar al hecho imponible; en tanto el ejercicio habitual de la actividad gravada, debe ser entendido como el desarrollo -en el ejercicio fiscal- de hechos, actos u operaciones de la naturaleza de las alcanzadas por el impuesto, con prescindencia de su cantidad o monto cuando las mismas se efectúan por quienes hacen profesión de tales actividades.

En conclusión, se verificará el hecho imponible del impuesto cuando se desarrollen actividades económicas onerosas en forma habitual, por quienes las realicen haciendo profesión de las mismas.

En nuestro análisis, asumimos la premisa de que las inversiones financieras son realizadas por personas humanas, con fondos “propios”, es decir, escindidos de cualquier actividad o fuente productora de ingresos habitual; en otras palabras, tomamos en consideración que aquellas operaciones son actos aislados de cualquier otra actividad que pudiera estar gravada.

En ese contexto, puede sostenerse que, respecto a personas humanas, las rentas y resultados que obtengan por las inversiones financieras que comentaremos, se encuentran excluidas del objeto del impuesto, toda vez que no implican la existencia del requisito de habitualidad en los términos señalados.

Además:

II - Tratamiento impositivo particular
- 1. Operaciones de dólar “MEP” o dólar “Bolsa”
- 2. Depósitos en entidades financieras regidas por la ley 21526
- 3. Obligaciones Negociables con oferta pública
- 4. Títulos públicos
- 5. Fondos Comunes de Inversión “abiertos”
- 6. Instrumentos emitidos en moneda nacional destinados a fomentar la inversión productiva (Títulos de deuda de Fideicomisos Financieros y Fondos Comunes de Inversión)
III - Consideraciones finales

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