El Decreto de Necesidad y Urgencia, (DNU) 340/25, que establecía un 'Régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional', fue desestimado en la Cámara de Diputados de la Nación con 118 votos a favor del rechazo y 77 en contra. Si bien la normativa pretendía la desregulación del sector naviero, sus implicaciones más significativas estaban en la modificación del derecho de huelga y la ampliación de la categoría de 'servicios esenciales'.

Previamente, la Justicia laboral había suspendido provisionalmente artículos clave del decreto por afectar la libertad sindical y el derecho de huelga.

Ahora, el Senado tendrá la decisión final sobre el destino del DNU.

Contexto y puntos principales del Decreto

El decreto, emitido por el Poder Ejecutivo, fue creado con el objetivo de establecer un 'Régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional'. La finalidad de esta norma era facilitar la inscripción de buques argentinos en registros extranjeros cuando fuera necesario y así, supuestamente, mejorar la competitividad del sector y atraer inversiones.

Según el propio decreto, la Marina Mercante nacional venía sufriendo una crisis debido a los altos costos operativos y las restricciones normativas. Se argumenta que estos factores provocaron una disminución de más del 80% en la flota de bandera nacional desde 1991.

Modificación del derecho de huelga y servicios esenciales

Uno de los aspectos centrales del DNU era su intento de reformar la regulación de conflictos laborales. Se buscaba establecer porcentajes mínimos de prestación de servicios durante una medida de fuerza, limitando la efectividad de las huelgas en una amplia gama de sectores.

La normativa proponía una nueva categorización:

Servicios Esenciales: el DNU ampliaba esta categoría para incluir actividades como la aeronáutica comercial, el control de tráfico aéreo y portuario, y el transporte marítimo y fluvial de personas y/o mercaderías. Para estos servicios, se estipulaba una prestación mínima del 75% de servicio normal en caso de conflicto colectivo, limitando así la posibilidad de huelga efectiva en estas áreas.

Actividades de Importancia Trascendental: una nueva categoría creada por el decreto que incluía el transporte terrestre, hotelería y gastronomía, servicios bancarios, y comercio exterior, entre otros. En estos casos, se exigía una prestación mínima del 50% durante medidas de fuerza, lo que también limita la efectividad de las huelgas en estos sectores.

La Justicia ya había suspendido artículos por afectar el derecho a huelga

La Justicia laboral, en el marco de una acción de amparo presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT), ya había admitido las medidas cautelares solicitadas. La resolución, emitida por el Juzgado Nacional del Trabajo N° 3, anulado provisionalmente los artículos 2 y 3 del DNU. La sentencia argumentó que el Poder Ejecutivo no había presentado una justificación suficiente para ejercer facultades legislativas de excepción.

Los puntos clave del rechazo en Diputados

El debate en la Cámara Baja se centró en las implicaciones de estas reformas. Los legisladores que votaron en contra del DNU argumentaron que la medida no solo afectaba la soberanía sobre los ríos del país, sino que también representaba un retroceso en materia de derechos laborales. Al rechazar el decreto, los diputados se opusieron a las modificaciones que limitaban el ejercicio de la huelga y a la ampliación de los servicios esenciales.

Con la media sanción negativa en Diputados, el Decreto de Necesidad y Urgencia queda ahora a la espera de la votación en el Senado para definir si será derogado o no.

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