Por María José Buglione

Abogada y licenciada en Ciencia Política. Secretaria de Fiscalía Federal de Primera Instancia

I - INTRODUCCIÓN

La trata de personas constituye una grave violación a los derechos humanos, toda vez que viola los derechos fundamentales de las personas: vulnera el derecho a la vida, la libertad, la dignidad, la igualdad, la seguridad personal y, en especial en niños, niñas y adolescentes, atenta contra su derecho a un desarrollo integral. Desde esta perspectiva, involucra múltiples facetas en materia de derechos humanos: la lucha contra la delincuencia organizada, las migraciones, la justicia penal, la explotación sexual y laboral, entre otras.

La característica definitoria de la trata de personas -como se verá más adelante- está dada por ser una actividad que tiene como finalidad la explotación de una persona por otra; esto es, la obtención de un beneficio económico a partir de la explotación de una persona.

Esta práctica delictiva encuentra su fundamento en el principio de propiedad. En este sentido, el delito de trata de personas tipifica situaciones en donde el imputado ejerce cualquiera o todos los atributos relativos al derecho de propiedad sobre la víctima que, como tales, comprometen la dignidad de la persona humana.

La trata de personas constituye una degradación de la condición de seres humanos de las víctimas y trasciende lo meramente corporal: es la venta de seres humanos.

Es por ello por lo que se la considera como una moderna forma de esclavitud.

La complejidad del fenómeno explica la amplia gama de tratados internacionales que comprenden el marco jurídico que sirvió de base para el desarrollo e implementación del tipo penal que sanciona dicho accionar en nuestro Código Penal.

Además de los tratados generales de derechos humanos, existe un importante número de instrumentos internacionales que se ocupan exclusivamente de la trata de personas; algunosla los derechos fundamentales de las personas: vulnera el derecho a la vida, la libertad, la dignidad, la igualdad, la seguridad personal y, en especial en niños, niñas y adolescentes, atenta contra su derecho a un desarrollo integral. Desde esta perspectiva, involucra múltiples facetas en materia de derechos humanos: la lucha contra la delincuencia organizada, las migraciones, la justicia penal, la explotación sexual y laboral, entre otras.

La característica definitoria de la trata de personas -como se verá más adelante- está dada por ser una actividad que tiene como finalidad la explotación de una persona por otra; esto es, la obtención de un beneficio económico a partir de la explotación de una persona.

Esta práctica delictiva encuentra su fundamento en el principio de propiedad. En este sentido, el delito de trata de personas tipifica situaciones en donde el imputado ejerce cualquiera o todos los atributos relativos al derecho de propiedad sobre la víctima que, como tales, comprometen la dignidad de la persona humana.

La trata de personas constituye una degradación de la condición de seres humanos de las víctimas y trasciende lo meramente corporal: es la venta de seres humanos.

Es por ello por lo que se la considera como una moderna forma de esclavitud.

La complejidad del fenómeno explica la amplia gama de tratados internacionales que comprenden el marco jurídico que sirvió de base para el desarrollo e implementación del tipo penal que sanciona dicho accionar en nuestro Código Penal.

Además de los tratados generales de derechos humanos, existe un importante número de instrumentos internacionales que se ocupan exclusivamente de la trata de personas; algunos que conforman el marco normativo que se erige como fuente primaria de la tipificación del delito de trata de personas son:

- El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

- La Convención Americana sobre los Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica).

- La Convención para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena.

- La Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW).

- El Protocolo Facultativo de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW).

- La Convención sobre los Derechos del Niño.

- La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

- El Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

- El Protocolo para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente de mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Protocolo de Palermo).

- La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Convención de Belem do Pará).

- El Convenio N° 182 de la OIT: Convenio sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil.

En nuestro país, actividades ligadas a la trata con fines de explotación sexual se registran desde fines del siglo XIX. En el año 1875, se reglamenta la actividad de los prostíbulos en Buenos Aires. Si bien la ley prohibía que la actividad se realizara con menores de edad, reconocía una excepción: se autorizaba legalmente el ejercicio de la prostitución a niñas menores de edad si habían sido iniciadas tempranamente.

En estudios sobre los datos aportados por la policía de la época se distingue el siguiente comunicado: “El comisario auxiliar Miguel Costa ordenó el 15 de junio de 1885 a los comisarios de Sección, que debían hacer saber a las prostitutas que podían abandonar las casas aunque tuvieran deudas contraídas con los dueños -del prostíbulo- y que en cualquier circunstancia encontrarían apoyo en la autoridad para resistir malos tratos o violencia de que fueran objeto”.

Como se verá luego, esta disposición nos da la pauta de la situación de explotación en la que se encontraban las mujeres al señalar la deuda económica que podían haber contraído con el prostituyente y su carácter de condicionante para afectar su capacidad de decidir.

La primera red de traficantes locales surgió en 1906 y fue conocida como la Zwi Migdal(3), que operaba bajo la fachada de una sociedad de socorros mutuos.

En nuestro país, la primera ley contra la “Trata de blancas, la prostitución de niñas y adolescentes y el proxenetismo” fue la ley 9143 -conocida como ley Palacios- de 1913.

Posteriormente, en 1936, se sancionó la ley de profilaxis -L. 12331- que abolió la prostitución al disponer en su artículo 15: “Queda prohibido en toda la República el establecimiento de casas o locales donde se ejerza la prostitución, o se incite a ella”.

Sin embargo, la sanción de esta ley no logró terminar con la explotación sexual de mujeres.

Tiempo después, en el año 2002, nuestro país ratificó, mediante ley, la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Trasnacional y sus tres protocolos, siendo el más importante el Protocolo de Palermo, que se refiere específicamente a la trata de personas en mujeres y niños.

Finalmente, en el año 2008, se sancionó la ley 26364 de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas, que incorporó el delito de trata de personas a nuestro Código Penal (CP) a través de los artículos 145 bis y 145 ter del CP.

Su antecedente próximo se encuentra en la definición de trata de personas contenida en el artículo 3 del Protocolo de Palermo (Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, del año 2000), que dice:

“Artículo 3 - Definiciones. Para los fines del presente Protocolo: a) Por ‘trata de personas’ se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos…”.

La actual redacción de la figura se corresponde con la modificación introducida por la ley 26842 (2012), vigente desde enero de 2013.

Antes de comenzar con el análisis del delito de trata de personas, conviene realizar una aclaración preliminar. Muchas veces, la trata de personas es asimilada al delito de tráfico de personas, siendo en realidad dos figuras penales diferentes, enmarcadas en instrumentos internacionales y normativa nacional diferentes.

El punto de vinculación entre ambos delitos es el traslado. En la trata de personas el traslado puede ser internacional o interno (dentro de un mismo país). En caso de que el traslado sea internacional, no necesariamente implica un cruce ilegal de la frontera. Ese traslado, a su vez, se realiza -siempre- con una finalidad de explotación. En cambio, el tráfico de personas tiene por única finalidad ingresar a una o más personas ilegalmente en otro país a cambio de un precio o beneficio.

Si bien existen puntos de contactos, revisten diferencias relevantes en cuanto al consentimiento de la víctima, la explotación de la persona y la transnacionalidad de la conducta que determinan su penalización en dos tipos penales diferentes:

- Consentimiento: en el caso del tráfico ilícito de migrantes, que suele realizarse en condiciones peligrosas o degradantes, los migrantes consienten ese tráfico. Las víctimas de trata nunca han consentido o, si lo hicieron inicialmente, ese consentimiento ha estado viciado por engaño, coacción, violencia, etc.

- Explotación: el tráfico ilícito termina con la llegada de los migrantes a su destino. En tanto, la trata de personas implica la explotación de las víctimas de alguna manera a fin de obtener beneficio a los tratantes.

- Transnacionalidad: el tráfico ilícito siempre es trasnacional, mientras que la trata puede no serlo.

Este artículo forma parte de la publicación “Temas de Derecho Penal” de Erreius, exclusivo para suscriptores

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