Por: Carlos Toselli

Director de 'Temas de Derecho Laboral' de ERREIUS

I - INTRODUCCIÓN

Setenta y ocho días después de que entrara en vigencia la ley 27742, el Poder Ejecutivo Nacional decidió mediante decreto 847/2024 proceder a la reglamentación del Capítulo Laboral que abarca los Títulos IV y V, que corresponden respectivamente a los artículos 76 a 81 (Promoción del Empleo Registrado) y 82 a 98 (Modernización Laboral) acotando que dicha reglamentación aparece como parcial, ya que hay diversos artículos que no han merecido una aclaración normativa, a pesar de la oscuridad de su texto, y otros artículos que, si bien han sido reglamentados, requieren un doble juego, como es la validez dispuesta por convenios colectivos de trabajo (caso del Fondo de Cese Laboral), o bien exigen actuaciones reglamentarias derivadas de otros organismos estatales, como se verá seguidamente y como surge expresamente del artículo 6 en cuanto faculta a la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a la ANSeS y a la AFIP a dictar las normas aclaratorias y complementarias.

En realidad, lo relevante del decreto en cuestión son sus dos Anexos, cada uno de ellos tratando los distintos aspectos que se corresponden con la temática abarcada en los Capítulos IV y V, pero como ya señalara, sin que resolvieran muchos de los interrogantes planteados.

Las normas derogatorias que contiene el decreto hacen referencia a la reglamentación de la ley 24013 en cuanto a las condiciones necesarias para el blanqueo de los trabajadores (D. 2725/1991), como también a las sanciones que establecían los artículos 43 al 45 de la ley 25345, que, al haber sido derogadas por el artículo 99 de la ley 27742, desaparecen del universo jurídico argentino y es correcta su supresión.

Como simple observación debemos remarcar que toda la urgencia que exigió en su momento el DNU 70/2023 y su justificación, para avanzar con el mismo sin seguir el trámite parlamentario, se da de bruces con la demora instaurada para la reglamentación de la ley, que indudablemente fue fruto de negociaciones sectoriales como lo demuestran artículos que no han merecido ningún marco regulatorio nacional (como, por ej., los arts, 242 y 245 bis, LCT) y que indudablemente han quedado diferidos para otro momento histórico o de relación de fuerzas, como aspira algún sector gubernamental, con expectativas para el año próximo en las elecciones legislativas nacionales.

Y además:

II - EL ANEXO I
III - EL ANEXO II
IV - CONCLUSIONES

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