La reciente reforma introducida por la Ley 27.799, denominada como 'Ley de Inocencia Fiscal', ha encendido las alarmas entre empresarios y asesores tributarios.

Si bien la actualización de los montos de las multas de la Ley 11.683 era necesaria tras años de inflación, Teresa Gómez analiza por qué el modo en que se implementó podría vulnerar principios constitucionales básicos.

Los puntos clave del análisis

Incrementos de hasta el 99.900%

La especialista destaca que la omisión de presentar declaraciones juradas (Art. 38) pasó de tener sanciones de $220.000 a $440.000. Este salto, que multiplica por 1.100 el valor anterior, deja de ser una 'actualización' para convertirse en un cambio radical de la política sancionatoria.

Falta de Proporcionalidad y Razonabilidad

La nota subraya que estas multas no castigan la evasión (falta de pago), sino meros incumplimientos formales (deber de información). Gómez sostiene que la sanción no puede ser 'irrazonable' respecto de la conducta que pretende castigar.

El problema de las multas fijas

Uno de los puntos más críticos es que la ley no contempla escalas. Una PYME y una gran empresa multinacional quedan sometidas al mismo monto de multa, ignorando la realidad económica y la capacidad contributiva de cada sujeto.

Actualización anual por UVA

A partir de enero de 2027, las multas se actualizarán anualmente por el coeficiente UVA, lo que impedirá que el paso del tiempo licue el peso de la sanción mientras se dirimen los sumarios.

La respuesta de ARCA

Ante las críticas, el organismo emitió la Instrucción General 02/2026, que establece un 'iter procesal' con recordatorios previos antes de que la multa quede firme, intentando amenguar el impacto inicial del Sistema de Cuentas Tributarias.

Conclusión

Para la especialista en derecho tributario, se ha perdido la oportunidad de establecer un sistema de graduación objetiva. La actualización era impostergable, pero 'en materia sancionadora el fin no justifica los medios'.

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Teresa Gómez es especialista en Derecho Tributario, Socia en Teresa Gómez, Carlos Quian & Asociados y Directora de Doctrina Penal Tributaria y Económica de Errepar.

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