El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) presentó una “Guía para el uso de Inteligencia Artificial para Abogados” para facilitar la incorporación de estas herramientas al ejercicio legal diario, sin comprometer la ética ni la calidad del trabajo.

Elaborada por el Laboratorio Fintech y Legaltech, dependiente de la Unidad de Innovación y Transformación Digital del CPACF, la guía está orientada principalmente a los matriculados que desean incorporar IA generativa (IAGen) a su actividad. Allí se destacan tanto sus beneficios como los riesgos asociados.

“La inteligencia artificial generativa llegó para quedarse”, sostiene el texto en su introducción, y plantea que su correcto uso puede potenciar el trabajo de abogados, magistrados y funcionarios judiciales. No obstante, se aclara que estas tecnologías son solo un instrumento, por lo que la responsabilidad profesional sigue recayendo exclusivamente en el abogado.

La guía destaca que la IA no decide ni interpreta el derecho, sino que colabora a través de sugerencias, generación de textos y automatización de tareas. En ese sentido, subraya la importancia del control humano permanente, ya que los sistemas basados en IA pueden generar errores, sesgos o incluso “alucinaciones”, es decir, afirmaciones falsas pero formuladas con aparente coherencia.

En este marco, se enfatiza que la IA no decide, no interpreta ni aplica el derecho por sí sola. Tampoco puede comprender el concepto de “lo justo”, y por ende, no puede suplantar el criterio profesional, ético y humano del abogado.

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Cuatro pilares para el uso responsable

El documento establece un marco general basado en cuatro pilares principales que orientan el uso responsable de la inteligencia artificial:

1. Uso ético y responsable: se recomienda evitar la dependencia excesiva de los sistemas de IA, verificar toda la información generada y mantener el estándar de calidad exigido en la práctica legal.

2. Control humano indelegable: la guía señala que los sistemas de IA pueden generar errores, sesgos o afirmaciones falsas (denominadas “alucinaciones”). Por ello, se establece que la toma de decisiones y la evaluación crítica deben estar siempre a cargo de una persona, sin delegar funciones propias de la profesión.

3. Protección de datos personales y confidencialidad: se desaconseja el uso de plataformas que no garanticen privacidad adecuada. En caso de utilizar IA, se recomienda anonimizar la información y consultar con el cliente antes de compartir datos confidenciales. También se recuerda que el secreto profesional no puede ser vulnerado salvo autorización expresa o por motivos de defensa del propio abogado.

4. Capacitación continua: se promueve la actualización permanente en nuevas tecnologías aplicadas al derecho, así como el desarrollo de habilidades interdisciplinarias que incluyan conocimientos en ética digital, ciberseguridad y herramientas tecnológicas.

Buenas prácticas para la implementación

Además de los principios generales, la guía incluye una serie de recomendaciones concretas orientadas a garantizar un uso informado y seguro de la inteligencia artificial, tales como:

• Validar el contenido generado por IA antes de utilizarlo.

• Corroborar citas doctrinarias y jurisprudenciales para evitar referencias inexistentes.

• Mantener una comunicación transparente con los clientes sobre el uso de estas herramientas.

• No compartir información confidencial en entornos sin garantías de seguridad.

• Utilizar dispositivos seguros y evitar redes públicas.

El documento advierte que confiar ciegamente en los resultados generados por IA puede derivar en errores, faltas éticas o sanciones disciplinarias, por lo que insiste en que el uso de estas tecnologías requiere pensamiento crítico y responsabilidad profesional.

Directrices técnicas sobre el uso de sistemas de IA

El CPACF también establece directrices generales respecto al uso técnico de herramientas de IA:

• La inteligencia artificial no exime al abogado de su responsabilidad profesional.

• Las decisiones deben ser adoptadas por humanos, no por el sistema.

• La IA no reemplaza el razonamiento jurídico ni interpreta normas por sí sola.

• Es necesario conocer las limitaciones de cada herramienta y el alcance temporal de su base de datos.

• El uso debe ser proporcional al objetivo propuesto y adecuado al contexto en el que se aplica.

Asimismo, se sugiere no utilizar IA para tareas que el profesional no pueda explicar o justificar ante un cliente, juez u otra autoridad.

El prompting como herramienta clave

Uno de los capítulos está dedicado al concepto de “prompting”, es decir, la forma en que se formulan instrucciones a la IA para obtener respuestas o resultados. Según la guía, la calidad de la respuesta generada está directamente relacionada con la claridad del prompt ingresado.

Entre las recomendaciones específicas se encuentran:

• Ser claro y directo en la formulación de la instrucción.

• Brindar contexto sobre el caso o el objetivo del texto.

• Definir el tono y el estilo deseado.

• Utilizar ejemplos y palabras clave.

• Indicar el formato y la extensión del contenido solicitado.

• Corroborar que la IA no genere información inventada.

El documento también presenta distintos tipos de prompting según la complejidad de la tarea: desde consultas simples (zero-shot prompting) hasta técnicas más avanzadas como tree of thoughts, utilizadas para desarrollar razonamientos más estructurados.

Capacitación como eje transversal

La guía concluye con una invitación a fomentar la capacitación constante como parte del ejercicio profesional. Se sugiere participar en espacios de formación práctica, desarrollar competencias tecnológicas y compartir manuales o buenas prácticas entre colegas.

La alfabetización digital, señala el documento, se vuelve una condición necesaria para ejercer la abogacía en un entorno legal cada vez más influido por tecnologías emergentes.

El antecedente de Rosario

En marzo, el Colegio de Abogados de Rosario presentó una serie de recomendaciones para orientar el uso ético y responsable de la IAGen en el ejercicio profesional.

Puso el foco en las tensiones que pueden surgir entre el uso de sistemas automatizados y los principios fundamentales de la ética profesional y buscó ofrecer una referencia clara para su integración adecuada en el ámbito jurídico.

La elaboración de estas recomendaciones se basó en marcos regulatorios y principios internacionales ampliamente reconocidos, como los establecidos por Naciones Unidas, la OCDE, la UNESCO y el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial.

A partir de ello, el documento propuso lineamientos concretos, entre ellos: la primacía de los derechos fundamentales, la transparencia en el uso de las herramientas, el consentimiento informado de los clientes, la protección de datos personales y la necesidad de revisar críticamente cualquier contenido generado por sistemas automatizados. También hace hincapié en la supervisión humana adecuada, concebida como garantía técnica y ética del proceso.

Como el CPACF, también remarca que el uso de inteligencia artificial no exonera al profesional de su responsabilidad, y que toda integración tecnológica debe permitir una intervención humana suficiente y proporcional; impulsa la formación continua; aboga por el resguardo de la confidencialidad y la necesidad de acuerdos explícitos con los clientes; y destaca la obligación de reportar incidentes éticos o resultados problemáticos.

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