El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires le envió una nota al presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), en donde se le solicita que se determine con precisión la entrada en vigencia de la Resolución 42/2024 y su su aplicación a cada uno de los encargos, en especial los referidos a los incluidos en el artículo 2do. dentro del ítem a.II.

En tal sentido, el Consejo solicita determinar una fecha en relación con los estados contables que serán fruto de la tarea de auditoria. Es decir, es necesario definir si la fecha estará condicionada por el momento en que se contrata un servicio de auditoría, la fecha en que se comienza con dicho trabajo, la fecha en que se confecciona el informe de auditoría, o la fecha a que se refieren los estados contables que deben ser auditados.

El pedido del Consejo se basa en el impacto que tiene la ya mencionada Resolución 42/2024 sobre el trabajo y las responsabilidades que asumen los profesionales en el curso normal de su actividad, dado que el cambio de las variables adoptadas para considerar a un contador público como sujeto obligado incorpora a muchos profesionales en esa categoría,y son muchos los que no disponen de una estructura que les permita adecuarse rápidamente a las nuevas circunstancias.

Por tal motivo, el Consejo propone “que, de la misma forma que se hizo en la resolución ahora derogada -Resolución (UIF) 65/2011-, se establezca que la aplicación de la resolución 42/2024 de la UIF, para el caso de las auditorías del artículo 2do. ítem a) II. se aplicará sobre los trabajos profesionales que se llevan a cabo sobre estados contables correspondientes a ejercicios anuales iniciados a partir del 1/1/2024.”

Resolución (UIF) 42/2024

Recordamos que, la Unidad de Información Financiera, por medio de la resolución 42/2024, adecuó las obligaciones que los contadores públicos deberán cumplir cuando lleven a cabo las actividades específicas, con el alcance indicado, para administrar y mitigar los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, en concordancia con los estándares, las buenas prácticas, guías y pautas internacionales actualmente vigentes, conforme las Recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional.

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