Por: Camila F. Leotta

Abogada. Diplomada en Derecho Previsional

I - La pena de privación de la libertad

La privación de la libertad de una persona es una pena impuesta por un/a juez/a como consecuencia de un proceso penal.

El Código Penal de la Nación en su artículo 5 establece las siguientes penas: reclusión, prisión, multa e inhabilitación.

Las penas privativas de libertad en su momento fueron la reclusión y la prisión, pero atento a que la pena de muerte ha sido extirpada totalmente de nuestra legislación, tanto civil como militar, la más grave de las condenaciones es la pena privativa de la libertad.

Sin embargo, al día de hoy en nuestro país, la pena de reclusión no se aplica en ningún caso y se ha asimilado a la prisión.

Originalmente se distinguía entre reclusión y prisión, esto ya no ocurre, entendiéndose ambas como idénticas y respetándose los plazos determinados para cada una de ellas.

La privación de la libertad se caracteriza por el depósito y estancia del condenado en un instituto o establecimiento con un régimen más o menos cerrado, en el cual permanecerá un determinado tiempo, conforme establece el cómputo de pena adjunto a la sentencia condenatoria, y conforme a los supuestos establecidos por la normativa en materia de ejecución penal y su aplicación por parte del juzgado de ejecución correspondiente.

En ese sentido, conforme el mismo cuerpo normativo la pena de prisión, perpetua o temporal, se cumplirá con trabajo obligatorio, en establecimientos distintos de los destinados a los recluidos.

El producto del trabajo del condenado a prisión se aplicará con diferentes fines: indemnizar los daños y perjuicios causados por el delito que no satisficiera con otros recursos, en caso de que deba alimentos, conforme el Código Civil y Comercial de la Nación, sus propios gastos dentro de la prisión y, aquí un punto muy interesante, formar un fondo propio, que se le debería entregar a su salida.

Ello porque se pretende la reinserción del reo en la sociedad, es decir que, luego de cumplir con su condena, se espera que la persona pueda desarrollar una vida cotidiana como cualquier otro miembro.

La ley 24660 dispone en su artículo 1 que la ejecución de la pena privativa de libertad, en todas sus modalidades, tiene por finalidad lograr que el condenado adquiera la capacidad de respetar y comprender la ley, así como también la gravedad de sus actos y de la sanción impuesta, procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad, que será parte de la rehabilitación mediante el control directo e indirecto.

El régimen penitenciario a través del sistema penitenciario deberá utilizar, de acuerdo con las circunstancias de cada caso, todos los medios de tratamiento interdisciplinario que resulten apropiados para la finalidad enunciada.

Aquella persona que es condenada a prisión por un período de más de tres años lleva como inherente la inhabilitación absoluta, por el tiempo de la condena, la que podrá durar hasta tres años más, si así lo resuelve el tribunal, de acuerdo con la índole del delito. Importan además la privación, mientras dure la pena, de la patria potestad, de la administración de los bienes y del derecho de disponer de ellos por actos entre vivos. El penado quedará sujeto a la curatela establecida por el Código Civil para los incapaces.

Si bien se habla de inhabilitación absoluta, hay que tener presente que ninguna persona puede ser privada de todos sus derechos, ya que estaríamos violando normas consagradas en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales.

Bajo este concepto, se hace referencia a una pérdida de ciertos derechos de forma parcial, ya que, luego de la condena (o en caso de que se haya extendido por 3 años más), la persona recobra la posibilidad de ejercerlos.

Transcurrido el término de la condena, o el plazo de cinco años señalado en el artículo 13 del Código Penal sin que la libertad condicional haya sido revocada, la pena quedará extinguida, lo mismo que la inhabilitación absoluta del artículo 12 del mismo cuerpo normativo.

Ahora bien, la inhabilitación absoluta importa:

1. la privación del empleo o cargo público que ejercía el penado, aunque provenga de elección popular;

2. la privación del derecho electoral;

3. la incapacidad para obtener cargos, empleos y comisiones públicas;

4. La suspensión del goce de toda jubilación, pensión o retiro, civil o militar, cuyo importe será percibido por los parientes que tengan derecho a pensión.

El tribunal podrá disponer, por razones de carácter asistencial, que la víctima o los deudos que estaban a su cargo concurran hasta la mitad de dicho importe, o que lo perciban en su totalidad, cuando el penado no tuviere parientes con derecho a pensión, en ambos casos hasta integrar el monto de las indemnizaciones fijadas.

Por otro lado, el condenado a inhabilitación absoluta puede ser restituido al uso y goce de los derechos y capacidades de que fue privado si se ha comportado correctamente durante la mitad del plazo de aquella, o durante diez años cuando la pena fuera perpetua, y ha reparado los daños en la medida de lo posible.

Las personas privadas de la libertad en centros penitenciarios, como todas las personas en el mundo, tienen derecho a una vida digna, esto implica que, en la práctica, todas las autoridades deben promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de cualquier persona privada de la libertad, de sus familiares o visitantes.

Es por ese motivo que no debemos hablar de inhabilitación absoluta, sino simplemente de limitaciones en el ejercicio de sus derechos.

En relación con sus derechos, el condenado podrá ejercer todos los derechos no afectados por la condena o por la ley y las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten y cumplirá con todos los deberes que su situación le permita y con todas las obligaciones que su condición legalmente le impone.

Conforme los reglamentos, el interno podrá disponer de su dinero y otros objetos. Los efectos no dispuestos por el interno y que no hubieren sido retenidos o destruidos por razones de higiene le serán devueltos a su egreso.

De todo depósito, disposición o devolución se extenderán las correspondientes constancias y recibos.

Como se mencionó anteriormente, la persona privada de su libertad puede realizar trabajo dentro de la unidad penitenciaria, y dicha actividad debe ser remunerada -salvo ciertas excepciones-, y conforme el artículo 21 de la ley 24660 la retribución del trabajo del interno, deducidos los aportes correspondientes a la seguridad social, se distribuirá simultáneamente en la forma siguiente:

a) 10% para indemnizar los daños y perjuicios causados por el delito, conforme lo disponga la sentencia;

b) 35% para la prestación de alimentos, según el Código Civil;

c) 25% para costear los gastos que causare en el establecimiento;

d) 30% para formar un fondo propio que se le entregará a su salida.

Además:

II - El beneficio jubilatorio

III - El supuesto de las personas privadas de la libertad en condiciones de acceder a un beneficio jubilatorio

IV - Conclusión

Este artículo forma parte de la publicación 'Temas de Derecho Laboral y de la Seguridad Social', exclusiva para suscriptores de Erreius

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Para seguir leyendo:

Reseña de los avances del Código Procesal Penal Federal

El beneficio jubilatorio en las personas privadas de la libertad